Estamos a menos de tres semanas del cierre de campañas. El plazo vence el miércoles 27 de junio. El próximo martes 12 de junio será el tercer último de debate entre los candidatos a la presidencia del país.

En ese horizonte, la realidad política nos muestra con crudeza el cómo la democracia es un pendiente social al que aspiramos y al menos en lo que tenemos de la llamada democracia electoral.  Los actores políticos: partidos, candidatos y candidatas, así como las instituciones electorales y el marco jurídico que las contienen, muestran nuevamente una serie de fallas e imperfecciones, que inscriben en un contexto de vacío, indolencia e ineficacia del estado mexicano en su conjunto.

104 personas, candidatos y aspirantes a cargos de elección popular en este proceso electoral 2018 han sido asesinadas y se quiere aparentar que éstas son las elecciones más tranquilas de la historia reciente de México. Las agresiones, amenazas a periodistas y  asesinatos, se le suman  los ataques mortales a defensoras y defensores de derechos humanos. El contexto de la violencia y  muerte recorre el territorio nacional. Las ejecuciones, las desapariciones forzadas, los secuestros, las víctimas inocentes en los enfrentamientos en la guerra, los levantones y las extorsiones son el escenario en que se da una contienda electoral que sin duda es la más importante, por el contexto mismo en el que se da, tanto a nivel internacional y nacional.

Se están confrontado dos visiones de nación en esta elección presidencial. No se trata de izquierdas y derechas ideológicas, no se trata de totalitarios y populistas, ni de moralidades políticas. Se trata de dar continuidad a un modelo neoliberal de desarrollo  en el sentido ortodoxo, contra otro, que propone revisar algunos elementos del modelo vigente y en el que se proponen algunos ajustes para orientar de forma diferente la estrategia de desarrollo.

No se propone un cambio de régimen político, no se propone refundar el aparato de Estado, ni tirar a la basura mucho de lo que se ha construido como nación, no se propone una nueva constitución, aunque esto último parecería necesario, si tomamos en cuenta la profunda crisis de las instituciones del estado y de la falta de autonomía entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Sin embargo, la forma en que las campañas políticas se han desarrollado, muestran que los partidos políticos, las coaliciones amorfas y pragmáticas que se han formado, quieren solamente ganar la elección y algunos lo quieren hacer por fuera del marco legal que los propios partidos han aprobado.

La compra y coacción del voto vuelve a ser la estrategia de quienes hoy gobiernan. El uso de los programas sociales se utiliza como como chantaje electoral. Las estructuras gremiales, el neo-corporativismo y el control  las bases territoriales que los partidos que gobierna en entidades estatales y municipales han creado, son los recursos y estrategias ilegales que están usando para presionar a las y los ciudadanos para obligar a votar por sus intereses.

El cambio más relevante en la lucha electoral en esta elección, es la dinámica que se ha generado de descalificación, ataques y desinformación en los medios de comunicación, y sus expresiones en las redes sociales, llegando a un perverso uso de las llamadas “fake news”,  y a la manipulación de la opinión pública, a través bots y otros mecanismos para crear falsas tendencias en la opinión pública.

El gobierno federal y sus instituciones que deberían ser los garantes del estado de derecho  y con ello el hacer cumplir el marco constitucional, no han podido mantenerse al margen y se han sumado a la guerra electoral, con una sospechosa bipolaridad y una esquizofrenia, que se mueve en entre la apariencia y la simulación de lo legal y el  discurso de la institucionalidad del estado.

La reciente estrategia de intimidación que se ha denunciado por la recepción de  llamadas personales a teléfonos –fijos y celulares-  atacando a un candidato, o  creando miedo o haciendo supuestas encuestas electorales que se usan para inducir el voto, es la última evidencia que se tiene de la ausencia de las instituciones del Estado. ¿Quién les vendió o regaló a partidos y empresas privadas las bases de datos personales y sus números telefónicos? ¿Qué hace la autoridad para proteger los datos personales, que es un derecho y garantía constitucional? 

Normalmente se dice que en la guerra y el amor todo se vale. Desde hace mucho tiempo eso es falso. La sociedad humana ha dado pasos muy importantes para poner reglas y límites a la guerra misma. Y los derechos humanos han venido a desmontar falsas creencias sobre lo que se puede o no hacer dentro de una relación humana de pareja y salvaguardad la dignidad de las personas, en especial de las mujeres y de las niñas y niños.

Desde la lógica de la lucha por el poder, se nos quiere hacer creer que las contiendas electorales son como la guerra o como el amor. Se busca polarizar los afectos y se explota el temor, el miedo, la ignorancia, la vulnerabilidad de las personas. Se quiere hacer creer que se vale de todo con tal de ganar. Que comprar votos se vale, ya sea que los paguen en efectivo, cheque o a través de tarjetas, en donde los precios del voto varían desde 500  hasta 7 mil pesos en esta elección. Se ofrecen ahora pagos para ser representante de un partido en las casillas el día de la elección, lo mínimo que quiere dar son mil pesos, más el lunch y refresco por supuesto.

Tensar la cuerda con prácticas ilegales para querer ganar una elección, es un riesgo que puede tener consecuencias muy graves para el país y para todas y todos ciudadanos. Un juego limpio y con la cancha pareja es lo ideal para la democracia.