Las candidaturas y triunfos de independientes dentro de la pasada histórica jornada electoral, preocupan y encienden las alarmas en los presupuestos de los partidos políticos, en su permanencia en el poder y en sus dirigentes; a tal grado de llegar a la ilegalidad regulando en contra de esta oferta electoral, comenzando en entidades donde se tiene un fácil manejo dentro de los congresos locales por el dominio de un partido, y en aquellas zonas electorales importantes del próximo año, donde se elegirán 12 gubernaturas, tratando de evitar repetir el escenario presentado el pasado 7 de junio: la guerra contra partidos y no entre ellos, como es de su costumbre y gusto, dándose ventaja dentro del partididismo. Todo esto reflejo de la crisis por la que pasa el sistema de partidos ante el continuo descontento ciudadano, siendo las candidaturas independientes una alternativa al hartazgo social, una nueva esperanza electoral, donde siete de cada diez mexicanos (65 %) están a favor de que se sigan permitiendo la participación de independientes en las elecciones, según una encuesta de Parametría.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, en su documento “Origen y balance de las candidaturas independientes”, registró 118 candidatos independientes, donde 70 compitieron por una presidencia municipal o jefatura delegacional, 45 por una diputación local o federal y 3 para gobernador. De ellos 118, sólo 6 ganaron, pero bastó un Bronco para secuestrar las leyes con tal de proteger intereses de partidos.

Hasta ahora son cinco los estados que han aprobado “leyes antibronco”, aquellos candados para frenar postulaciones de candidatos independientes. Chihuahua, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas, donde hay mayoría PRIista en sus congresos locales y donde en 2016 estarán celebrando elecciones para gobernadores, fueron pioneros en obstaculizar esta modalidad de candidaturas. Es tanto el temor, que dichas modificaciones ocurren un mes después de que el expriista Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, ganara la gubernatuta de Nuevo León y le arrebatara al PRI la entidad.

En Chihuahua, los diputados aprobaron que, para registrarse como independientes, sólo podrán aspirar quienes no hayan participado en el proceso electoral inmediato anterior, y comprobar que no militaron en algún partido durante los tres años previos a la elección; este requisito no está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe). En Chile, por ejemplo, en el modelo electoral se pide que el candidato demuestre sólo 9 meses sin afiliación dentro de un partido.

En Veracruz, Javier Duarte aprobó las reformas al Código Electoral, donde los ciudadanos que hayan participado en un proceso interno para la postulación de una candidatura a cargo de elección popular de un partido político o coalición en el mismo proceso electoral, no podrán ser registrados como candidatos independientes.

No hay candidaturas independientes a diputados plurinominales o de representación proporcional ni en regidores. Si el candidato independiente gana una alcaldía, no tendrá derecho a escoger su planilla.

Quienes aspiren a gobernador por candidaturas independientes tendrán que presentar una cédula de respaldo ciudadano con firmas por al menos el 3% de la lista nominal de electores, por distrito, municipio o del estado, de acuerdo con el cargo a que aspire. Actualmente, a nivel federal, para ser senador o diputado independiente, se debe reunir firmas que representen 2% del electorado en la entidad o el distrito correspondiente, para ser presidente debe ser 1%.

En Sinaloa para ser gobernador, diputado o formar ayuntamientos, se requiere 2% de la lista nominal en cuanto a las firmas ciudadanas que tienen que presentar de respaldo; en el caso de candidato a gobernador deberá tener firmas en por lo menos la mitad de los municipios. Dichas firmas avalaron disminuir de 90 a 40 días el plazo para reunirlas.

En Tamaulipas, los candidatos independientes a gobernador deberán contar con firmas equivalentes al 3% de la lista nominal y las cédulas deberán estar integradas por electores de por lo menos 22 de los 43 municipios, que sumen por lo menos el 1% de la lista nominal.

Otro estado es Puebla, con los destapes precipitados dentro del PANismo, donde se busca disminuir la competencia, homologando la legislación local con la federal, dando a los candidatos independientes acceso al financiamiento público y espacios oficiales en radio y televisión, discutiendo el tema de las restricciones en leyes secundarias.

Las leyes antibronco son un mecanismo de control jurídico, que se enfocan en restringir el camino a liderazgos internos que signifiquen una amenaza a la estructura de los partidos, donde estos últimos buscan blindarse. Al no existir en la legislación federal estos candados, es fácil impugnarse vía acción de inconstitucionalidad, pues esta inconstitucionalidad radica en ser una ley retroactiva y además violenta los derechos políticos ciudadanos; mas se debe seguir haciendo frente buscando estrategias que impidan la entrada en vigor de las legislaciones locales, que imponen exageradas restricciones a quienes se pretenden postular a un cargo de elección popular fuera de los partidos.

Se debe tomar a las candidaturas independientes desde su razón de ser: una nueva vía de acceso al poder, transitable, donde converja la experiencia política y participación social; sin embargo su única oportunidad está en cumplir sus compromisos de campañas, de otra forma, arruinarían su credibilidad. Así mismo, a estas alturas, la única oportunidad de los partidos está en dejarse mirar con rabia unos a otros, y empezar a ver las demandas, necesidades y exigencias de los electorales; bien lo dijo la Senadora Gabriela Cuevas: “si los partidos políticos no toman la decisión de cambiar, los liderazgos independientes seguirán creciendo y comenzarán a rebasarlos, para recobrar la confianza de los ciudadanos”.