Guanajuato, Gto. En la sesión ordinaria del Pleno del Congreso local, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, con el objetivo de brindar mayor certidumbre jurídica a la autoridad fiscal para la recuperación de créditos y recapitalizarse.

Al hacer uso de la voz para exhibir los motivos de la serie de reformas a la ley en la materia, la diputada María Guadalupe Sánchez Centeno dijo que es importante dotar a la autoridad fiscal de un abanico de garantías recaudadoras que le permita tener la seguridad y certidumbre jurídica de recuperar con mayor facilidad los créditos fiscales.

“Resulta palpable realizar diversas adecuaciones a las exigencias y operatividad de los municipios, dejando de lado aquellos supuestos normativos, que administrativamente no son aplicables para los particulares y las autoridades fiscales”, indicó Sánchez Centeno.

La propuesta, precisó la congresista, busca sintetizar la consulta de créditos fiscales que hace la autoridad competente como los son presidentes municipales, tesorerías y unidades administrativas, para aminorar los tiempos de ejecución de requerimientos de pago y embargos.

Asimismo, la iniciativa busca que el depositario se deslinde lo más pronto posible de la responsabilidad que genera con la autoridad fiscal, cuando los bienes o negociaciones embargados bajo su guarda se pongan a disposición de la autoridad, a efecto de que no se le acrediten posteriormente responsabilidades de carácter penal.

La propuesta contempla la ampliación de los alcances del recursos de revocación, al proponer el incremento de los supuestos normativos para recurrir al mismo; el perfeccionamiento de la notificación del requerimiento de pago; la actualización de los requisitos para interponer el recurso de revocación; y la disminución del plazo para la interposición del recurso, iniciando la cuenta a partir del día siguiente de la notificación del requerimiento de pago o del día siguiente de la diligencia de embargo.

La iniciativa con proyecto de decreto fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales.