Guanajuato, Gto.- “Sin duda, debemos responder con toda la fuerza de la ley y con toda la legitimidad del estado para respaldar a quienes procuran justicia y protegen nuestra seguridad”, dijo el diputado Guillermo Aguirre Fonseca.

Esto, al presentar – a nombre del Grupo Parlamentario del PAN del Congreso local – una iniciativa que adiciona un artículo 141-a al Código Penal del Estado de Guanajuato, y tiene como objeto agravar la pena en el caso de que se cometa el delito de homicidio en contra de integrantes de las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia.

Aguirre Fonseca señaló que, en el caso concreto que se pretende agravar, “debemos mencionar que actualmente a los policías se les exige cumplir sus funciones apegados a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.

“En este sentido, para que se logre que el policía cumpla con su labor conforme a los principios señalados, es necesario que se satisfagan necesidades materiales, condiciones personales, capacitación, condiciones laborales y condiciones de seguridad”, abundó.

El legislador apuntó que la propuesta “se constituye como una medida que pretende aumentar la temeridad ante la comisión del homicidio en contra de integrantes de instituciones de seguridad pública y de las instituciones de procuración y administración de justicia, la cual tiene como objeto prevenir la comisión de este tipo de conductas”.

Refirió que “la propuesta se funda, también, en el hecho de que 11 estados de la república contemplan la agravante del delito en los casos de homicidios cometidos en contra de los integrantes de las instituciones de seguridad y de procuración e impartición de justicia. Incluso, es necesario señalar, que el Presidente de la República el pasado 14 de julio, hizo un llamado a agravar las penas para agresores de policías; lo anterior es una muestra de que la propuesta contenida en la presente iniciativa es un tema de relevancia nacional.

Cabe destacar que la iniciativa contempla establecer una pena de 30 a 60 años de prisión a todo aquel que comenta homicidio en contra de los integrantes de las instituciones de seguridad pública y de las instituciones de procuración y administración de justicia en materia penal.