Guanajuato, Gto. El grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa para modificar el artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, efecto de establecer en este dispositivo el derecho al medio ambiente sano y homologar el texto de la Constitución Federal con la local en materia del derecho al agua.

La propuesta de adición fue expuesta en la tribuna del Pleno por el diputado Martín López Camacho, quien señaló que el respeto al derecho a un medio ambiente sano por disposición constitucional debe ser garantizado por el Estado y que en ese sentido es oportuno proponer que Guanajuato homologue este derecho en la Constitución local.

También se refirió al derecho que toda persona tiene al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico. El Estado, sostuvo López Camacho, tiene la obligación de hacer todo lo necesario para evitar la muerte por deshidratación, así como reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua contaminada, para satisfacer las necesidades de consumo, en la cocina y las necesidades de higiene personal.

Luego de destacar la problemática de contaminación de los cuerpos superficiales de agua en el país, el legislador señaló que esto afecta directamente a las comunidades que viven cerca de los ríos, lagos y otros afluentes, porque provoca daños a su salud y sus fuentes de alimentos, además de representar un alto costo para la sociedad, pues mientras mayor sea la contaminación, más costoso será potabilizarla y llevarla a las ciudades.

La iniciativa busca homologar también el texto de la Constitución Federal con la local, para que se reproduzca el derecho del agua, en similares términos.

La adición de un quinto y sexto párrafos propuesta es la siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación del Gobierno del Estado y de los municipios, así como la de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

La propuesta se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.