Tachas 637 • El barrio y la ciudad • Andrea Tammarazio

 

Introducción

Los habitantes de los barrios Hardoy y San Jorge residen en el “Área Metropolitana de Buenos Aires”[1], es decir, en el área de la tercera ciudad más grande de Latinoamérica[2], luego de Sao Paulo y de Ciudad de México[3]. Así se los incluye en el 80,3% de la “población urbana” de Latinoamérica y el Caribe; y en el 23,5% de esta población que vive en “asentamientos informales”[4]. Estos datos cuantitativos expresan la magnitud y actualidad de la problemática del crecimiento poblacional en las ciudades a nivel internacional y contextualizan la problemática a partir de ciertas variables socioeconómicas y habitacionales; y también expresan formas de clasificar espacios y personas. Poco dicen respecto a qué es un “asentamiento”, qué significa estar incluidos en las cifras referidas a la “pobreza urbana”, o qué es formar parte de un gran “aglomerado urbano”. 

El Estado asume un rol en la organización y representación del espacio público, regulando la vida social a partir de la imposición del poder político en términos de políticas públicas (Corrigan y Sayer, 1985) y categorías discursivas (Douglas, 1986; Frederic, 2005). En este sentido, las políticas de “tierra y vivienda” o las destinadas al “hábitat popular” se basan en un concepto racional de un “espacio concebido” desde la planificación (Lefebvre, 1974); y postulan una teoría del progreso que privilegia la racionalidad más allá de las prácticas cotidianas de sus habitantes. De esta manera, el Estado organiza el territorio, establece fronteras geopolíticas y así incide sobre las relaciones sociales y en el día a día de los ciudadanos. Junto a estas políticas, aunque de manera menos visible, también se promueve “el mejoramiento habitacional”, “una mejor calidad de vida”, la “integración a la ciudad”[5], una “solución para la pobreza urbana”. Al entender necesaria su “inclusión” al “resto de la ciudad” se está considerando que los habitantes de estos “enclaves urbanos” (Wacquant, 2001) están al “margen” de la sociedad y se deben acercar al modelo de ordenamiento urbano del “resto” de la ciudad. Los habitantes interpelan esta forma de pensar el espacio urbano, proponiendo una concepción de espacio vivido, habitado, en donde las relaciones sociales son el centro, pero también reproducen estas formas naturalizadas de ordenar los espacios. 

El objetivo de este primer capítulo es confrontar los modos en que se habla de la ciudad desde el lenguaje de los técnicos y políticos vinculados a programas de urbanización y desde el lenguaje de uso cotidiano de los pobladores; dando cuenta del valor de incorporar a los niños y niñas de los barrios en esta discusión, ya que ellos plantean las dificultades que tienen los programas de gobierno en los lugares en los que viven. Describo algunas características de los barrios Hardoy y San Jorge, algunos aspectos de la vida de su comunidad, rasgos que los identifican con las categorías de “barrio” o “villa”-“asentamiento” y los distancian del modelo de ciudad “oficial”, mostrando el contexto a nivel local, municipal y regional de estos dos barrios en tanto parte constitutiva de la ciudad. 

El capítulo se divide en dos partes. En primer lugar, describo el “Área Metropolitana de Buenos Aires” y aspectos de la planificación urbana a nivel municipal, luego características del barrio San Jorge y Hardoy, principalmente enfocadas en la estética y diseño urbano para comprender por qué estos lugares se asocian con los conceptos de “villa” o “asentamiento” y “barrio” presentes en el imaginario social urbano. En una segunda parte, señalo algunas características de la vida en el barrio –tema que será retomado a lo largo de toda la etnografía– con el propósito de acercarnos a la configuración del espacio desde la perspectiva de sus habitantes. 

Contribuyendo a los estudios que abordan la relación entre espacio y política (Low et ál., 2003; Massey, 1994), Hilda Kuper (1972) señala que el proceso de interacción político puede estar empíricamente expresado en disputas o manipulaciones sobre el espacio, como así también simbólicamente expresado en la “lengua de los sitios”. Seguí este planteo para reflexionar sobre cómo desde los programas de reordenamiento urbano se nombra, se asignan “etiquetas” (Douglas, 1986: 147), se organiza el espacio urbano y se da cuenta de su transformación; los “barrios” nuevos en oposición a las “villas” o “asentamientos”, siendo considerados estos últimos como “obstáculo[s] para el desarrollo de la ciudad” (PROMEBA, 2004a: 1)[6]. Esta lógica del Estado es consecuente con una lógica política como lo planteo en este capítulo y en el siguiente– que considera acciones y políticas municipales locales en vinculación con procesos globales (Massey, 1994) según la planificación y configuración de la ciudad a nivel provincial y/o nacional. Atender al “lenguaje de los sitios”, tanto de los técnicos como de los habitantes, fue una de las formas que encontré para poder comprender las tensiones entre las políticas públicas y las prácticas cotidianas, y también para discutir conceptos como “integración” a la luz de mecanismos de segregación socio-territorial. Dar cuenta de la articulación de estas diversas perspectivas, prácticas y discursos diferentes que conviven en los procesos de urbanización fue parte esencial de mi camino de extrañamiento etnográfico. 

 

El área metropolitana

El “Área Metropolitana de Buenos Aires” (AMBA) está constituida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el “Gran Buenos Aires” o “conurbano bonaerense”[7] y un conjunto de partidos circundantes –un total de 40 municipios–, que se subdividen en “cordones” según la mayor o menor cercanía a la Capital Federal; área que concentra el 33% de la población del país en sólo 4% del territorio nacional. 

Buenos Aires, como muchas de las ciudades coloniales europeas, tiene un modelo de trazado que sigue una cuadrícula homogénea de 100 metros por 100 metros, promocionada por la topografía de la Pampa argentina; característica que, junto con el modelo agro-exportador, generó una expansión ilimitada en dirección oeste, sur y norte de la población (Hardoy, 1987; Janches y Rohm, 2012)[8]. Este trazado urbano es una de las características principales en el lenguaje técnico del mundo urbano que identifica a los “barrios” y los diferencia de las “villas”. El término de “villa” es cada vez menos utilizado por técnicos, profesionales y políticos por su sentido estigmatizante y por asociarse en la historia argentina con las políticas de la época de la dictadura. Éste ha sido reemplazado por “asentamientos irregulares” o “asentamientos informales” (que incluye a “villas” y “asentamientos”[9]), “asentamientos precarios”, “barrios carenciados” o “barrios populares” o “vulnerables”; sin embargo, aún persiste en el lenguaje de los medios de comunicación y en el lenguaje cotidiano de los habitantes, sobre todo de las clases medias. 

Los barrios Hardoy y San Jorge se localizan en el partido de San Fernando, en el segundo “cordón” del conurbano norte, a 30 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de Buenos Aires, en el eje que también se conoce como “corredor norte” que tiene como circuito la ruta nacional Nº 9 hacia Pilar, Zárate, Campana y llega hasta Rosario como parte de las inversiones a nivel industrial e inmobiliarias de los últimos años. 

El partido de San Fernando se extiende desde el río Luján hasta la Autopista Panamericana, limitando con los partidos de Tigre y San Isidro. Tiene una población de 163.240 habitantes de los cuales el 23,6% son niños y niñas menores de 14 años (INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010). Este municipio, si bien es grande en términos de superficie total, concentra el 98% de su población en tan solo 23 km2 de superficie continental, mientras el 2% restante habita la zona de islas del Delta del Paraná en una superficie de 950 km2 (UMEC, 2005-2006)[10].

El gobierno municipal divide el área continental del partido según dos criterios: 1) “socioeconómico y territorial”, que distingue entre “barrios” “que dan cuenta de la población más vulnerable” con el 11,5% y el “resto” con el 88,5%; y 2) “geográfico”, que divide el partido en tres zonas (UMEC, 2010). 

Según datos oficiales del municipio, de la población que vive en “barrios”, el 14,6% es “pobre”[11] y el 4,6% es “indigente”; el 58% tiene un promedio de ingreso per cápita del hogar de $448 (“quintil 1”); mientras que el 3% tiene un promedio de ingreso per cápita del hogar de $3.016 (“quintil 5”); el “hacinamiento”[12] es de 31,2%, mientras en el “resto” es de 5,5% (UMEC, 2011); el 29% carece de servicios básicos –al menos de uno–, mientras en el “resto” sólo el 5,8% (UMEC, 2010). Asimismo, como se observa en el siguiente gráfico, la población infantil es mayoritaria en los “barrios”. 

En cuanto a los datos correspondientes a la división geográfica: la “zona 1” es la zona este, próxima a la costa del Río de la Plata y al casco histórico del municipio, con el 0,2% de hogares con “indigencia” y el 1,7% de “hacinamiento”, la “zona 2”, una región intermedia con el 2,2% de “indigencia” y el 8,7% de “hacinamiento”, y la “zona 3”, ubicada al oeste, con el 1,3% de “indigencia” y 12,3% de “hacinamiento” (UMEC, 2010; UMEC, 2011). 

Los límites geográficos entre zonas están delimitados por las vías del ferrocarril, el Acceso Norte Ramal Tigre y la Autopista Panamericana. La expansión y ocupación territorial histórica del partido, de este a oeste, es coincidente con el mayor a menor nivel socio-económico de sus pobladores y con las políticas locales de “reordenamiento” territorial del partido; aunque a partir de fines de los años ochenta, impulsados por las políticas neoliberales de la dictadura, los “barrios cerrados” se incorporaron a la zona oeste, generando sectores diferenciados por el nivel socioeconómico y distanciados físicamente por muros, y disputando el “uso del suelo” con los sectores de bajos ingresos; así también las cifras respecto a “pobreza” e “ingresos” se equipararon entre las tres zonas. 

Los barrios Hardoy y San Jorge se sitúan en la “zona 3”, en la localidad de Virreyes, en lo que se conoce localmente como “Virreyes Oeste” o el fondo de Virreyes. Están ubicados en la cuenca del Río Reconquista, en una región que antes de sus primeros poblamientos era conocida como “los bañados del Río las Conchas” (Segura, 2012: 203) por encontrarse en el valle de inundación de este río –cuyo cauce recorre dieciocho partidos del AMBA y es el segundo más contaminado de la República Argentina–. Al igual que en la cuenca Matanza-Riachuelo –al sur del Gran Buenos Aires–, los habitantes de más bajos ingresos ocuparon los terrenos menos aptos ambientalmente, más baratos desde el punto de vista del mercado inmobiliario, sin servicios básicos, pero cercanos a centros comerciales y de producción, para convertirlos en zonas urbanas de residencia permanente[13].

En el año 2006, un año antes de comenzar con mi trabajo de campo, estos dos barrios eran considerados por la Unidad Municipal de Estadísticas y Censos del partido de San Fernando como parte de los “17 barrios carenciados” del municipio (UMEC, 2006). En junio de ese mismo año, se realizaba el “1º Encuentro de Tierras: Somos toda una ciudad”, organizado por el Área de Reordenamiento Urbano del gobierno local[14]. En dicho acto político, estos dos barrios eran clasificados como parte de los 22 “Barrios de Emergencia, Asentamientos y Barrios Nuevos” del partido y como “beneficiarios” directos de las políticas públicas de urbanización orientadas a “transformar la ciudad” en pos del “mejoramiento de la calidad de vida”. Estas acciones políticas implicaban: “procesos de relocalización de familias”, “construcción de viviendas”, “construcción de infraestructura urbana y de servicios”, “construcción de equipamiento comunitario”, así como “conformación de mesas de trabajo barriales”, según se describía en el boletín municipal que se distribuyó en el evento, al cual participé como parte de mis actividades en la ONG. 

Algunas de estas “estrategias” de orden urbano formarían, en 2008, parte del “Plan de Desarrollo Urbano” municipal, “herramienta básica de definición de las políticas de desarrollo territorial”[15]. Según este “Plan”, el “sector oeste presenta los menores niveles de estructuración y consolidación urbana, de dotación de servicios y de oferta de equipamientos (…) los mayores niveles de pobreza, informalidad y suelos vacantes del Área Urbana”, ubicando al barrio San Jorge como “zona especial de reordenamiento urbano”[16] y al barrio Hardoy como “urbanizaciones de interés social” (2009, Título II, pp. 8 y 73). 

Estos dos barrios de la “zona oeste” de Virreyes se configuran como parte de los “barrios carenciados” distinguidos del “resto” del partido (UMEC, 2010) y como parte de las “villas y asentamientos irregulares” que el gobierno nacional quiere “mejorar” a partir de la implementación de programas como el PROMEBA[17]. Estos términos no sólo describen variables urbano-habitacionales (falta de infraestructura pública, servicios, accesos, viviendas construidas con materiales de baja calidad constructiva), ambientales (zonas cercanas a polos industriales, ríos contaminados, lugares con basura acumulada) y socio-económicas (población con bajos ingresos, escaso nivel educativo, alta tasa de desempleo o de empleo “informal”, problemas de salud) centrándose en las “faltas” o “carencias” en relación al modelo urbano oficial, sino que también marcan fronteras socio estructurales y simbólicas con el resto de los barrios “no pobres”. Esta dicotomía entre “pobres” y “no pobres” está cargada de significados y estereotipos naturalizados, que responden a un contexto histórico, y estigmas que clasifican a los grupos de personas, los asocian al lugar físico en el que viven, criminalizan la pobreza[18] y explica que algunas personas sostengan y naturalicen quees peligroso como parte de su rutina de circulación dentro de la ciudad. Además, a través de los medios se reproduce el estigma que rodea a los “barrios carenciados”, por ejemplo, en la siguiente noticia que da cuenta de la construcción de puestos policiales en las zonas consideradas “difíciles”: 

“Como parte de las políticas de seguridad que tiene el Intendente Luis Andreotti para San Fernando se construirán durante este año 4 nuevas postas policiales, todas financiadas con fondos municipales. La primera, ubicada en Martín Rodríguez y Sobremonte, en el barrio Crisol (…). La segunda, en Ruta 202 y Arroyo Cordero (…) se construirán dos postas policiales más, uno en la calle Alvear y el Tren de la Costa, y el otro frente al barrio San Jorge en la Ruta 202. (…) ‘Esta es una zona difícil pero el Municipio tiene que estar presente. La gente nos está pidiendo mayor seguridad y la presencia municipal junto a los patrulleros va a ayudar mucho al control y a la prevención de la inseguridad’, expresó Andreotti”. (Nota de Prensa, 11-06-13[19])

 

La “lógica dual” (Casabona y Guber, 1985[20]) marca las “diferencias” entre grupos sociales, clasifica “ricos-pobres”, “legales-ilegales”, “villeros no villeros”, “villa-barrio”, “centro-periferia”, “barrios-resto”, “violentos no violentos” y considera a estos grupos como desarticulados entre sí y autónomos, desconociendo las relaciones económicas, laborales, de producción, y políticas que comparten “ambos sectores” o las diferentes clases sociales que habitan en la ciudad, y ocultando así los mecanismos que reproducen las desigualdades sociales[21].

Desde el punto de vista del modelo racional de ciudad “oficial”, estos “enclaves de pobreza urbana” (Wacquant, 2001) se constituyen como lugares a los que hay que “mejorar”, “urbanizar” o “regularizar dominialmente” –no sólo a nivel local, nacional, sino global–, centrando el eje en la carencia y en el aspecto legal de la propiedad de la tierra. La frontera entre la ilegalidad y la legalidad de la ciudad (Hardoy, 1987) constituye uno de los parámetros más fuertes, arraigados en el sentido común de la clase media, que estigmatiza a los “pobres urbanos”, organiza “el paisaje urbano y el espacio público” (Pires do Rio Caldeira, 2007[22]), y es uno de los mecanismos que colaboran en la segregación social de la población que habita estos territorios. De esta manera, estos territorios se construyen desde el poder del conocimiento y del discurso como diferentes “al resto” de la ciudad; estableciendo categorías y modelos respecto a cómo debe ser la ciudad y cómo no lo es, imponiendo los “valores del progreso, de bienestar, de bien-ser” (Mignolo, 2003: 20), desconociendo la lógica y el modelo urbano local de estos “asentamientos informales”, partiendo de la idea de que se encuentran “al margen” de la sociedad y deben ser “integrados”. Así, nadie parece cuestionar que una “villa de emergencia” o un “asentamiento informal” debe transformarse en “barrio” para “mejorar” la ciudad. Esta perspectiva, que como técnica había naturalizado, se corresponde con un modelo de ciudad de “progreso” propuesto desde las políticas públicas como el modelo de “mejoramiento urbano”. 

 

 

Texto cedido para promoción por los editores del libro Ciudades a pie. Andrea Tammarazio. Miño y Dávila Editores. 2016, Buenos Aires. 

 

 

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Andrea Tammarazio (Argentina). Maestría en Antropología Social y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con un Posgrado en Niñez y Derechos Humanos. Se especializa en la gestión social de proyectos en contextos complejos, con una sólida trayectoria en la implementación de políticas públicas que promueven la perspectiva de género, diversidad e inclusión.
 

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