El jueves anterior, en congruencia con su discurso de transparencia y rendición de cuentas, el gobernador Miguel Márquez presentó al Congreso del estado un par de iniciativas de ley que ahora habrán de procesar los diputados para que los textos propuestos tengan los alcances a la altura de las expectativas de la materia.
La primera es una iniciativa de reforma constitucional que permitirá dotar de autonomía al Instituto de Acceso a la Información de Guanajuato, el Iacip, y la segunda sería la nueva versión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Ambas, pero sobre todo la que tiene que ver con la autonomía del Iacip, darán para una discusión amplia en la legislatura.
Se trata de un compromiso que ya había hecho público el gobernador Márquez, y con el que difícilmente se podría estar en desacuerdo en términos generales, pero lo interesante está en los detalles.
De acuerdo con la iniciativa, el Iacip quedaría constituido como el único organismo garante, especializado, imparcial y autónomo en materia de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos u organismos del estado y los municipios.
Con la reforma, se establece el carácter de sus resoluciones como vinculatorias, definitivas e inatacables. Hasta ahí, todo muy bien.
El punto delicado viene en los transitorios, donde el texto se ocupa de los consejeros del instituto.
Su número se mantiene en tres, pero los asesores del gobernador se pusieron generosos y proponen ampliar el periodo de los consejeros a siete años -sin posibilidad de reelección-, con el rebuscadísimo argumento de que así no generan vínculos ni obligaciones, “ni con el Poder Ejecutivo que los proponga ni con la legislatura que los designe”, puesto que su periodo de ejercicio excedería el de ambas instituciones. Dicho así, suena hasta sencillo.
Y todavía se pone mejor: la iniciativa propone que “en congruencia con el cambio de naturaleza del organismo y con la ampliación de su periodo de ejercicio”, pues que los actuales consejeros se queden ahí a concluir su periodo, aunque sin la posibilidad de acceder a oootra ratificación.
Si, como defienden los redactores de la iniciativa, la idea es garantizarse consejeros que no tengan compromisos con los poderes Ejecutivo y Legislativo, que los proponen y los aprueban, no podían haber comenzado peor. Cosa de recordar que los actuales consejeros del Iacip fueron sancionados por la anterior Secretaría de la Función Pública, por andar en los actos de campaña de Miguel Márquez, en horas de oficina. ¿Así o más claro el compromiso?
Parece difícil que el grupo parlamentario del PRI digiera y acepte tal cual esa condición, y no que, a semejanza de lo que se discute con el IFAI, precisamente en los transitorios quede establecido que la autonomía del instituto arranque precisamente con un nuevo Consejo, una decisión que sonaría mucho más prudente.
Más adelante, la iniciativa se detiene en un punto tan obvio como urgente, tratándose del Iacip: la ley habrá de precisar los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a consejeros “para asegurar un conocimiento experto, especializado y comprometido con los valores propios de la transparencia, la publicidad de la información gubernamental, la protección de la vida privada y, de manera amplia, la rendición de cuentas”. Habrá que esperar a conocer los nombres, a ver dónde los encuentran, porque los que están, al menos no todos, nomás no se parecen.

LEY DE TRANSPARENCIA
Con la reforma que permitirá la autonomía del Instituto de Acceso a la Información, el gobernador envió al Congreso local la nueva versión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Es curioso que la primera Ley de Acceso a la Información que tuvo Guanajuato haya salido de la oficina de Enrique Ayala Negrete, coordinador de asesores del entonces gobernador, Juan Carlos Romero Hicks, y que ahora de regreso, más o menos con la misma posición en el gabinete de Miguel Márquez, tengamos una versión remasterizada de la ley Ayala.
La primera se mandó al Congreso de Guanajuato, con la venia de Ernesto Villanueva, capitán del grupo Oaxaca que impulsó también la ley federal, y en el Congreso local se complementó con la que habían anticipado los entonces diputados priistas Miguel Montes y Martín Ortiz, este último actual secretario del Ayuntamiento de León, en la gestión de la alcaldesa Bárbara Botello.
La ley Ayala dice ahora que provee lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública “mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos” en privilegio de la transparencia del ejercicio de la función pública “a través de un flujo de información oportuno y verificable”.
En la nueva versión, se quita al Consejo del Iacip la facultad de revisar los acuerdos de clasificación de información reservada, y sólo los conocerá para revocarlos o ratificarlos, cuando exista un recurso de impugnación.
Qué bueno que el aparato de gobierno se preocupe por la modernización de la norma, y el gobernador Márquez, por sacar adelante su compromiso público de dotar de autonomía al Iacip; el caso es que aventajar el cuerpo de las leyes no es garantía de nada, si lo que más preocupa a los propios funcionarios es encontrar pronto los resquicios que les permitan incumplirlas.
En vía de mientras, la discusión en el Congreso de Guanajuato promete.

CURTIDOS CHINOS
De nueva cuenta, se levantaron voces de inconformidad con la iniciativa del gobierno municipal de León de promover la instalación de una curtiduría de capital chino, en el municipio. Por separado, se han ocupado del tema el senador panista Fernando Torres Graciano y el propio presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, Ysmael López.
Ambas son voces a considerar, la primera porque su posición como senador de la República permitiría a Fernando Torres Graciano escalar la polémica a nivel nacional, y la de Ysmael López precisamente porque representa a la industria que da identidad a León y es coincidente con lo expresado ya por los propios curtidores.
Fernando Torres fue muy gráfico al decir que la iniciativa de traer una curtiduría China a León equivaldría a pretender instalar una maquiladora de guayaberas en Mérida, y ya sin intento de buen humor, la calificó como un atentado a la industria y a los empleos de los leoneses.
De acuerdo con Fernando, por muchas explicaciones en las que se esmere el gobierno de la alcaldesa, Bárbara Botello, lo que menos necesita el sector curtidor en León es que vengan los chinos a competir y a operar desde dentro.
Y si bien los afanes partidistas explicarían por sí mismos la oposición del senador panista, bien vale la pena recuperar lo expresado por Ysmael López García, el presidente de la Ciceg: sería una tontería.
Para el jefe de los zapateros, no tiene ningún sentido atraer ese tipo de inversiones, que no aportan a la diversificación de la economía de la ciudad, no agregan valor ni transferencia de conocimiento y tecnología.
Así que mientras la discusión arrecia, la alcaldesa Bárbara Botello, además de respaldar la eventual instalación de la curtiduría china, insiste en que se cuidará que no represente una competencia desleal para los curtidores locales.
Se trata, dice la presidenta municipal, de revertir del desempleo en la ciudad y garantiza que no se otorgarán a los inversionistas asiáticos privilegios que no tengan los hombres de negocios de por acá. En ese mismo sentido, se había expresado ya el secretario de Desarrollo Económico del estado, Héctor López Santillana.
De avanzar el proyecto, la verdad suena poco creíble que los chinos se asienten en León sin lograr acuerdos previos que les sean favorables; esto es, si el Gobierno del Estado no quiere y al gobierno municipal no lo dejan, tienen a la mano al gobierno federal y los compromisos recientes del presidente Enrique Peña Nieto, en su excursión a China, faltaba más.

LA JAULA
Una muy democrática infección intestinal paró en seco durante dos jornadas a los “Tigres de papel”, que hoy regresan a sus órdenes, con toda la pena del mundo por las molestias ocasionadas.

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