Recibe el Congreso iniciativa de Ley de Transparencia y aprueba aplazar Sistema Penal Acusatorio
- El sistema penal acusatorio entrará en vigor el 15 de abril del 2015 para los municipios de Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Coroneo, Cortazar, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Villagrán y Yuriria.
- El 1º de junio de 2016 lo implantarán: León, Manuel Doblado, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón.
- Además se dio entrada a inciativas para nombrar magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.
Guanajuato, Gto. El Pleno de la LXII Legislatura dio entrada este día a diversas iniciativas, propuestas para el nombramiento de magistrados y aprobó la modificación a la Ley del Proceso Penal que pospone la entrada en vigor del sistema penal acusatorio para dos regiones de la entidad.
En su sesión ordinaria de este día, las y los legisladores aprobaron el dictamen mediante el cual se reforma el Artículo Primero Transitorio de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, estableciéndose que será el 15 de abril del año 2015 cuando entre en vigor el sistema penal acusatorio en la región comprendida por los municipios de Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Coroneo, Cortazar, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Villagrán y Yuriria.
Asimismo, será el 1 de junio del año 2016 cuando se incorpore dicho sistema en la región comprendida por los municipios de León, Manuel Doblado, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón. El objetivo de este aplazamiento es favorecer la plena operación del nuevo sistema procesal penal y que éste se lleve a cabo de manera eficaz en la entidad.
También se aprobaron diversos dictámenes presentados por la Comisión de Hacienda y Fiscalización. Se trata de los relativos a la revisión practicada a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por las administraciones municipales de Uriangato y de San Diego de la Unión (ejercicio fiscal 2011), a las cuentas públicas municipales de Manuel Doblado (periodo enero – junio de 2011), y a la cuenta pública del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, por el tercer y cuarto trimestres del ejercicio 2011.
De la misma forma, se acordó el archivo de la iniciativa promovida por el gobernador del estado, en la que solicitaba autorización para llevar a cabo los actos jurídicos necesarios a fin de constituir una servidumbre de paso en un bien inmueble de propiedad estatal en Celaya, en favor de la Comisión Federal de Electricidad.
Se aprobó además el Decreto mediante el cual se desafecta del dominio público estatal un bien inmueble ubicado en Salamanca, propiedad del fideicomiso denominado “Fondo de Infraestructura Productiva para el Desarrollo Equilibrado”, y se autoriza al Ejecutivo a donarlo en favor de la Comisión Federal de Electricidad, para destinarlo a la instalación de una subestación de servicio y de un cuadro de maniobras.
Se reciben propuestas de ternas para elección de magistrados
La Asamblea recibió la propuesta formulada por el Gobernador del Estado para la reelección de Miguel Valadez Reyes al cargo de Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.
También se dio cuenta de la terna propuesta por el Consejo del Poder Judicial para la designación de un magistrado propietario en materia penal, integrada por Gloria Jasso Bravo, Gloria Esther Hernández Valtierra y Pablo López Zuloaga. De la misma forma, se presentó el escrito remitido por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en el que se propone la terna integrada por José Antonio Aguilar Suárez, Joel Humberto Estrella Cruz y Jesús César Santos del Muro Amador, para designar de entre ellos a quien sustituirá a la magistrada María Beatriz Hernández Cruz.
Estos tres temas fueron turnados a la Comisión de Justicia para su estudio y
Presenta el Ejecutivo propuesta en materia de transparencia
La Mesa Directiva dio cuenta al Pleno de la presentación de dos iniciativas por parte del titular del Poder Ejecutivo estatal, ambas en materia de transparencia.
En la primera propone modificar la Constitución Política local, a efecto de dotar de autonomía constitucional al Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato y que éste quedé constituido como el único organismo garante, especializado imparcial y autónomo en materia de los derechos de acceso a la información y protección a datos personales en posesión de cualquier autoridad. Su mandato será entonces la promoción, protección y cabal garantía de estos derechos en todos los Poderes del Estado, organismos con autonomía y municipios.
Se consideran en la iniciativa los principios que regirán al IACIP, su ámbito de competencia material, el número de sus consejeros y el plazo en que estarán en funciones, la rotación en la presidencia del Consejo y el mecanismo para la designación de los consejeros.
En la segunda, el Ejecutivo propone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en congruencia con la propuesta de reformas a la Constitución particular de la entidad.
Se propone en la iniciativa la estructura orgánica del IACIP, dividiendo las atribuciones encomendadas al Consejo General y al Secretario Ejecutivo. En la parte normativa, se cambia la fecha para la presentación del informe anual de labores del Instituto por el Consejero Presidente; se omite la facultad del Consejo para revisar los acuerdos de clasificación de información reservada y se desarrollan los principios de autonomía, certeza, eficacia, imparcialidad, legalidad, objetividad, máxima publicidad y transparencia.
Estas dos iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su proceso legislativo.
También se presentó la Minutia Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que tiene que ver con la posibilidad de pérdida de la ciudadanía mexicana por la aceptación o uso de condecoraciones extranjeras. Se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.