Guanajuato, Gto.- Esta mañana se realizó una mesa de trabajo entre autoridades de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo del Estado, convocada por la Comisión de Justicia del Congreso Local, para analizar la iniciativa de reforma al Código Civil del Estado para asegurar la gratuidad de las pruebas de ADN en los juicios de paternidad.

El diputado presidente de la Comisión, Luis Felipe Luna Obregón, abrió los trabajos de la jornada agradeciendo la presencia de los representantes de los poderes públicos y cedió la voz al asesor parlamentario del PVEM, Francisco Rocha Balderas, para que explicara los motivos de la propuesta que presentó el grupo al que pertenece.

En representación del Poder Judicial la magistrada Martha Isabel Villar Torres comentó que la propuesta es viable si se enfoca desde el aseguramiento del derecho de identidad de toda persona, y consideró que habría que perfeccionar de la iniciativa el esquema de la realización de las pruebas, ya que como está escrita la propuesta se invadirían las facultades de la Procuraduría General de Justicia.

El magistrado Diego León Zavala, Realizó una serie de observaciones  a la redacción de corte jurídico y subrayó que existe una desvinculación entre las obligaciones del estado y la pretensión de la gratuidad de la realización de la prueba o la fijación de su costo atendiendo a las posibilidades económicas del solicitante.

Por su parte el director de Normatividad de la Procuraduría General de Justicia, Jonathan Hazael Moreno Becerra, precisó que esta dependencia no tiene facultades para realizar la prueba química en el laboratorio de genética, toda vez que cuando la procuraduría efectúa los exámenes en los caos de litigios en los que está en jueg el bien superior del menor, se actúa como protector del menor, y no operaría esta atribución en el caso de los adultos.

La diputada Yulma Rocha Aguilar argumentó que si la disyuntiva es la falta de atribuciones de la Procuraduría General de Justicia, habría que precisar en la iniciativa que el bien jurídico tutelado de toda persona es el derecho a la identidad para salvar el principio de que sólo actúe esta dependencia por el bien superior del menor, favoreciendo también a los adultos.

El diputado Galo Carrillo Villalpando dijo que deben realizarse modificaciones a la iniciativa para que se pondere el derecho a la identidad de todo ciudadano y que en consecuencia se busque favorecer a los que requieran del servicio de la prueba de ADN. No obstante, dijo, tampoco por buscar esta bondad a los adultos  se puede afectar la esfera de los presupuestos de las instituciones cargándoles los costos del estudio a la Procuraduría, por lo que el análisis de esta pretensión debe continuar más a fondo.

Finalmente el diputado presidente de la Comisión, Luis Felipe Luna Obregón, sostuvo que continuarán el análisis en la Comisión para acotar observaciones como lo es el costo público de las pruebas y la responsabilidad de su aplicación.