La diferencia es la obligación del Estado de garantizar el acceso a la Justicia.

Los asesinatos de mujeres han crecido este año un 13% respecto al año pasado, según reconoce el procurador de Guanajuato. En esta cifra de 24 mujeres, un más o una menos, sin apurarse demasiado por la exactitud de la cifra, ha provocado presión para todas las autoridades.

A nadie le gusta que aparezcan mujeres muertas, y menos durante su gestión o en el territorio de su competencia, y aunque nunca hemos dicho que todas las muertes de mujeres corresponden a feminicidios, el incremento de hallazgos ya preocupa en sí mismo.

Hace poco más de un mes, esta colaboración fue escrita en torno al mismo tema. En aquella ocasión hacía referencia a la importancia de reconocer como herramienta para la consignación de asesinos de mujeres, el tipo penal de feminicidio y el objetivo intrínseco que guarda esta tipificación, de hacer visible la violencia que se desata y se encarniza hacia el género femenino por la relación de dominio y cosificación que prevalece en el rol social de la mujer, ante el que queda mucho trabajo por hacer para encaminarnos hacia la igualdad. En esa oportunidad el caso concreto fue el de la joven asesinada por encargo del novio por haberse embarazado.

En la cifra de 24 mujeres, hasta la primera quincena del mes de abril, se destacan dos cosas. Una, que según la procuraduría sólo han sido tres casos de feminicidio, y dos, que del total reconocido, ya se han esclarecido 15. Ante esto, lo primero que hay que afirmar es que aplaudimos los avances de cualquier investigación. Sin embargo, aunque todos los casos estuvieran ya resueltos, eso no elimina el hecho de que la violencia feminicida muestra una preocupante tendencia. No borra los hechos ni la situación que a todos y todas nos preocupa.

La Alerta de Violencia de Género (para ser más precisa) es, según el artículo 22 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia, un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, que buscan enfrentar y erradicar la violencia femenicida en un territorio determinado. Su objetivo es garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra.

De la declaratoria, que hace la Secretaría de Gobernación y notifica al ejecutivo estatal, se generan acciones como el establecimiento de un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento, se implementan las acciones preventivas de seguridad y JUSTICIA, para enfrentar y abatir la violencia feminicida, se elaboran reportes sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres, y se asignan los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia. Además, se participa a la población del problema, lo cual tiene un fuerte efecto preventivo.

La situación ya está consignada en medios de comunicación; los avances en las investigaciones de la Procuraduría no eliminan la presencia de la violencia. Es ésta más bien la que motiva su actuación.

Quiero hacer hincapié en el tema de justicia, que plantea la ley como un derecho a ser garantizado. No fue casual el título de mi colaboración ni las mayúsculas en la palabra justicia, párrafos más arriba. El caso de la menor de 14 años,

Más allá del criterio respecto la pertinencia o no del uso periodístico de la imagen que circuló en redes sociales sobre la forma como fue encontrado el cuerpo de la jovencita, lo relevante es su valor para generar una fuerte duda sobre las declaraciones hechas por el subprocurador de la región A de la PGJE. De propia boca afirmó que la causa del deceso fue un infarto y que NO había delito que perseguir.

La descripción del hallazgo, por más cruel que sea, es pertinente: Descalza, con la ropa exterior e interior bajada a las rodillas, en posición fetal, semioculta entre piedras y con una llanta sobre parte del torso y la cabeza. ¿Muerte natural por cardiopatía? Es aquí en donde, entre 24 y 25, hay mucho más que un número.