Si, como decían los viejos, no hay mal que por bien no venga, el encontronazo en el Pacto por México entre el Partido Acción Nacional y el gobierno de Enrique Peña Nieto, a raíz de la denuncia de Gustavo Madero por el uso tramposo de los recursos de la Cruzada contra el Hambre, para favorecer a los candidatos priistas en Veracruz, ya deja algunos saldos positivos.

Nada mal suenan los acuerdos a los que llegaron este fin de semana los líderes del PAN, PRD y PRI con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para compartir la vigilancia a los programas de la cruzada.

Ya se habla de crear un Sistema Nacional de Programas Sociales, que obligue al uso racional de los recursos públicos para combatir la pobreza.

En lo inmediato, dado que este año habrá elecciones en 14 estados de la República, se trata de que se realicen con imparcialidad y que los programas de lucha contra la pobreza no sean usados de manera ilegal.

Al menos en el papel, los primeros acuerdos que trascienden, si efectivamente se llevan a la práctica, podrían traducirse en un mejor control de los recursos de los programas sociales y de blindaje a los procesos electorales programados para el próximo 7 de julio de 2013.

Pero esos acuerdos son importantes para todos los estados de la República, no sólo para aquellos en los que habrá comicios. Guanajuato alza la mano como un primer interesado.

Porque al interior del Pacto por México, se diseñarían los criterios a satisfacer en los perfiles de los delegados federales que manejen programas sociales, y en función de los mismos, el Ejecutivo federal -es decir, el equipo de Osorio Chong- se compromete a revisar la conveniencia de los mismos.

Este es todo un tema de actualidad en Guanajuato, estado en el que aún no se firma con la Federación el convenio de la Cruzada contra el Hambre, y ya la delegada de la Sedesol, la irapuatense Claudia Navarrete, fue a inaugurar ella sola el programa -en su tierra, claro-.

Doña Claudia se perfila como todo un dolor de cabeza para el secretario de Desarrollo Social del estado, Éctor Jaime Ramírez, y para el propio gobernador Miguel Márquez.

El fin de semana, se convinieron también mecanismos que permitan que organizaciones de la sociedad civil vigilen los padrones con criterios técnicos y sociales, en un punto que suena más a discurso, porque a la apertura a la sociedad nada más no son proclives ni el PAN, ni el PRD, ni el PRI. Del resto, ni hablar.

Se suspenden -o se adelantan, según sea el caso- cualquier asamblea o reunión pública de beneficiarios de programas sociales y la entrega de recursos, durante los 45 días previos a las elecciones.

En los casos específicos de los estados con procesos electorales, se van a establecer comisiones plurales -eso dicen- para proponer acuerdos y presentar y atender denuncias.

Y como para que todo mundo vea que la cosa va en serio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados, de las que se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.

A cambio de continuar las conversaciones del Pacto por México, este tendría un addendum que comprometa a impulsar las iniciativas de ley que sean necesarias para fortalecer la profesionalización de los delegados y operadores de los programas sociales del gobierno federal. Diría santo Tomás…

EN CAPILLA, LEY ANTIABORTO

Con marcador de ocho a tres, cayó ayer en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ley antiaborto que en el 2009 se aprobó en el estado de Querétaro, para “proteger el derecho a la vida desde la ‘fecundación’”.

Ya no les alcanzó la jornada laboral a los magistrados, pero hoy siguen con las correspondientes de los estados de Guanajuato y Oaxaca, que tienen altas probabilidades de correr con la misma suerte.

La Corte invalidó la ley antiaborto de Querétaro, por considerar que durante su aprobación se dieron irregularidades “graves”, entre ellas que únicamente 2 de los 18 municipios queretanos habían dado su aval.

Del municipio de Arroyo Seco llegó la controversia constitucional. En este caso la Corte no se pronunció sobre la validez o invalidez de la reforma, sino contra el procedimiento.

El Pleno de la SCJN tenía en su agenda de ayer analizar la constitucionalidad de las leyes de Guanajuato y Oaxaca, que “conceden derechos a las personas desde su ‘fecundación’ o su ‘concepción’” y que, de acuerdo con los promoventes de las controversias, impiden cumplir con los programas federales de salud para las mujeres.

Ambos casos serán debatidos hoy. La sesión es pública y si a usted le interesa, puede seguirla por internet.

SEGURIDAD FEDERAL EN LAS CARRETERAS

En otro pasito rumbo a la concentración del control de la seguridad en México, el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, excolaborador de Marcelo Ebrard en el gobierno del Distrito Federal, estrenó ayer el programa “Cuadrantes Carreteros”, con el que se busca reducir los asaltos y los accidentes en la red carretera de todo el país.

Comienzan con 2 mil 692 efectivos de la división de Seguridad Regional, 17 helicópteros de reconocimiento, supervisión y operación táctica, más 575 unidades terrestres.

En la primera etapa, el programa está dividido en 136 cuadrantes identificados por regiones. Por cortesía, el discurso de Mondragón dice que en los 136 cuadrantes se trabajará en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales.

Cada cuadrante tendrá tres jefes -uno por turno- y un número determinado de elementos y de unidades -con nombre y apellido, dice Mondragón-.

Los jefes establecerán contacto con la ciudadanía y la comunidad: servicios de emergencia, centros de educación, aseguradoras, mecánicos, rutas de transporte de carga y de pasajeros, centros comerciales y zonas habitacionales.

Suena bien, aunque todavía, nada más, suena…

LA JAULA

Andy Benítez, #LadyProfeco y su señor padre, Humberto Benítez Treviño, el procurador federal del Consumidor en México, imploran que el Día del Trabajo, inhábil, llegue pronto, ya, para permitirse una bocanada de aire.

Y es que la presión en las redes sociales no cesa. El domingo fueron críticas, reclamos y hasta burlas; ayer, ya era escarnio.

Andy Benítez ordenó a los muchachos de su papi que clausuraran un restaurante en la ciudad de México, porque osaron pedirle que tomara su turno para asignarle una mesa. Recurrió a sus superpoderes y se transformó en #LadyProfeco.

Por órdenes del señor presidente -claro-, primero fue la Secretaría de Economía y después la Secretaría de la Función Pública las que, dicen, investigan los hechos.

El otro camino es que don Papá Profeco renuncie. A ver.

Comentarios y quejas: [email protected] y @FPacomares.

Escuche el noticiero ¡De palabra! en el 95.9 FM de Radiorama, de lunes a viernes, de 7:30 a 9:00 horas.