IMPULSO EN LAS JOYAS

El gobernador del estado, Miguel Márquez y la alcaldesa de León, Bárbara Botello, pusieron en marcha la estrategia “Impulso”, que será el hilo conductor del combate a la pobreza en el estado de Guanajuato. El acto protocolario se realizó en Las Joyas, una de las zonas de la ciudad en donde se han comprometido un sinnúmero de apoyos.

La conducción de la estrategia corresponde al secretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, Éctor Jaime Ramírez Barba. Incluye acciones de educación, salud, capacitación, empleo, espacios deportivos y seguridad.

Ahí mismo, el funcionario confirmó que en diciembre de este año se colocará la primera piedra de un Hospital de 18 camas en Las Joyas, un proyecto que aparecía ya en la propuesta de campaña del entonces candidato a gobernador, Miguel Márquez.

El Hospital de Las Joyas se construirá en una superficie de 3 hectáreas, con una inversión inicial de 85 millones de pesos.

En el polígono de Las Joyas “Impulso” beneficiará a más de 70 mil personas con acciones como la construcción de una nave impulsora de empleo y un centro deportivo comunitario.

En Las Joyas ya se acostumbraron a ver por sus veredas a la gente del gobierno. Apenas 24 horas antes habían estado ahí, precisamente para la colocación de la primera piedra de lo que será la escuela vocacional del Instituto Politécnico Nacional, el IPN.

En el lugar se anunció la construcción de la primera etapa del primer “Centro de Impulso Zumar”, en que se ofrecerán servicios a la comunidad y tendrá una capacidad de atención a cuatro mil familias, con una inversión de dos millones y medio de pesos.

Temprano, Éctor Jaime había explicado en entrevista que “Impulso” es una estrategia que enlista 101 acciones de apoyo a las familias en condiciones de vulnerabilidad económica, desde todos los ángulos de trabajo de las instancias oficiales. El nombre del juego, es: transversalidad.

En Las Joyas, una referencia emblemática ahora, sin ser siquiera una de las zonas más pobres del municipio, el factor a atacar es la falta de empleo y la atención a sus necesidades de traslado, pero las acciones de “Impulso”, según el secretario Ramírez Barba, van desde los servicios de salud hasta combatir el analfabetismo.

UN GOBIERNO REACTIVO

Qué bueno que las autoridades del estado atiendan -de alguna manera-, los asuntos que de pronto ocupan y preocupan a la opinión pública; qué malo que el gobierno actúe, casi siempre, sólo después de que los medios de comunicación ponen los temas sobre la mesa.

El caso más reciente de la actitud reactiva que caracteriza desde su inicio al gobierno de Miguel Márquez Márquez, es el de los indígenas provenientes del estado de Guerrero, que trabajan como jornaleros en el campo de Guanajuato y sobreviven en condiciones indignas.

El caso de los mil doscientos indígenas guerrerenses que trabajan en cultivos de Manuel Doblado, San Francisco del Rincón, León, Silao y  Romita, cayó en manos de Gustavo Rodríguez Junquera, el procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato quien, solícito emitió cuatro requerimientos a otras tantas instancias estatales: la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno. Las dos primeras respondieron  en el acto y las otras dos se lo llevaron con calma.

Lamentablemente este fenómeno de explotación a indígenas migrantes en Guanajuato, se replica año con año y la autoridad se ocupa del asunto únicamente hasta que el escándalo se recicla. La propia PEDH, reconoce que tiene un antecedente formal del año 2011 y de entonces a la fecha incluso  el número de jornaleros ha aumentado considerablemente, es decir, cero tareas preventivas.

Evidentemente, el gobierno del estado no cuenta con un censo de los indígenas que vienen año con año, el censo sería una buena herramienta para garantizarles sus derechos cuando pisen suelo guanajuatense.

Bien, pues sólo después de la denuncia pública y de que Rodríguez Junquera externó su queja por la nula atención a sus requerimientos, ayer la Secretaría de Gobierno informó de la instalación, sí, acertó, de una mesa de atención “para prevenir y combatir la explotación laboral de niños y grupos indígenas”.

A través de la Subsecretaría del Trabajo y de la Previsión Social, a cargo de Marco Rodríguez y Organizaciones de la Sociedad Civil, se implementarían acciones preventivas. A la primera reunión asistieron representantes del Centro de Desarrollo Indígena Loyola y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. La idea es que se acuerden las acciones y las organizaciones vigilen su cumplimiento.

La Subsecretaría de Marco Rodríguez y la Delegación Federal del Trabajo realizarán inspecciones en los campos, a fin de detectar estos casos.

Por lo pronto, Ángel Arellano, el delegado de la Secretaría del Trabajo, amaga con penalizar a los empleadores, sobre todo a aquellos que recluten   a menores de edad, acción que se castiga con cárcel.

En tanto, el procurador de los Derechos Humanos, advierte al gobierno del estado que de no ser adecuada su respuesta, se abriría un expediente de queja. Todos, pues, moviditos y prestos a tapar el pozo... después del niño ahogado.

POLICÍAS

Con la participación de 30 empresas y la entrega de 200 tarjetas de descuentos, por fin se puso en marcha el programa “León agradecido”, de apoyo a los efectivos de los cuerpos de seguridad municipales y sus familias, una iniciativa del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Abugaber y la alcaldesa, Bárbara Botello.

“León agradecido”, es una estrategia que se importó de la ciudad de Tijuana, a donde fueron ambos personajes a  confirmar sus beneficios que se traducen en una baja sensible de los índices delictivos.

De acuerdo con el discurso oficial, el apoyo directo a las familias de los uniformados llevará el compromiso y la responsabilidad de éstos en el desempeño de sus funciones.

Inició con la entrega de 200 tarjetas de descuentos que tendrán validez en los comercios inscritos en el programa, 30 en el arranque, y en el municipio confían en que en unos cuatro meses todos los policías tengan ya el plástico. Primero los policías y enseguida los agentes de Tránsito Municipal.

Los primeros policías seleccionados lo fueron de manera aleatoria y el punto es interesante si se considera que un tercio de los uniformados de León reprobaron los exámenes de control y confianza, y debieran estar en proceso de separación de sus cargos, trámite que legalmente tiene que ser concluido a más tardar en octubre.

LA JAULA

Leímos con atención a Ricardo Sheffield. Suerte en el Ministerio Público.

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