Guanajuato, Gto. El Grupo Parlamentario del PAN presentó esta tarde una propuesta para que se solicite al Órgano de Fiscalización Superior del Estado la práctica de una auditoria específica para investigar las presuntas irregularidades realizadas por funcionarios públicos del municipio de León, Guanajuato,  relacionadas con los contratos con particulares y, en su caso, dictamine las probables responsabilidades que procedan en los términos de Ley.

El diputado Daniel Campos Lango, al dar lectura a las consideraciones de esta propuesta, mencionó que el 24 de octubre del presente año se publicó en un diario de circulación estatal una nota periodística que daba a conocer que la administración pública de León, Guanajuato, y en concreto, la tesorería municipal, había contratado ocho empresas «fantasma», es decir, que no se pudo localizar su domicilio o eran inexistentes y les había pagado 10 millones de pesos. 

Los contratos mencionados, dijo, fueron firmados por la presidenta municipal, el entonces secretario del H. Ayuntamiento y el tesorero municipal, funcionario que autorizó y revisó los contratos. Adicionalmente firmaron los representantes, apoderados legales y administradores únicos de las empresas y en algunos casos un par de testigos.

El diputado expuso la lista de empresas con las cuales el municipio firmó los referidos contratos, el monto, objeto y periodo de los mismos, así como los domicilios legales que registraron dichas empresas en los contratos y que de acuerdo con lo expuesto en la investigación periodística, resultaron falsos.

En atención a esas situaciones es que el legislador propuso que la LXII Legislatura solicite al Órgano de Fiscalización Superior del Estado que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una auditoría específica para investigar las presuntas irregularidades realizadas por funcionarios de la mencionada administración municipal, relacionadas con la firma de contratos con particulares y, en su caso, dictamine las probables responsabilidades que procedan en los términos de ley, en el ejercicio fiscal 2014.

La propuesta incluía la solicitud de otorgarle el trámite de obvia resolución. La votación para este trámite no obtuvo los votos suficientes para ser aprobado, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva le dio turnó a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para su análisis.