Guanajuato, Gto., 31 de octubre de 2022.- Era un asunto de trámite: la mayoría panista de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guanajuato rechazó las Minutas Proyecto de Decreto que proponen reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la Guardia Nacional continúe en las calles con labores de policía civil.

La reforma es un hecho debido a que la mayoría de los congresos estatales tienen mayoría del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Tocó al panismo guanajuatense hacer su labor de opositor al proyecto planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El asunto, finiquitado a fin de cuentas, sólo sirvió para el debate partidista: morenistas para exhibir el elevado número de homicidios y delitos comunes en Guanajuato, panistas para responder con números de cómo la inseguridad permea en casi todo el país.

Fue la oportunidad para que siga la postura convencional de “echarse la bolita” mutuamente en materia de seguridad en el estado.

La propuesta fue incluida de improviso y por la vía rápida. El panismo quiso darle paso rápido al tema que de antemano a nivel nacional está perdido. La propuesta fue específica: en contra. La respuesta guinda no se hizo esperar. 

Abrió tanda la morenista Alma Edwviges Alcaraz Hernández, quien se pronunció en contra del dictamen en materia de Guardia Nacional. Acusó que fue hecho al vapor y con consideraciones ideológicas, sin respaldo en evidencia y aprovechó para hacer referencia a Guanajuato como el estado con más homicidios en el país.  En una segunda intervención mostró gráficas para echar tierra a sus villanos favoritos: Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa y así acusar un doble discurso panista que rechazaba a la Guardia Nacional ante la evidente falla en materia de seguridad en la entidad.

Le secundó su compañero Ernesto Millán Soberanes, quien sin ser integrante de la comisión, participó en la batalla, para decir que el rechazo panista al dictamen en discusión explicaba por qué Guanajuato era el estado más violento, que era producto de las decisiones que se han tomado durante 30 años; que se estaba negando la posibilidad a la población guanajuatense de poder contar con el apoyo de la GN, pero no se estaba fortaleciendo la seguridad en la entidad. Finalmente. Y repitió la consigna morenista: con la reforma no se militariza el país, sino que “se refuerzan las labores de seguridad pública”.

Correspondió al panista Rolando Fortino Alcántar Rojas, quien contraatacó con números sobre índices de homicidios por cada 100 mil habitantes violencia en estados gobernados por Morena. Dio también un argumento jurídico: lo que hacen es actualizar el artículo transitorio, vigente desde 2019, que indica que la GN sólo debe hacer funciones policiales hasta 2024. La propuesta de ampliación a 2028, añadió, se hace “porque no se ha logrado nada desde ese entonces, sino únicamente debilitar a las policías estatales”.

Y entró al quite su compañera Laura Cristina Márquez Alcalá, quien dijo que el aferrarse a la permanencia de la GN en funciones de policía significa que la estrategia federal está fallando. Ambos panistas echaron en cara a la federación el retiro de apoyos para las policías munciipeles y estatales y la legisladora externó su apoyo absoluto al gobernador y a la Guardia Nacional y las fuerzas armadas que han apoyado en la entidad para luego aclarar que eso no significa que no se quiere el apoyo federal, sino que buscan que haya claridad absoluta de lo que se propone.

La también panista Briseida Anabel Magdaleno González reiteró posturas, ante el revire de los morenistas que insistían en que sí se apoyaba a policías estatales, que no se militarizaba el país y que los azules no querían a la GN. Fue, al final un diálogo de sordos en el que siquiera se tomó en cuenta la postura más conciliadora de Cristina Márquez, quien planteó mayor coordinación entre ambos órdenes de gobierno.

La panista Susana Bermúdez Cano, presidenta de la comisión, manifestó que el proceso de dictaminación de la Minuta está establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y fue cumplido a cabalidad. Así, el dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, fue rechazado por mayoría, con votos a favor de las diputadas Susana Bermúdez, Briseida Magdaleno González y Cristina Márquez, así como y el diputado Fortino Rolando Alcántar. La diputada priista Yulma Rocha, quien participó de manera virtual, también votó con ellos. Por la contraparte, Alma Edwviges Alcaraz Hernández votó en sentido opuesto a los azules, con el respaldo del sufragio del ecologista Gerardo Fernández González, quien estuvo también a distancia.

La panista Angélica Casillas Martínez y el morenista Ernesto Millán Soberanes sólo tuvieron voz, pero no voto.

Otra desavenencia

La mayoría panista en la misma comisión aprobó el dictamen de la propuesta de terna para la designación de la persona que ocupe la titularidad del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, formulada por el Consejo Administrativo de dicho Tribunal, la cual está integrada por Isaías Arévalo Rangel, María Elizabeth Aguilar González y Carlos Vinicio Barragán Vélez.

Alma Edwviges Alcaraz Hernández externó su inconformidad con el dictamen, al considerar que durante el proceso de selección se había generado un conflicto de intereses en favor de uno de los participantes, el cual fue regidor del Partido Acción Nacional en el municipio de Romita y que era evidente su afinidad política.

La diputada Susana Bermúdez Cano precisó que únicamente el proceso que les correspondía era sobre los requisitos si se cumplen o no, y que no hay limitaciones para el uso de elementos de apoyo para los participantes en las entrevistas, aunque esas no son requisito.