Uno de los retos que la ciudadanía tiene es evaluar el desempeño de sus gobernantes. Se espera que haya gobiernos profesionales, responsables, honestos, confiables y de forma muy idealizada, que éstos tuvieran un nivel de autocrítica –producto de la madurez política-, que les permitiera constantemente ver las áreas de oportunidad que tienen en la administración pública y en la manera de ejercer el poder del modo más democrático posible.

Sin embargo, lo que vemos es que se ha creado un complejo sistema de relaciones, tanto formales como informales, que van desde la parte más formal, la jurídica, hasta la que pasa por las prácticas políticas no escritas, y que en conjunto han creando una cultura política que privilegia el uso y abuso del poder, y con ellos, la creación de una serie de mecanismos de protección, de acceso a privilegios que son fermento de la corrupción y la impunidad.

En México, país en el que los escándalos duran a veces sólo días, ocupan sólo de vez en vez las primeras planas en el gran escenario mediático y luego se desvanecen, la corrupción y la impunidad parecieran ser atributos-carta de presentación y hasta de cierto prestigio entre los grupos, clanes y proyectos internos de poder, que se avalan dentro de los partidos políticos, como si fuera un nuevo medallero de éxitos, en donde se enaltece las habilidades para enriquecerse, para favorecer a los amigos y familiares, para sacar ventaja de la información privilegiada a la que tienen acceso y para esconder los usufructos de estar en el negocio de la política.

Cada partido político tiene su agenda de cara al proceso electoral. La corrupción y la impunidad son las banderas principales en la lucha política que se anuncia desde las engañosas precampañas electorales, pero tal pareciera que se trata de mostrar, de entre quienes constituyen la militancia de los institutos políticos, quién es el más corrupto, quién se han beneficiado del ejercicio de la administración pública. Ahí podemos ubicar a todos los exgobernadores que tienen órdenes de aprehensión y unos pocos que están en la cárcel, cabe decir, que están sin sentencias o cuentan con un alud de amparos, lo que muestra la capacidad económica que han logrado obtener para pagar los costos de su defensa, contratando firmas de despachos jurídicos que cobran las perlas de la virgen –y en dólares algunos de ellos.

Usar los mecanismos que el marco jurídico da para cuidar los recursos públicos debería ser suficiente para evitar estos desvíos: cuidar los procesos de licitación de contratos, supervisar las asignaciones directas que de forma discrecional hacen los gobernadores para contratar servicios, hacer uso de adecuado del gasto, lograr que los programas sociales cumplan sus objetivos, sería parte del Estado de Derecho que es urgente instaurar.

La estructura de control y revisión de las cuentas, en los procesos institucionales para la transparencia y la rendición de cuentas, debería también ser suficiente para develar, denunciar, sancionar y castigar a quien o quienes se aprovechen de su puesto, de su función y del poder que se les confiere. Sin embargo, todo esto no funciona, algo no está bien, cuando pese a toda esta maquinaria de supervisión y control, sabemos de desfalcos, de desvíos, de enriquecimiento inexplicables, de contratos con empresas fantasmas, de servicios que no se realizan, de productos de mala calidad, de compras con sobreprecios, y de toda una serie de maniobras para usar el dinero público en favor de personas o de partidos.

La caravana a la que convocó el gobernador de Chihuahua Javier Corral, logró su cometido e hizo que el nuevo Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, comprometiera la entrega de los 900 millones que le adeudan al gobierno de Chihuahua, y a acelerar los trámites judiciales para extraditar de César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Así, la protesta política, dejó en claro el tipo de maniobras que se usan desde el gobierno federal para premiar y castigar a los estados, y que la lucha en contra de la corrupción, que dio origen a que Hacienda quisiera hacer uso del dinero público asignado para querer chantajear al gobierno de Chihuahua, es un asunto que no debemos perder de vista, ya que demostraría la forma que se triangulan los recursos públicos en favor de un partido político con fines electorales, delito por demás grave en un país donde democracia sigue siendo un pendiente social y político.

La caravana cruzó por Guanajuato y el gobernador panista Miguel Márquez, de la misma filiación política que Javier Corral, no la recibió de forma pública. El propio mandatario estatal señaló que de manera privada le expresó su apoyo a su colega y correligionario de partido, poniendo en claro, que el PAN en Guanajuato dejó desde hace mucho tiempo ser un gobierno de oposición, y que el PAN en Guanajuato se ha dedicado a ser un gobierno cómodo, que ha logrado –pactando y negociando- recursos económicos por una parte, y por la otra, haciendo que el gobierno federal no meta las manos en los casos de escándalo que han protagonizado los gobiernos panistas, es decir, como se acuñó recientemente desde la sociedad civil, se consolida una relación política “a modo”, que permite usar el adjetivo “carnal” para describir esa relación.

Así, en Guanajuato hay un “#gobiernocarnal”, comportamiento político que va en detrimento de la lucha democrática por la transparencia, la rendición de cuentas y el trato en igualdad de condiciones de todos los estado del país, en el marco del pacto republicano que fundó nuestra Nación. Al parecer, al PAN en el estado sólo le interesa permanecer en el poder, tendiendo una red de prebendas, premios, complicidades y favores, sin entender que ser oposición es un deber ético y moral, cuando la corrupción y la impunidad prevalecen como los problemas más importantes del país.