Carlos Salinas de Gortari, candidato presidencial priista en 1988, llegó a la Refinería Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato y se topó con la indiferencia y hasta el rechazo franco de los trabajadores petroleros.

La estampa se reprodujo en cada uno de los feudos de Pemex en el país, a donde aquél acudía a un encuentro de campaña. Los petroleros, se decía, apoyaban al hijo del “tata”, a Cuauhtémoc Cárdenas, no al candidato oficial.

Aun antes de asumir la Presidencia de la República, en enero de 1989, Carlos Salinas hizo encarcelar al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, al que acusaron de homicidio y acopio de armas: “El Quinazo”.

El veredicto de la opinión pública fue, que Salinas intentaba desesperadamente legitimar su elección, consumada tras “la caída del sistema”, ordenada por el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, que dejó en la orilla al candidato de las izquierdas, Cuauhtémoc Cárdenas, y en tercer lugar al abanderado del PAN, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, “Maquío”.

Manual en mano, el régimen de Enrique Peña Nieto ordenó la aprehensión de la profesora, Elba Esther Gordillo, líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, el sindicato más grande de América Latina, quien de inmediato pasó su primera noche en Santa Martha Acatitla.

Como en el caso de Joaquín Hernández, salvo los articulistas en pose, en unos cuantos días, pocos se interesarán por los fundamentos de las acusaciones, como por los alcances de la eventual condena.

A la búsqueda de la legitimidad, ayer y hoy, se suma la voluntad de control de las organizaciones sindicales, antes, el sindicato petrolero, ahora, el sindicato magisterial. Y aquí es donde todavía se habrán de hilar los enormes intereses en juego que alcanzan hasta los últimos rincones del país.

En lo doméstico, primero, el pasmo. Las cabezas de las secciones 13 y 45 del SNTE, en Guanajuato, Juan Elías Chávez y Alejandro Trejo Ávila, simplemente, enmudecieron.

Acá, hay que recordarlo, en la gubernatura, que ganaron y en la presidencia municipal de León, que perdieron, el Partido Acción Nacional fue de la mano con el Partido Nueva Alianza, PANAL, el partido particular de “la maestra”, Elba Esther Gordillo. En ambos casos, éstos obtuvieron diputaciones y regidurías.

Como los dirigentes magisteriales, tanto el diputado local del PANAL, Marco Antonio Miranda Mazcorro, como el dirigente de la franquicia en Guanajuato, Roberto Jiménez del Ángel, se llaman a sorpresa y, a falta de una postura oficial, se excusan de comentario alguno.

En León, el panalista, José Luis Zúñiga Rodríguez, llegó como regidor en la planilla que encabezó el candidato panista, Miguel Ángel Salim. Para él, se trata simple y llanamente de “un ajuste de cuentas”.

Informa, sí, que el consejo nacional del SNTE se encuentra reunido para decidir la posición formal de la organización y anunciar las acciones que consideren pertinentes.

En el terreno partidista, los ecos de la detención de “la maestra” serán, nada más, un poco más estridentes y será lo mismo en todo el país. Los priistas, a echar en cara a los panistas que tuvieron doce años la Presidencia de la República y nada hicieron al reino de Elba Esther.

Y los panistas, como lo adelantó ya el senador Cordero, a atrincherarse en el argumento de que ellos no tuvieron elementos para actuar, además de subrayar la alianza histórica PRI – SNTE.

Por lo pronto, el presidente Enrique Peña Nieto, conforme a lo presupuestado ya hizo monotemáticas las charlas en el país. El manual funciona.

EL TIANGUIS FUNDADORES

Es una mala señal, sin duda, la facilidad que evidencia la administración de la alcaldesa Bárbara Botello, para complicar las aclaraciones hasta de los asuntos menores, en proporción al entramado del gobierno de León.

Es el caso de los vendedores autorizados, primero, y removidos, después, del jardín principal y de la plaza Fundadores.

El fin de semana anterior, de pronto, tanto el frente de la Presidencia Municipal, en la plaza de los Mártires del 2 de Enero, como la plaza de los Fundadores, se convirtieron en tianguis, para la vendimia de artesanías y de productos de la botarga conocida como “doctor simi”.

De entrada, los dos llaman la atención: la feria de artesanías ha ido de la plaza de los Fundadores a la Calzada de los Héroes, una y otra vez. Eso tiene años y a los artesanos los esquilma “el organizador”, con pagos de hasta diez mil pesos por derecho de piso, además de los servicios.

El permiso lo otorga la dirección de Desarrollo Urbano, aunque nadie atina a explicar por qué, dado que existe una dirección de Economía.

El segundo caso del fin de semana, es todavía más digno de atención. Las medicinas del “doctor simi”, no son sino un brazo financiero más de la franquicia de negocios que es el Partido Verde Ecologista de México, el PVEM, propiedad de la familia González Torres.

A ellos, se les autorizó “nada más un fin de semana”, un espacio público para que promocionaran sus productos. Así de fácil.

Lo divertido del asunto empieza cuando se conoce que de todo esto, ni enterado estaba el secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz García, quien semanas antes se había comprometido, casi solemnemente, a poner orden a los negocios ocasionales en el Centro Histórico de la ciudad.

Los comerciantes establecidos, con sobrada razón, pusieron el grito en el cielo, el secretario reaccionó y la alcaldesa Bárbara Botello, tuvo que girar instrucciones. Así llegamos al retiro de los artesanos, de la plaza Fundadores y, claro, la expresión de su inconformidad.

Fueron a dar, oootra vez, a la Calzada de los Héroes porque no vendían artesanías, sino comida y otros productos, según el argumento de la alcaldesa.

Martín Ortiz dice que ahora sí va en serio; que las actividades en el Centro Histórico se tienen que reordenar. A ver.

LA JAULA

Con base en los estudios realizados por el INEGI, la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, Adriana Rodríguez Vizcarra, da a conocer los índices de violencia hacia las mujeres en la entidad, pero ella misma no les cree. . . , aunque acepta que no tiene un solo dato concreto que sustente su descreimiento.

Vizcarra, exdiputada federal y exdirectora fugaz del DIF estatal, refiere que de 1 millón 800 mil mujeres guanajuatenses encuestadas durante el año 2011, el 21 por ciento, aceptó que ha sufrido algún tipo de violencia.

De 2006 al 2011 disminuyó del 34.2 al 21 por ciento, el porcentaje de las mujeres guanajuatenses que han sufrido algún tipo de violencia, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIRE) que realiza el Instituto Nacional de Geografía e Informática, el INEGI.

Ah, pero Adriana dice que “la realidad es otra”.

Ella considera -y sólo considera-, que esas cifras no reflejan la realidad de la violencia contra su género en el estado, porque “la falta de garantías y de una cancha pareja” en asuntos de igualdad de género, pues no permiten que todas las mujeres denuncien la violencia.

Cuando le preguntan por la cifra negra, esa que no aparece en la estadística por falta de denuncia, la funcionaria simplemente dice que eso es muy complicado. A ver, “si no denuncian cómo poder saberlo”. Ah, no, pues sí.

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