El sistema de partidos en México y las reglas del juego electoral se han estado poniendo a prueba desde el 8 de septiembre de 2017 en que inició el proceso electoral 2017-2018 y que concluirá en la primera semana de agosto de este año.

Las consideraciones y las decisiones del Tribunal Federal Electoral vuelven a ser objeto de una intriga que raya en la sospecha, que deja en claro lo imperfecto que es el Derecho Electoral que se ancla en seis grandes leyes: 1) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2) La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 3) La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 4) La Ley General en Materia de Delitos Electorales, 5) La Ley General de Partidos Políticos, y 6) La Ley de Consulta Popular.

Todo este sistema crea un entramado electoral al que se suman los acuerdos del Consejo General del IFE y del ahora INE, y de las actuaciones y sentencias del Tribunal Federal Electoral, y que se tiene que aderezar con la normatividad electoral vigente en cada una de las entidades federativas, que tiene sus rasgos y detalles propios. Baste ver la diversidad de figuras y nombres que adquieren los Organismos Públicos Locales –OPLES- y su normatividad interna y sus atributos.

En la disputa por el poder político a través de las elecciones, que se da dentro del marco normativo, las formas que adquiere la lucha electoral desde la actuación de los partidos políticos –y ahora también en las figuras de las y los candidatos independientes-, da como un primer resultado antes del inicio de las campañas electorales, este 30 de marzo de 2018: la necesidad de revisar el sistema electoral en su conjunto, que nos pone ante una serie de conductas que oscilan como un péndulo entre el cinismo de los actores políticos y el desprecio hacia la ciudadanía.

Un sistema electoral confeccionado desde los propios partidos políticos y para el que ante presiones sociales, de las OSC’s al interior y de los organismos internacionales, se lograron reformas en la ley electoral, incluyendo las candidaturas independientes y la consulta popular, además de dar nuevas atribuciones al árbitro electoral, sobre todo en el tema de la fiscalización de los recursos económicos utilizados en las campañas electorales y en los acuerdos para la organización de las elecciones concurrentes entre el INE y los OPLES.

Sin embargo, una serie de hechos muestran todo lo que falta ajustar en materia electoral. El tema de las candidaturas independientes es un ejemplo: de 48 registros aceptados por el INE, sólo tres inicialmente alcanzaron el mínimo impuesto por la ley, pero resulta que hicieron trampas, marrullerías y triquiñuelas, termianndo con el Bronco y Ríos Piter descalificados por falsear datos de las firmas de apoyo. Margarita Zavala, tuvo un número también alto de inconsistencias, y en los próximos días se verá si se avala su registro, dado que hay un procedimiento sancionador en curso.

La candidata del Congreso Nacional Indígena, María de Jesús Patricio, demostró que la ley no es equitativa para una candidatura verdaderamente independiente del sistema de partidos. Hizo una labor de base, desde abajo, por reunir las firmas solicitadas, en condiciones de realidad, la de un país desigual, que excluye y margina, con una estrategia que no compró firmas, no alteró registros, y no pudo usar en las zonas más lejanas y pobres del país la “app” diseñada por el INE, pero alcanzó una validación del 94% de las firmas de apoyo. Siendo ella quien reunió más firmas que las del número de militantes requeridos para formar un partido político, ella y lo que representa no podrá estar en la boleta electoral.

Una ley electoral que permitió un periodo de precampaña innecesario. Las tres coaliciones políticas que se formaron no tuvieron en su interior contendientes internos, pero si un solo ungido en cada caso. Se gastó el recurso y ese apoyo se usó para hacer una campaña abierta, aunque disfrazada, para atraer votantes, aspecto que violó la ley electoral. Tuvimos un periodo de intercampaña que también se vio envuelto en la indefinición, entre lo que sí se puede hacer y lo que no, entre lo que sí pueden difundir los medios masivos de comunicación y lo que no. En esa ventana de tiempo vimos cómo el gobierno de la República y los gobiernos estatales y municipales se dieron a la tarea de hacer entrega de obras, actos de gobierno para anunciar resultados, se llevaron a cabo informes de gobierno, es decir, aprovecharon el espacio para promover de forma indirecta a sus partidos políticos y a las y los precandidatos, ante unos legisladores y legisladoras federales que se resisten a normar la publicidad oficial, aunque hayan sido mandatados a hacerlo ante el resultado del amparo que promovió “Articulo 19”ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una ley electoral que sin duda operará para el buen funcionamiento de las casillas en todo el país, y en donde la ciudadanía demostrará su compromiso cívico y social. Pero se debe dejar en claro que esta buena disposición ciudadana no elimina el problema real que se ve venir nuevamente, luego de lo que pasó en las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, en donde las prácticas ilegales de los partidos políticos se dan a través de la compra y coacción del voto o del uso del miedo, del rumor y ahora, como ya se sabe, del uso de las redes sociales para impulsar tendencias, para difundir información falsa, para influir en los usuarios de las redes sociales a través de mecanismos de presión como los que han sido denunciados en estos días.

Los partidos políticos y sus dirigentes tratan a la ciudadanía con desprecio. Piensan que las personas no podemos hacernos de un juicio informado, autónomo, libre, propio y crítico, y se dan a la tarea de usar el chantaje a través de los programas sociales y del acceso a los servicios públicos, o presionar con el riesgo de que perdamos el derecho a la seguridad laboral. Por eso se dan a la tarea de difundir ideas de “peligro” para intimidar y dirigir el voto según convenga, buscan tirarse lodo y mostrarnos lo peor de la política- la corrupción, la impunidad, la ineficiencia-, para hacernos creer que entre más lejos estemos de la política es mejor, es decir que los dejemos hacer lo que quieran, como por ejemplo aprobar las llamadas Reformas Estructurales, o están como ahora, buscando aprobar la iniciativa de una ley para que se pueda vender la biodiversidad del país –rematar nuestros recursos naturales-, o están por aprobar una nueva reforma laboral, para terminar de una vez por todas, con los derechos protegidos por la Ley Federal del Trabajo.

Son cínicos. Creen que no nos damos cuenta de que desde hace más de tres décadas, los partidos políticos han jugado a que creamos que son democráticos y que les importa la democracia como un valor nacional. Lo demostrado es que juegan y se pelean por el poder como parte de las élites que han formado, junto con los grupos de poder que controlan el país –legal o ilegalmente-, políticos, servidores públicos y legisladores ligados a los intereses de empresas y consorcios, que procuran con vehemencia cumplir al pie de la letra los dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE o del Tesoro Norteamericano, así como de los organismos empresariales, de comercio o financieros –internos y externos- que ven en México un país rico en oportunidades para ellos.

Ante el cinismo y el desprecio están la ética y la dignidad; ante el abuso y la ignominia están la justicia, el honor y valor. Nos vendría muy bien en estos tiempos electorales, recuperar la memoria y la historia reciente de este país que nos pertenece.