Guanajuato, Gto. Las diputadas y los diputados que integran la LXII Legislatura del Congreso del Estado sesionaron este jueves y aprobaron reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.

La reforma al artículo 8 establece que los Poderes Públicos, organismos autónomos y municipios, mediante disposiciones de carácter general, podrán establecer una prestación a favor de los trabajadores de confianza al término de la relación laboral, cuyo importe en ningún caso podrá ser superior al equivalente a tres meses de salario, más la prima de antigüedad en los términos de la fracción I del artículo 63 de la misma ley.

Se adiciona un párrafo en el que se precisa que los trabajadores que reciban dicha prestación y que se reincorporen al servicio público en un plazo no mayor a tres meses, deberán reintegrar la parte proporcional de la prestación recibida que no corresponda a los 12 días de salario por cada año de servicio prestado, lo que deberán hacer en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de su incorporación. Si reintegran además la prestación correspondiente a los 12 días por cada año de servicio prestado, conservarán la antigüedad que hubieren generado como producto de su relación laboral.

Se agrega además un artículo 41 BIS que dice: “No podrán establecerse a favor de los trabajadores prestaciones adicionales de ninguna especie como consecuencia directa de la terminación del periodo de las administraciones públicas estatal, la de los ayuntamientos, así como por la conclusión de una Legislatura”.

En el dictamen aprobado, la Comisión de Gobernación de Gobernación y Puntos Constitucionales sostienen que estos ajustes viene a dar certeza a las prestaciones de los trabajadores en la entidad, pues regula los pagos por conceptos de indemnizaciones y prima de antigüedad por la terminación de relaciones laborales, y atiende la necesidad de que no se afecten las finanzas estatales en los casos en que se finiquiten a los trabajadores de confianza en una administración y éstos reingresen al servicio público en un breve tiempo.

Al hablar en contra del dictamen, la diputada Martha Elena Lara Méndez expuso que dicha prestación ha generado que los municipios adquieran compromisos financieros para pagarlas y dejen con compromisos financieros a las administraciones entrantes, debiendo además de liquidar a  funcionarios salientes, pagar aguinaldos y prestaciones de los trabajadores de base y financiar la prestación de los servicios públicos a los que los obliga la Ley.

“Nosotros siempre pugnamos por eliminar una indebida prestación para quienes, siendo personal de confianza y altos funcionarios, con sueldos que superan en mucho lo que gana un trabajador de base, terminan su encargo al final de una administración…No necesitan de un fondo de estabilidad económica mientras encuentran otro medio de subsistencia, objetivo de la prestación a los que menos ganan. No es su caso”, dijo.

La legisladora refirió que sumando a todos los altos funcionarios de gobierno del estado y los municipios, este bono de retiro representa un enorme gasto que sale de los bolsillos de los ciudadanos, por lo que pidió votar en contra del dictamen propuesto.

Por su parte, el diputado Alfonso Ruíz Chico habló a favor del dictamen y señaló que uno de los aspectos de esta reforma es la prohibición para el otorgamiento de bonos por término de las administraciones estatal, municipal o de las legislaturas.

Reiteró que esta reforma contribuye al fortalecimiento del régimen jurídico laboral de los trabajadores de confianza al servicio del Estado y de los municipios, y el uso responsable y racional de los recursos públicos con el establecimiento de la prohibición del otorgamiento de bonos que lesionan el erario público.               

“La ciudadanía nos pide responsabilidad en el manejo y destino de los recursos públicos, de ahí que estamos obligados a establecer las normas necesarias que prohíban el dispendio, y fortalezcan la racionalidad del gasto”, finalizó.

Otras aprobaciones e iniciativas

Dentro de esta sesión, la Asamblea acordó autorizar a los ayuntamientos de San Luis de la Paz, Tarandacuao, Huanímaro y Uriangato para que afecten los ingresos que les corresponden del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en garantía del cumplimiento de las obligaciones que tienen a su cargo por concepto de derechos y aprovechamientos de agua  y derechos por descargas de aguas residuales.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Luis Felipe Luna Obregón, informó que se recibió la iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas en la que propone reformar el artículo segundo del decreto 259, expedido por esta LXII Legislatura, a efecto de cambiar el destino de ocho hectáreas que se adquirieron para la construcción de instalaciones deportivas y recreativas, y poder destinarlas para la instalación de empresas, lo cual traería consigo la creación de nuevas fuentes de empleo. La turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.