Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Con estas reformas se establece que el Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades del orden de gobierno estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Dicho sistema deberá contar con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno, un representante de los órganos internos de control de cada región, el Presidente del Tribunal  de Justicia Administrativa, el Presidente del organismo autónomo en materia de transparencia, un representante del Consejo del Poder Judicial y dos del Comité de Participación Ciudadana, este último deberá estar integrado por cinco ciudadanos respetando la equidad de género.

Asimismo se establecen las atribuciones del Comité Coordinador y se contempla la creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la cual estará adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y será un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considere como delitos en materia de corrupción.

Se modifica la denominación del «Tribunal de lo Contencioso Administrativo» por «Tribunal de Justicia Administrativa»,  quien podrá imponer sanciones además de a los servidores públicos estatales y municipales, a particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves y fincará a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones económicas que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.

El nombramiento de los Magistrados del citado tribunal será a propuesta del Gobernador del Estado y deberá ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

Dentro de las facultades del Congreso del Estado se agrega que la contratación de deuda pública, tanto del Estado como de los municipios, deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros del Congreso presentes, y únicamente podrán contraer empréstitos cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, siempre bajo las mejores condiciones de mercado. Además se subraya que en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

De igual manera contempla que el Estado y los municipios podrán contraer obligaciones a corto plazo las que deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.

También será facultad del Poder Legislativo designar  a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autónomos (Instituto Electoral del Estado, Tribunal Electora, Procuraduría de los Derechos Humanos, Universidad de Guanajuato y Tribunal de Justicia Administrativa) que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

El nombramiento del titular de la Secretaría del Poder Ejecutivo con atribuciones de Control Interno, sigue a cargo del Gobernador estatal pero deberá ser ratificado por las dos terceras partes del Congreso del Estado.

Se modifica el capítulo relativo a la responsabilidad de los servidores públicos, agregando como sujetos de responsabilidad también a los  particulares. Se establece que los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses, así como la constancia de presentación de declaración fiscal. Asimismo se precisan las bases por las cuales se aplicarán las sanciones.

Armoniza lo relativo al ejercicio del derecho de acceso a la información con lo establecido en la recién aprobada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y  modifica el término de Consejeros por Comisionados para el organismo autónomo encargado de garantizar el acceso a la información.

Además se incluye el enriquecimiento ilícito dentro de las reglas para iniciar un  procedimiento de extinción de dominio; se establece que los entes públicos estatales y municipales contarán con órganos internos de control; se adiciona en el artículo tercero, relativo al derecho a la educación,  que se fomentará en el ser humano su formación cívica y ética; se precisa que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, indicando que el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales deberán observar dicho principio.

Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la voz las diputadas Libia Dennise García Muñoz Ledo, Arcelia González González y Beatriz Manrique Guevara.

En primer término, la Libia Dennise García manifestó que uno de los principales compromisos que asumieron como diputados al tomar protesta es hacer leyes que impacten positivamente en la vida diaria de los guanajuatenses.

Agregó que con la aprobación de estas reformas tenían la oportunidad de dar un claro mensaje a los ciudadanos. “Este Congreso del Estado no dará un paso atrás en el combate frontal a la corrupción y a la impunidad, no más delitos cometidos por servidores públicos, no más actos de corrupción que queden sin sanción, no más simulaciones de autoridades o particulares que esconden delitos”, enfatizó la congresista.

Por su parte, la diputada Arcelia González señaló que las reformas trascendentes no pueden salir adelante sin un acuerdo ampliamente mayoritario, por lo que reconoció el trabajo de todas las fuerzas políticas para la reforma constitucional que implementa el Sistema Estatal Anticorrupción.

La legisladora precisó que reducir el impacto de la corrupción sobre la vida y en la percepción de las personas es esencial para la prosperidad y la estabilidad, y fundamental para aliviar a miles de ciudadanos de la pobreza.

“La implementación completa de la agenda anticorrupción implica un cambio radical en la cultura política y en sus prácticas, institucionalizando una cultura de responsabilidad basada en un conocimiento total de su propósito. En ello, la transparencia y la responsabilidad son precondiciones para el enriquecimiento total de los ciudadanos. Una responsabilidad que también signifique ir a la cárcel y asegurar que las injusticias no continúen rodeándonos y sumen a la ecuación de la corrupción”, subrayó.

En su oportunidad, la diputada Beatriz Manrique manifestó que el dictamen puesto a consideración era un gran avance en uno de los temas que más ha dañado a la sociedad y un reclamo unánime de todos los sectores de la población como es acabar con la corrupción.

Indicó que con esta reforma constitucional se genera una oportunidad única para corregir los errores, las fallas, las omisiones e insuficiencias que han propiciado que la corrupción sea percibida y reconocida por la sociedad como una actividad común y frecuente en las funciones públicas.

“Esta reforma constitucional permitirá establecer de manera integral un sistema institucional equilibrado contra la corrupción. Fortaleciendo su estructura, su autonomía y basado en la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos”, subrayó la diputada.

El dictamen fue sometido a votación en primera instancia en lo general, aprobándose por unanimidad de la Asamblea.

Al ser sometido a votación en lo particular, el diputado David Alejandro Landeros de la representación parlamentaria de Morena, presentó una reserva a la fracción primera del artículo 132, en lo relativo a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

“Estamos de acuerdo en que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción tenga autonomía técnica y operativa, sin embargo también creemos que debe tener la suficiente autonomía política, para que sea verdaderamente objetiva cuando incurran en responsabilidades servidores públicos que sean del Ejecutivo, Legislativo, Judicial u Organismos Autónomos, sin importar la ideología política o intereses particulares”, manifestó el diputado.

La propuesta registró 33 votos en contra y 1 voto a favor, por lo que no fue aprobada.