Guanajuato, Gto. No fueron sólo “algunas”: la Fiscalía General del Estado confirmó que cinco de las seis celayenses desaparecidas fueron asesinadas y, para tratar de ocultar la evidencia, fueron calcinadas. La restante sigue desaparecida.

El fiscal Carlos Zamarripa informó lo anterior y agregó siguen varias líneas de investigación, incluida la de una posible trata de personas. Hasta el momento hay 14 detenidos vinculados con este caso. El fiscal explicó:

“Tenemos muy claro que las circunstancias por las cuales ellas fueron privadas de su libertad inicialmente, y después por lo menos algunas de ellas fueron privadas de la vida, es un hecho muy grave y que tendremos que llegar hasta las últimas consecuencias”.

En el lugar donde fueron localizados los restos humanos también se detuvo a seis integrantes de un grupo criminal, en posesión de armas y droga. Cinco de los detenidos son originarios de Tamaulipas y uno más de Honduras.

Por el caso, en total hay 14 detenidos, se han realizado cinco cateos y se han asegurado ocho vehículos, 23 armas de fuego, drogas, explosivos, dinero y 16 chalecos tácticos, así como cartuchos y cargadores.

Destacó que las personas responsables de los asesinatos intentaron calcinar los cuerpos y sólo se encontraron los restos. Al hacer la confronta genética, en cinco de los casos ya se comprobó su identidad, explicó el funcionario.

Respecto a la versión de que la hermana de una de las jóvenes también estaba desaparecida, Zamarripa Aguirre dijo que ya fue localizada.

En menos de una semana, ocho mujeres desaparecieron en la zona norponiente de Celaya. Seis de ellas estaban juntas cuando dejaron de comunicarse con sus respectivas familias.

En redes sociales fueron difundidas las fotografías de las mujeres, acompañadas por textos en los que se dice que fueron vistas por última vez el pasado martes 7 de marzo en el camino a San José de Guanajuato, muy cerca de un fraccionamiento residencial, al norponiente de Celaya, que conecta el municipio con la comunidad de Santa Rosa de Lima, en Villagrán.

Hasta el momento la Fiscalía reporta seis detenidos como presuntos responsables de la muerte de las jóvenes. También informó de otros doce detenidos, señalados como posibles homicidas de un joven empresario irapuatense Jair Martínez, al que habían privado de su libertad.

Familiares de las jóvenes acusaron de apático al presidente municipal celayense, José Mendoza Márquez y familiares del empresario localizaron gracias a la señal digital del teléfono celular la ubicación del joven, pero la policía tardó 30 horas en cumplimentar la orden de cateo. Lo encontraron muerto.

Morena exige destituir a Zamarripa y Cabeza de Vaca

El Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) difundió un posicionamiento en el que condena la muerte de las jóvenes y exige la destitución del fiscal Zamarripa y del Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca.

El documento señala que “la desaparición de personas y la violencia contra las mujeres sigue siendo una constante violación a los derechos humanos que no está siendo atendida de forma adecuada en nuestra entidad”.

Manifiestan solidaridad hacia las más de 3 mil personas desaparecidas en la entidad que no han podido ser halladas por las autoridades correspondientes.

Acusaron ineficiencia de las autoridades y exigen que Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca sean destituidos de sus cargos como Fiscal General del Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado.

Quienes les sustituyan, destacan, “deben mostrar voluntad de prevenir y atender las desapariciones y la inseguridad generalizada que vivimos en el estado de Guanajuato”.

Informan: “daremos puntual seguimiento a las propuestas que hemos realizado para contribuir a atender la crisis de violencia contra las mujeres que vivimos, incluyendo la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres, la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, el respaldo a las propuestas de los colectivos en la Agenda Común en materia de Búsqueda de Personas, entre otras”.

También informaron que en la próxima sesión ordinaria presentarán tres propuestas “para abonar en la construcción de la paz en la entidad: una solicitud para la emisión de la alerta de género en Guanajuato, la incorporación de la Ley Ingrid al Código Penal del estado, y una reestructuración de las labores de investigación policial en el ámbito de la procuración de justicia”.

Y el PAN también demanda justicia

El Grupo Parlamentario del PAN en Guanajuato también se manifestó por hacer justicia a las celayenses asesinadas. Enviaron un comunicado en el que se solidarizan con familiares de las mujeres, así como las del empresario de Irapuato y las personas que perdieron la vida en Apaseo el Grande.

Demandan justicia para todas las víctimas y “se aplique todo el peso de la ley en los casos referidos”. Añaden:

“Exigimos una verdadera coordinación y resultados tangibles a los gobiernos federal, estatal y municipal, para lograr la paz social en cada espacio público, en cada municipio, entidad federativa y, por supuesto, en Guanajuato”.

Agregaron que “La paz y justicia trasciende colores e intereses particulares, por lo que estos lamentables hechos no deberán politizar la seguridad pública, sino al contrario deben obligar a que todos juntos, sociedad y gobierno, formemos un frente común contra la inseguridad de la que ha sido presa todo el país”.

Finalmente, reiteran “un llamado a todos los órdenes de gobierno y a las y los integrantes de los tres Poderes federales y los del estado, de atender la demanda de la sociedad y en particular de brindar más seguridad y justicia para las mujeres”.