Guanajuato, Gto. El Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato sesionó este día. Se recibieron varias iniciativas y se aprobaron dictámenes, entre ellos el que obliga a los ayuntamientos a contar con una Comisión de Igualdad de Género, y acuerdos como el de requerir el cumplimiento de sus obligaciones legales a las administraciones municipales que muestran retrasos en la presentación de sus cuentas públicas.

También se recibió la iniciativa presentada por el gobernador del estado, en la que solicita la autorización del Poder Legislativo para contratar un empréstito por la cantidad de 1,379 millones 950 mil 160 pesos, mismos que destinará  para financiar inversión pública productiva en los rubros de Infraestructura, Atención a la Seguridad Pública, Sustentabilidad al Desarrollo Social y Apoyo al Desarrollo Económico, a la Vivienda, al Sector del Agua, al Desarrollo Agropecuario, al Desarrollo Turístico y a la Ciencia y Tecnología.

Esta iniciativa se turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.

También se ingresó la iniciativa formulada por la Comisión de Equidad de Género, para modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y que la actual Comisión legislativa de Equidad de Género pasa a denominarse Comisión para la Igualdad de Género.

Esto, sostienen los iniciantes, a fin de armonizar la legislación con los diversos convenios y compromisos internacionales que México ha adoptado, así como con la legislación nacional y estatal vigente, cuyo contenido refiere a la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres como medio para conseguir una sociedad más democrática, equilibrada, igualitaria y tolerante. La propuesta se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su proceso legislativo.

La Mesa Directiva turnó la propuesta de Punto de Acuerdo presentada en la sesión pasada por el grupo parlamentario del PRI, mediante el cual proponen exhortar al gobernador del estado para que, por conducto de las autoridades correspondientes, se proceda con el mayor rigor posible en la investigación, persecución y, en su momento, la instauración del proceso penal contra los responsables y operadores de la empresa “Chamba México”.

Lo anterior, atendiendo a la preocupación de la LXII Legislatura por la fraudulenta venta de visas temporales de trabajo a jornaleros guanajuatenses, por parte de supuestos reclutadores, intermediarios y empleadores en distintos municipios de la entidad. La propuesta fue enviada para su análisis y dictamen a la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Aprueban reforma a la Ley Orgánica Municipal

La Asamblea aprobó por unanimidad modificaciones a la Ley Orgánica Municipal para la entidad, mediante las cuales se obliga a los ayuntamientos a establecer, dentro de sus Comisiones de trabajo, la de Igualdad de Género.

En las consideraciones generales del dictamen se establece que la creación de esta Comisión en los ayuntamientos representa el reconocimiento al derecho igualitario con que cuentan los hombres y las mujeres en la entidad, así como el propiciar un espacio de verdadera participación en el cabildo, para que los temas relacionados con las mujeres sean tomados en consideración y las decisiones pertinentes sean materializadas con una visión de inclusión, pero sobre todo de respeto a los derechos de la ciudadanía.

Asimismo, se permitirá consolidar el desarrollo del trabajo de los propios ayuntamientos, pues cuando se trabaja bajo el principio de una igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se puede alcanzar un verdadero y factible desarrollo en la atención de los temas prioritarios de la realidad social y política de cada municipio.

En sus artículos transitorios, el decreto establece que los ayuntamientos guanajuatenses que no cuenten con una Comisión ordinaria de Igualdad de Género deberán instalarla dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del mismo, que será al cuarto día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Requieren a municipios la presentación en tiempo de sus cuentas públicas

Las diputadas y los diputados de la LXII Legislatura también aprobaron el acuerdo para emitir un requerimiento a aquellos ayuntamientos que no han dado cumplimiento a la obligación establecido de presentación mensual de sus cuentas públicas.

De acuerdo con la solicitud formulada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, varias administraciones municipales muestran retraso en esta obligación: Tarimoro, por el mes de diciembre de 2011 y abril, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2012 y enero y febrero de 2013; Xichú, por agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012 y enero y febrero de 2013.

Asimismo, Romita y Santiago Maravatío, por los últimos cuatro meses de 2012 y los dos primeros de 2013; Victoria, por noviembre y diciembre de 2012 y enero y febrero de 2013; Cuerámaro y Silao, por diciembre de 2012 y enero y febrero de 2013.

También, Abasolo, Atarjea, Doctor Mora, Ocampo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, San Luis de la Paz, Santa Catarina y Santa Cruiz de Juventino Rosas, por los dos primeros meses del actual ejercicio fiscal, y por último, Huanímaro, Jaral del Progreso, Manuel Doblado y Villagrán, por febrero de 2013.

El acuerdo aprobado otorga un plazo improrrogable de 15 días a dichos ayuntamientos, a partir de la fecha de notificación, para presentar los documentos correspondientes; en caso contrario, se hará del conocimiento de las Contralorías Municipales correspondientes esta situación, para que promuevan el fincamiento de responsabilidades a que haya lugar.

El Pleno dio su aprobación a los dictámenes presentados por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativos a los informes de resultados de la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, de San Francisco del Rincón y de Tierra Blanca, todas por el periodo julio – diciembre de 2011. Asimismo, de la revisión a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública por la administración de Huanímaro, durante el ejercicio fiscal 2011.

En todos los casos se instruye al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior a promover acciones para el fincamiento de responsabilidades administrativas.