En la PGR • Los curtidores, en la calle • Más de lo mismo

Pues ahí está, ya. Los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional presentaron por fin su tan prometida denuncia penal contra el exgobernador de Guanajuato Juan Manuel Oliva Ramírez, de quien sospechan hizo malos manejos de los recursos públicos. Obviamente, la querella se presentó bajo el formulismo de “contra quien resulte responsable” el QRR tan socorrido en las fojas de los juzgados.

A las 11:15 de la mañana de ayer, 24 de junio, el mero día de san Juan -como para festejarle el santo-, los once diputados locales priistas llegaron a la delegación de la Procuraduría General de la República, la PGR, en León, instancia a la que recurren porque, como ya había explicado anteriormente el pastor de los priistas de Guanajuato y de la fracción tricolor en el Congreso local, el diputado Francisco Javier Contreras Ramírez, es federal el origen de los recursos bajo sospecha.

El abogado contratado para llevar el caso es el penalista prestigiado Paulino Lorea, firmante crítico de los gobiernos panistas y hasta, en su momento, empleador en su despacho de Martín Ortiz García, el secretario del Ayuntamiento de León; ahí sobre la banqueta, dijo ayer que él y su pool de abogados fueron quienes elaboraron la denuncia penal desde hace unos meses, a petición de los legisladores del Revolucionario.

Se trata de una denuncia de hechos, que tiene tres vertientes: el primero se refiere a la compra de los terrenos que se destinarían a la construcción de la refinería sorteada por el gobierno de Felipe Calderón, y que no cayó en Salamanca -de hecho, no cayó en ningún lado, al menos todavía-, el segundo versa sobre la compra de los terrenos de los derechos de vía del Tren Interurbano fantasma y el tercero, muy apetecible para la denuncia y el sospechosismo, cubre  la programación y asignación de recursos, más la compraventa, instalación, construcción y operación de la Expo Bicentenario, el elefante blanco más grande que se haya cazado por acá.

Un poquito más allá de su encomienda jurídica, Paulino incluso se permitió opinar ayer que la denuncia fue interpuesta porque ni siquiera se creó una comisión parlamentaria para investigar las múltiples denuncias públicas al respecto.

De la compra de los terrenos para la refinería fallida, los priistas suponen una desviación de recursos en las adquisiciones que se hicieron a través de terceros.

De la compra de los terrenos para el derecho de vía de ese Tren Interurbano llamado Deseo, acusan también la contratación de terceros y el pago de comisiones que, dice el abogado, nadie sabe a cuánto ascendieron.

Y de la Expo Bicentenario, bueno, los priistas pretenden que con la denuncia se conozcan finalmente las cantidades erogadas en ese proyecto y las partidas de las cuales surgieron los recursos.

Paulino explica que, a diferencia de los simples mortales, las autoridades ministeriales y judiciales no tendrán restricción alguna para obtener la información, porque ellas sí pueden solicitarla a la Comisión Nacional Bancaria y al propio Gobierno del Estado. Para los ciudadanos de a pie, esa información está “reservada”, hasta quince años.

Paulino Lorea estableció que, por ahora, son esas tres denuncias, o una con tres ramificaciones, pero que sus clientes no descartan presentar al menos otra y sería encaminada a conocer cómo se gastó el dinero en el DIF estatal.

Lorea dijo también que la denuncia se realizó ante la PGR, que ha mostrado imparcialidad y celeridad, aunque eso fue más un “guayabazo” a su titular, Jesús Murillo Karam. En fin.

Los priistas, al menos, ya dieron un primer paso en su estrategia de judicializar las acusaciones a las administraciones panistas, pasadas o en funciones, y comenzaron, claro, con la de Juan Manuel Oliva, tan preocupado ahora por ganar para su partido, el PAN, las elecciones en 14 estados. A ver si no me lo distraen mucho.

Como para cerrar la pinza, en el Congreso de Guanajuato, la Comisión de Hacienda y Fiscalización inicia también la revisión de los informes de dictamen de las auditorías a diversas instancias, entre ellas los terrenos de la refinería y el proyecto del Tren Interurbano, durante la gestión de Oliva Ramírez.

El secretario de la comisión, el priista Gerardo Zavala Procell, anticipó que la oposición, PRI, PVEM y PRD, votará en contra de los informes del Órgano de Fiscalización Superior, a los que calificó de “cortos y mochos”.

Por lo pronto, los panistas saltaron de inmediato a la defensa de Juan Manuel Oliva. Apenas sus malquerientes disfrutaban de la noticia de la denuncia en los portales digitales, los azules enviaron un comunicado para expresar que les molesta sobremanera que se pretenda “usar” políticamente y con fines de partido a la Procuraduría General de la República.

Ni falta que hace ese recurso porque, aseguran los panistas, ellos tienen absoluta confianza en el Órgano de Fiscalización Superior, ese mismo al que los priistas no le confiarían “ni un saco de alacranes”.

Denuncian que los dictámenes de los asuntos que hoy denuncian los priistas fueron aprobados por sus diputados en la legislatura anterior, y que de esas auditorías hay un proceso de seguimiento que lleva el OFS. De los recursos federales, tampoco existe ningún señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación sobre estos temas, argumentan.

Pase lo que pase en las comisiones del Congreso -en las que seguro se impondrán los panistas-, las cartas están echadas y el asunto será llevado al Pleno, así que la próxima sesión del Congreso de Guanajuato, diría el clásico, “será de escándalo…”.

Los curtidores, en la calle

Como León es una de esas ciudades en las que las protestas y las manifestaciones públicas no son muy bien vistas que digamos, ayer llamó la atención que algunos dueños de tenerías y sus trabajadores decidieran marchar incluso sobre el bulevar López Mateos y cerrar a su paso algunas calles del Centro Histórico.

A los curtidores, si no les llueve sobre mojado, llega el Sapal y la riega: las autoridades llevan años jalándolos hacia el parque Piel, los chinos se les vienen encima y ayer, de plano, salieron a la calle a protestar por los nuevos medidores que les fueron a instalar los hombres del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.

Se quejan de que, casualmente, con los nuevos aparatitos, se les incrementaron los cobros por el servicio del agua, vital en su actividad.

Serían unas 50 personas las que marcharon y se identificaron como integrantes de la Asociación de Industriales de la Curtiduría. En la esquina de la avenida Aquiles Serdán y el bulevar Adolfo López Mateos, los manifestantes sólo permitían el paso de las orugas, y eso como un gesto de amabilidad. Un par de manifestantes habrían sido detenidos por los municipales luego de un altercado con un automovilista.

Llegaron hasta las puertas de la Presidencia Municipal, donde reclamaron que, pese a las instrucciones de la alcaldesa Bárbara Botello de acabar con los abusos del Sapal, todavía nadie hace nada.

Ahí tiene algo para empezar a moverse el nuevo Consejo Directivo, y al menos ordenar un pronunciamiento que, hasta ayer tarde, a nadie de los que cobran por ello se le ocurría.

Más de lo mismo

Ayer, el diputado transportista, Juan Carlos Muñoz, salió a rueda de prensa para aclarar, primero, que desde 2009 él no tiene nada que ver con la empresa de su familia: Transportes Castores, porque está dedicado a presidir la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, y bueno, a despachar como diputado federal panista.

Así que le pidió al municipio no politizar el asunto de la clausura de la empresa, que porque por ahí no va.

Más o menos explicó que la clausura se originó en la pérdida de un expediente, que si hay que pagar doble, pues no importa, pero que si el trámite está detenido es por causa  del municipio, no de la empresa. Confió que el tropiezo burocrático se resuelva de hoy a mañana.

Dijo que Castores tiene 5 mil 200 trabajadores y su centro de distribución, que será regional, estará en condiciones de ofrecer otros 600 empleos, por lo que “a León no le conviene que esto termine mal…”.

Por su parte, la alcaldesa, Bárbara Botello, que en ocasiones parece incluso divertida, dijo que eso de “las venganzas” de las que la acusan los panistas, en todo caso, serían “contra el influyentismo”.

La Jaula

La noticia ronda a la figura de “Cantinflas”, de manera extraña. Apenas hace unos días, se recordaba al Mimo por el anuncio de una película biográfica que será protagonizada, por cierto, por un español, y ahora la información se va hacia el lado trágico.

Ayer fue encontrado sin vida Mario Moreno Bernat, nieto del actor Mario Moreno “Cantinflas”, en una habitación de un hotel en el municipio de Tlalnepantla, estado de México.

La mujer que acompañaba a Moreno Bernat lo encontró colgado con un cordón en el baño de la habitación. Tenía escasos 22 años de edad.

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