Guanajuato, Gto. Hace 18 meses que el Nacional Monte de Piedad solicitó a la Procuraduría de Justicia del Estado Guanajuato la firma de un convenio de colaboración, para evitar la comercialización de objetos robados en las casas de empeño, solicitud que hasta la fecha no ha sido atendida.

Iker Fernando Lavin Martínez, director jurídico del Nacional monte de Piedad, señaló que desde hace año y medio se realizó la solicitud para la firma del convenio, y hasta el momento no se ha dado respuesta, ni fecha para la celebración del mismo.

Detalló que el objetivo de la institución de Asistencia Privada (IAP) es establecer vínculos de coordinación y comunicación para realizar acciones y evitar la comercialización de mercancías ilícitas.

“El nacional Monte de Piedad lo solicitó en aras de fortalecer todas estas actividades en contra de ilícitos, sobre todo que en los últimos años se han acrecentado en la casas de empeño mercantiles. Hemos venido solicitando estos convenios de colaboración e información. Al momento tenemos firmados 16 convenios con las procuradurías de Justicia de 16 estados, donde el principal objetivo es intercambiar información”.

Destacó que la casa de empeño toma medidas preventivas con sus pignorantes, a quienes identifica. En otras entidades ha entablado mayores lazos de coordinación para evitar situaciones delictivas, por lo que se dijo entusiasta de que la mencionada solicitud pronto obtenga respuesta.

PROFECO revisa la actividad

El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), José Huerta Arredondo, informó que se ha suspendió la actividad comercial en 21 de las 34 casas de empeño que han sido sujetas a revisión en lo que va del año, de las 300 empadronadas.

Precisó que las acciones de verificación hechas a las casas de empeño, han sido en los municipios de: León, Guanajuato, Irapuato, San Miguel de Allende, Acámbaro, Salamanca y Celaya, donde se han encontrado acciones irregulares, particularmente en la falta de información comercial, y se ha impuesto sanciones económicas que van desde 10 hasta 50 mil pesos.

“Porque no cumplen con aspectos informativos que contempla la Ley Federal del Consumidor, o en su caso la Norma Oficial Mexicana 179, que regula el contrato de mutuo con interés prendaria.

El consumidor tiene derecho a la información sobre horarios de atención, que se deben establecer de manera clara y visible, el costo anual total, número de refrendos que tenga  derecho de no poder desempeñar y el contrato de adhesión”.

Agregó que las casas sancionadas ya rectificaron su actuación comercial, para resguardo de los intereses comerciales de los consumidores, pues resaltó que las verificaciones se hacer en conjunto con otras instancias.

“Son operativos en conjunto con otras dependencias, tanto del orden federal, estatal y municipal. No está la Profeco trabajando de manera aislada; son acciones coordinadas por la Secretaria de Gobernación, Cisen, Secretaria de seguridad, Procuraduría del Estado y Policía Federal.