Guanajuato, Gto. El día de hoy, las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) presentaron una iniciativa para derogar el párrafo segundo del Artículo 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.

El párrafo que se propone derogar establece que: “Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos y municipios, mediante disposiciones de carácter general, podrán establecer una prestación a favor de los trabajadores de confianza al término de la relación laboral, cuyo importe en ningún caso podrá ser superior al equivalente a tres meses de salario más doce días de salario por cada uno de los años de servicio prestados.”

Al presentar los motivos de la iniciativa, el diputado José Gerardo Zavala Procell expuso que en agosto de 2006 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el Decreto Gubernativo 278, emitido por el entonces gobernador Juan Carlos Romero Hicks, por el cual se otorgaba un prestación adicional a aquellos servidores públicos que por razón de la naturaleza de las funciones encomendadas, tenían que separarse de la administración pública estatal con el cambio de gobierno días después.

De acuerdo con dicho decreto, esa prestación se consideraba justa en razón de que para la consecución de los objetivos del Plan de Gobierno 2000-2006, la participación, compromiso institucional y esfuerzo de los servidores públicos había sido determinante

En dicho decreto gubernativo se establecía que se otorgaría esta prestación excepcional a los servidores públicos que se encontrasen dentro de los niveles 12 al 21 del tabulador de puestos del Poder Ejecutivo del Estado, y que se separaran del cargo tras el cambio de gobierno, por lo que tendrían derecho a recibir por única vez y en una sola exhibición una prestación adicional, la cual se entregaría dentro de los quince días siguientes al último día laborado.

Luego de mencionar lo anterior, el diputado Zavala presentó una serie de cifras para sustentar que la aplicación de dicha medida administrativa había resultado perjudicial para las finanzas públicas.

Consideró que la ciudadanía guanajuatense exige, ante todo, un gobierno eficaz que dé resultados a la población, a través de políticas públicas, programas y acciones que atiendan sus necesidades, así como un uso responsable y transparente de los recursos públicos.

Y es aquí, agregó, donde los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del gasto público debe prevalecer por encima de gastos excesivos, como podría considerarse el que se promueve con dicha prerrogativa enfocada a la alta burocracia, dijo.

Recordó el legislador que es obligación de quienes tienen a su cargo el presupuesto gubernamental,  orientar los recursos públicos hacia los programas que fomenten el desarrollo económico, la seguridad social, la educación y la atención integral de los problemas que más aquejan al país.

Por ende, abundó, resulta indispensable que las administraciones estatal y municipales racionalicen el uso de los recursos públicos, reduciendo los gastos operativos y reorientando los ahorros obtenidos a los programas y actividades sustantivos de la Administración para su modernización y, de esta forma, mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía, eliminar duplicidades en su estructura orgánica y programas gubernamentales, con sueldos equilibrados y que no afecten  la estabilidad presupuestal.

El diputado concluyó su participación explicando que  la derogación que propone el GPPRI generará ahorros adicionales en las administraciones municipales y en la estatal, que podrán reorientarse a los programas prioritarios para la población.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.