Sin que viniera a cuento, si se juzga a partir del orden del día de la sesión del Congreso del estado, ayer una muchedumbre se apersonó a las puertas del Palacio Legislativo para protestar por una eventual aprobación a la Ley de Convivencia para el estado de Guanajuato, que todo mundo traduce como la ley para los matrimonios gais.

“Eso sí que no” es una expresión que resumiría las consignas de los membretes varios con los que se integró la manifestación.

Recapitulemos.

En febrero, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en el Congreso local, la diputada Érika Lorena Arroyo Bello, hija del prócer Pancho Arroyo, presidente de la cámara baja del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia para el estado de Guanajuato.

En su exposición de motivos, hija de tigre, la diputada Érika Arroyo le lanzó un cascabel al gato blanquiazul. En un Estado social y democrático de derecho -declamó-, no existe razón ni fundamento jurídico alguno que sustente la falta de reconocimiento de los derechos civiles, económicos, sociales, de las personas -y, obviamente-, de preferencia sexual.

Los panistas, que para esas fechas todavía no se reponían del pasmo en el que los sumió la cancelación de la posibilidad de una curul para Humberto Andrade, destinado a ser su pastor, apenas atinaron a responder con descalificaciones y únicamente la vieron pasar.

Por lo anterior dicho, la iniciativa priista se inspiraba en la Constitución federal, que prohíbe toda discriminación que motive el origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, las condiciones sociales o de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana -implicada, por supuesto, la preferencia sexual-.

Cierto, diría Érika en aquella ocasión, que la sociedad de convivencia es una figura jurídica nueva, pero que no interfiere con la (sagrada) institución del matrimonio ni (menos) pretende restarle valor al concepto de familia.

La iniciativa, envuelta en celofán tricolor y con una tarjetita para el PAN, tampoco impediría la práctica del concubinato ni las normas vigentes para la adopción; pero, hombre, reconoce las consecuencias jurídicas a las diversas formas de convivencia humana -como los matrimonios entre dos personas del mismo sexo, les faltó agregar-.

El caso es que, fuera de la jerigonza legislativa, Érika y sus compañeritos de bancada explicarían que, de acuerdo con su travesura, no, con la iniciativa presentada, la sociedad de convivencia debe entenderse como un acto jurídico bilateral, que se constituye cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua. ¿Así, o más claro?

El proceso burocrático legislativo ordenó su inscripción en el orden del día de la sesión siguiente y de ahí, su envío a comisiones. De hecho, hoy es fecha que la iniciativa reposa en algún cajón de la Comisión de Justicia, dizque porque hay que analizar algunas modificaciones al Código Civil del estado.

PROTESTO

El caso es que a las puertas de la sesión ordinaria de ayer en el Congreso local, llegaron unas quinientas personas, para manifestarse en contra de semejantes despropósitos -a decir suyo-.

Lista de presentes: en la descubierta, claro, la “Unión Nacional de Padres de Familia” y de bloque en fondo: “Pasos por la Vida”, “Ciudadanos Unidos por Guanajuato”, “Estructura Ciudadana Organizada” y “Jóvenes Unidos por Guanajuato”.

Llegaron de Purísima del Rincón, de León, de Silao, de Guanajuato, de Irapuato, de Celaya y hasta de Salvatierra. Y ya puestos en esas, las pancartas son confesión y discurso: “Diputado, naciste, papá y mamá tuviste”, “Diputados, dignifiquemos al hombre, no lo ridiculicemos”, “Varón y hembra hizo Dios”, y para no darle más vueltas: “No al matrimonio entre personas del mismo sexo”. Punto.

Los señores diputados recibieron a una comisión de seis representantes “para escuchar sus peticiones”, mismas que les catafixiaron por rollo.

Los atendieron la mismísima Érika Lorena Arroyo Bello y la perredista María Juana Georgina Miranda Arroyo, además del diputado panista Alfonso Guadalupe Ruiz Chico.

Los inconformes pidieron dos cosas: que la discusión se amplíe a la sociedad y que el concepto de familia aparezca en la Constitución del estado. Las y el legislador respondieron que ellos son muy respetuosos de todas las opiniones y de forma plural las escucharán -cualquier cosa que eso signifique-.

En lo particular, Érika Arroyo les dijo que ellos -sí, ellos que presentaron la iniciativa- siempre estarán abiertos al diálogo. Que no se busca perjudicar a nadie. Que es un tema de derechos humanos. Que no se busca dañar la institución del matrimonio. Es más, que están a favor de la familia.

La diputada Georgina Miranda se apuntó con que ellos también están a favor de la familia y que los van a escuchar a todos.

Alfonso Ruiz Chico nada más les dijo que precisamente se sigue el proceso parlamentario para tomar la mejor decisión que favorezca, sí, a las familias.

Más tarde, todavía la diputada Érika Arroyo envió un boletín de prensa en el que confirma su promoción a la Ley de Sociedades de Convivencia. Que no es lo mismo que un matrimonio, matiza.

Les recordó a los medios el artículo 1º de la Constitución federal, que obliga a las autoridades a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, entre ellos el de la no discriminación, en este caso -acertó usted- por la preferencia sexual.

Cumplido a satisfacción el ritual, cada uno se fue con su cada cual.

LA JAULA

A la denuncia panista -con testimonios en video- de una estructura paralela al gobierno del Veracruz, para beneficiar con programas federales a las candidaturas priistas y la exigencia del cese de la secretaria federal de Desarrollo Social, Rosario Robles, esta reaccionó con el despido de siete funcionarios menores, incluido el delegado. La pregunta es si eso le va a alcanzar…

En carta enviada al presidente, Enrique Peña Nieto, el jefe nacional del PAN, Gustavo Madero, exigió la separación inmediata de Robles de su cargo público.

En conferencia de prensa, Rosario Robles afirmó que en la Sedesol se ha dado orden a todos los delegados en la República para que la operación de los recursos de la Cruzada Nacional contra el Hambre sea imparcial a todos los procesos electorales. Harto priista la experredista.

En entrevista aparte, Carmen Aristegui le preguntó si estaría dispuesta a dejar su cargo para que se investigue; ella respondió que no: “No, porque no tiene nada que ver conmigo”.

Ni modo, es un hecho que a Rosario Robles no se le dan los videos.

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