Guanajuato. Gto. Con el propósito de impulsar una cultura de transparencia, rendición de cuentas y honestidad en la función pública, el gobernador Miguel Márquez enviará a consideración de la Asamblea Legislativa, para su revisión y análisis, la Iniciativa de Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

Con dicha iniciativa el Gobierno del Estado reitera su compromiso de ser un garante en la aplicación correcta y clara de los recursos públicos en los programas y obras que se realizan para el desarrollo social y económico de las familias.

“Como Gobernador del Estado, tomo la iniciativa de trabajar para que cada recurso público, cada peso o centavo, sea bien invertido para el beneficio y mejora de la calidad de vida de las  familias Guanajuatenses, sobre todo de las que menos tienen”.

Para que exista corrupción, puntualizó el Ejecutivo, se requiere de la participación de dos personas; “estamos hablando del servidor público que se presta a estos ilícitos, como también, de la persona física o moral que accede y en su caso propone”.

Este nuevo marco jurídico establece responsabilidades y sanciones que deben imponerse a personas físicas y morales de nacionalidad mexicana o extranjera, por infracciones en que incurran de forma directa o indirecta, con motivo de su participación en contrataciones públicas a nivel estatal o municipal, ya sea con el carácter de interesados, licitantes, invitados, proveedores, adjudicados o contratistas, permisionarios y concesionarios.

Incluyéndose accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas, empleados o que con cualquier otro carácter intervengan en las contrataciones públicas; al igual que a los servidores públicos que participen, directa o indirectamente.

Establece la integración de órganos de control interno para interpretar y aplicar la presente Ley, y además reglamenta la investigación que procede al procedimiento administrativo sancionador de oficio o por denuncia, además, los faculta para requerir a las personas físicas y morales, públicas o privadas, la información necesaria para integrar la investigación.

Las sanciones que de ello se deriven, oscilarán para las personas físicas, en multas de mil a 50 mil salarios mínimos y hasta la inhabilitación para participar en contrataciones públicas de 3 meses a 8 años.

Para el caso de personas morales, van de una multa de 10 mil a 2 millones de salarios mínimos, hasta la inhabilitación de 6 meses a 10 años.

“Esto tiene como única finalidad, que tengamos un Gobierno honesto, un Gobierno transparente que tenga mejor rendición de cuentas, pero que también hagamos de la cultura ciudadana la honestidad en nuestra vida diaria”, enfatizó el gobernador, Miguel Márquez Márquez.   

La iniciativa incorpora las prácticas internacionales de la Convención Interamericana contra la corrupción de la Organización de los Estados Americanos, de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales; de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, e incluye los procesos de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.