La indignación que han provocado las condiciones en las que trabajan indígenas, en su mayoría mixtecos que provienen de Guerrero y Oaxaca, amerita que se revise el Programa Federal “Jornalero” y el de empleo temporal que les aplica, que viene desde el sexenio pasado y que al reconocer la existencia de este fenómeno de migración interna, trató de implementar políticas, que ayuden a garantizar condiciones dignas a quienes se trasladan de un estado a otro en busca de oportunidades de trabajo para la sobrevivencia. Desde luego, queda claro que el programa ha resultado ineficiente  por falta de aplicación oportuna y vinculación interinstitucional.

El origen del problema es complejo. Familias enteras emigran de sus municipios de origen, en el sur del país, expulsados por la falta de oportunidades en sus pueblos y la pobreza multidimensional que padecen y que es reconocida por datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas. Viajan a veces hasta 20 horas en camionetas de redilas de tres toneladas. Inseguros, incómodos con niños, bebés, mujeres embarazadas. Estos mexicanos viven en una dinámica que ha institucionalizado la explotación laboral y el trabajo infantil. La rigidez que caracteriza a los gobiernos, ha impedido que, a pesar de saber que este es un fenómeno recurrente, se programaran con tiempo las acciones preventivas y coordinadas. Hoy, de nuevo vemos a los gobiernos llegando tarde, y quedando cortos.

Salvo los empleadores, nadie en las comunidades está contento con el arribo de los jornaleros indígenas, ya que al ser una mano de obra barata, que no reclama derechos de ninguna índole y que permite el trabajo de menores de edad; provoca que los propios habitantes de las comunidades de Guanajuato, sean ignorados a la hora de contratar gente para la cosecha. Es un conflicto saber que cada peso de recurso público dedicado a llevar agua, médicos, medicina, alimentos, maestros bilingües etc., es “levantarle la carreta” al empleador que busca la máxima ganancia sacrificando la inversión en la mano de obra. En teoría, son los empleadores los primeros violadores de los derechos de los jornaleros que contratan. Sin embargo, ante la crisis humana que se presenta, es indispensable la intervención gubernamental.

En los últimos tres años, en Guanajuato se ha incrementado el número de indígenas jornaleros que llegan a trabajar contratados por los dueños o arrendatarios de tierras de cultivo para cosechar especialmente chile y jitomate. Y por lo tanto, han sido cada vez más visibles, las deplorables condiciones en las que están hombres, mujeres y menores de edad. Sus derechos laborales y humanos son violados de forma permanente, y lo más grave, sistemáticamente.

El problema es complejo también, porque la mano de obra infantil reporta ingresos a sus familias. Ingresos que son indispensables para la subsistencia por el infame grado de pobreza en el que se encuentran. Y además, porque debido a la forma de vida cotidiana que provoca esta migración permanente que literalmente los ha convertido en nómadas del siglo XXI, hay una constante degradación en sus hábitos y su desarrollo humano. Viven en hacinamiento con las consecuencias psicológicas que esto conlleva, los niños y niñas no van a la escuela, no cultivan su lengua pero tampoco aprenden español y las relaciones de familia se complican cada vez más con relaciones incestuosas. No acceden a oportunidades porque no están en su comunidad, no tienen vigente su seguro popular porque no están ubicables.

Es profundamente doloroso saber que hace unos días, una niña de 15 años, dio a luz en el suelo sobre cartones en la casucha que rentan, sin más ayuda que una partera empírica de la comunidad que se acercó a darle auxilio, y en presencia de dos niños de menos de tres años que andaban por ahí, casi desnudos. También sus hijos. ¿Desde cuándo perdió esa jovencita la esperanza de una vida más allá que la de ser máquina de parir? De Guanajuato a Jalisco, a Michoacán, y más al norte del país, sólo regresan a sus pueblos para alguna festividad. El año pasado murió también un bebé, murió sin nombre a los dos días de su nacimiento. “No nombre, no ingre” diría su madre.

Para esta temporada, tan sólo en el municipio de León, se calcula que habrán llegado mil jornaleros, más de dos mil en el resto del Estado. Los niños trabajan desde los 7 años. Sus manos, por pequeñas, son convenientes para la pizca porque no maltratan el chile al arrancarlo de la planta.

La realidad es que es absolutamente necesario que el Gobierno Federal, el Estatal y los Municipales intervengan hoy de emergencia, pero como política pública de Estado, es necesario revisar la obligatoriedad de la acción interinstitucional (que hoy no existe como tal) ante la violación de derechos y la inhumana circunstancia que envuelve el fenómeno de los –JORNALEROS-INDÍGENAS-MIGRANTES-. Dicho así, se evidencia la triple vulnerabilidad de su situación. Ya hay un exhorto del Congreso Local a todas las autoridades que pueden y deben intervenir ahora, la pregunta es si el año que entra veremos una vez más acciones de reactivas o seremos capaces de mover las estructuras gubernamentales con oportunidad y pertinencia.