Guanajuato, Gto. La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura abordó diversos asuntos.

En la jornada de este día estuvieron presentes la y los diputados María Juana Georgina Miranda Arroyo, Felipe de Jesús Orozco García (presidente de la Comisión), Juan José García López, Javier González Saavedra y Francisco Flores Solano. También asistieron los diputados Alfonso Ruíz Chico y René Carmona Gómez.

Al iniciar con los trabajos, el diputado Felipe Orozco dio por radicadas varias iniciativas legales para prevenir la discriminación en la entidad; las propuestas fueron presentadas por separado por los Grupos Parlamentarios del PRD, PRI y PAN.

Por otra parte, se acordó realizar una mesa de trabajo el próximo martes 29 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, para el análisis de la iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Guanajuato.

A solicitud del diputado Juan José García estarán presentes en la mesa de trabajo representantes del Supremo Tribunal de Justicia, de la Procuraduría de Justicia, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado.

En este sentido el diputado Alfonso Ruiz hizo uso de la voz y propuso que los comentarios y las observaciones que se han vertido en los foros y el panel realizados previamente, además de los que han sido enviados por instituciones o dependencias para analizar dicha propuesta legal, se agreguen a la iniciativa de Ley.

Finalmente se sometió a consideración de los diputados el dictamen de las iniciativas de Ley en materia de los derechos de los adultos mayores, formulada por las representaciones parlamentarias de los partidos Nueva Alianza, Convergencia y de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura, así como otra propuesta presentada por el PAN y una más por el PRI.

Cabe recordar que éstas iniciativas fueron previamente analizadas en mesas de trabajo en las que participaron, además de los diputados, representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado. El dictamen fue aprobado por unanimidad.