Recibe Diputación Permanente dos propuestas de reformas
Guanajuato, Gto. La Diputación Permanente de la LXII Legislatura del Congreso del Estado sesionó esta mañana; recibió dos iniciativas de reformas legales que presentó el titular del Poder Ejecutivo estatal y dio trámite a informes de resultados en materia de fiscalización.
El presidente de la Diputación Permanente, dio cuenta de la recepción de dos propuestas de reforma legal, formuladas por el gobernador del estado.
La primera de ellas es para modificar la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato a fin de adoptar la institución de la reparación integral para las víctimas del delito, con una perspectiva de derechos humanos, mediante la incorporación de los principios que rigen a esta institución en la Ley General de Víctimas. Se propone para ello reformar los artículos de la citada norma en los que incide la materia de la reparación del daño.
Para ello, señala el iniciante, se plantea en la iniciativa definir los alcances específicos del derecho a la reparación integral para las víctimas del delito, delimitándolos a la atención y los derechos de que gozarán como parte de la intervención del Estado para favorecer y acompañar a la reparación del daño que de acuerdo con la legislación penal de la entidad tengan derecho a recibir.
Además, a efecto de delinear los alcances y modalidades de dicha reparación integral, se propone adoptar las orientaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y las directrices de la Ley General de Víctimas.
La propuesta legal fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
La segunda iniciativa presentada por el gobernador del estado es para reformar el Código Penal para la entidad, que responde a una revisión integral al tipo de violencia intrafamiliar y a la sección relativa a los Delitos Sexuales, y propone la adecuación de varios tipos penales vinculados con la violencia hacia la mujer.
De esta forma, plantea el Ejecutivo estatal cambiar la denominación del delito de “violencia intrafamiliar” por la de “violencia familiar” y aumentar la penalidad de uno a seis años de prisión. Con este cambio se pretende homologar el término con los instrumentos internacionales y con el Código Penal Federal, así como evitar la interpretación de que este maltrato se limita solamente a la violencia generada dentro de la morada familiar.
También se plantea modificar la denominación de delito de “Abusos Erótico Sexuales” por el de “Abusos Sexuales” e incrementar la edad, de 12 a 14 años, para el supuesto; además se establece como agravante que si el responsable del delito es servidor público, además de las penas previstas se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ejercer cualquier cargo público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.
Por lo que toca al tipo penal de Estupro, se propone el cambio de penalidad para incorporar como componente la diferencia de edad entre el sujeto activo y pasivo, considerando una pena más agravada cuando medien más de cinco años en la edad.
También se propone la adición de un capítulo denominado “Reglas comunes para la reparación del daño en los Delitos contra la Libertad Sexual”, a fin de prever como una de esas reglas la integralidad, entendiendo por esta que la reparación sea adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado así como a la afectación sufrida y a las circunstancias y características del hecho; previéndose que esta regla aplique también para el delito de feminicidio.
La iniciativa de reforma se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y posterior dictamen.
En otro punto, se turnaron a la Comisión de Hacienda y Fiscalización los informes de resultados presentados por el Órgano de Fiscalización Superior, relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de Ocampo (julio – diciembre 2012), y al ejercicio de recursos del Ramo 33 y de obra pública de Guanajuato (ejercicio fiscal 2012), así como a la auditoría financiera practicada a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la entidad por el ejercicio fiscal 2012.