Guanajuato, Gto. Este martes sesionó la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXII Legislatura Local, con la participación de las diputadas Guadalupe Sánchez Centeno (Presidenta de la Diputación Permanente) y Guadalupe Torres Rea, así como los diputados Francisco Javier Contreras Ramírez, (Presidente de la Junta), José Juventino López Ayala y Marco Antonio Miranda Mazcorro.

El Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Francisco Javier Contreras Ramírez, dio a conocer que, entre otros temas, en la reunión de este día se analizó la propuesta de quien fungirá como el representante del Poder Legislativo ante el Órgano de Control y Vigilancia del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, dando así cumplimiento a lo que mandata en un artículo transitorio la legislación vigente.

El congresista también compartió que el Órgano de Gobierno del Congreso tomó el acuerdo relativo a las solicitudes presentadas por los AYUNTAMIENTOS de Manuel Doblado y Romita, a fin de ampliar el periodo para ejercer acciones de carácter civil y administrativo, en atención a los dictámenes aprobados sobre los informes de resultados de revisiones practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior. Dicho acuerdo será sometido a la consideración de la Diputación Permanente

Nueva sede del Congreso del Estado

Abordado por los medios de comunicación sobre el estado del proyecto de construcción de la nueva sede del Congreso local, Contreras Ramírez refirió que se firmó con el Gobierno del Estado el convenio respectivo para continuar con los trabajos de construcción, teniendo como meta concluir la obra a finales de este año.

El diputado precisó que se constituyó una comisión especial para el control, seguimiento y supervisión de las obras, encabezada por el diputado Jorge Enrique Videgaray Verdad, quien estará reportando a la Junta los avances en el tema.

En su oportunidad, el diputado José Juventino López Ayala explicó que el actual Palacio Legislativo, el edificio ubicado en el Callejón de la Condesa y el que ocupa actualmente el Órgano de Fiscalización Superior pasarán a dominio del Poder Ejecutivo, quien tendrá la decisión sobre el destino de los mismos.