De la 44 Reunión Plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, con la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, surgió el acuerdo y la instrucción: habrá mando único de las fuerzas policiales en todas las entidades federativas.

Fue el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien a nombre de los gobernadores expuso la conveniencia de la creación de un mando estatal, que aumente la capacidad de respuesta de las policías municipales ante la delincuencia.

Desde marzo del 2010, la Conago se había pronunciado por la policía estatal con mando único. En la reunión de ayer, estuvo el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez.

El modelo de seguridad pública propuesto por Peña Nieto y secundado por los gobernadores tiene como ejes el Plan Nacional de Prevención del Delito, la reforma de los cuerpos de policía y la subdivisión de la estrategia en cinco regiones.

El objetivo del mando único de la policía estatal es fortalecer la coordinación y la certificación policiales, vía la regionalización y los exámenes de control de confianza.

Pero esta decisión llega justo a mitad de la polémica en Guanajuato, por el número de policías municipales reprobados en los exámenes de control de confianza, señaladamente en los municipios de León, Celaya y San Miguel de Allende.

Así que la reforma tendría que darse previa búsqueda de los consensos con los alcaldes, en respeto a la autonomía de los municipios, porque los Ayuntamientos tendrían que ceder su facultad al Gobierno del Estado, para la unificación.

En el caso de León, los diferendos en los criterios entre el gobierno municipal y las autoridades estatales son públicos. La administración municipal ni siquiera concede credibilidad a los exámenes de control de confianza.

A cambio de su aval para el mando único, la policía en los municipios sería apoyada con más recursos para el equipamiento y con la mejora de los salarios de los municipales, según los gobernadores.

En la Conferencia, los gobernadores coincidieron en que los resortes de la reforma se encuentran en la urgencia de abatir los índices en los delitos de homicidio, secuestro y extorsión, y en la necesidad de mejorar las tareas de inteligencia y la aplicación de operativos conjuntos.

A partir de ya, se estarían barajando los nombres de los posibles candidatos a ocupar la posición de mando único de las fuerzas policiales de Guanajuato.

La lógica más elemental pondría en primer lugar al secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca, aunque su rating de popularidad no es muy alto entre los diputados y algunos alcaldes. A ver qué dice el gobernador… y, en León, la presidenta municipal.

LA ESCALADA DE VIOLENCA

De Salamanca, surge la alerta de esa violencia que parece desdeñada por los mandos de las corporaciones de seguridad, tan absortos en el trajinar del crimen organizado.

La historia de Irán Eunice, víctima de un crimen de odio, no se agota con su muerte. Un segundo homicidio, al padre de su novio -el muchacho que habría ordenado su ejecución- parece anunciar una escalada de violencia con tintes de novela negra.

Irán Eunice, de apenas diecisiete años de edad, embarazada, habría muerto estrangulada por órdenes de su pareja.

El domingo, Sergio Sata Mascota, de 47 años, padre del novio de Irán Eunice, cenaba en un puesto callejero. Un desconocido se acercó a él y lo mató a tiros.

El homicidio ocurrió apenas al trascender públicamente que la Procuraduría de Justicia de Guanajuato no otorgó a la muerte de la muchacha la calificativa de feminicidio.

Esa decisión fue censurada de inmediato por los centros de defensa de los derechos humanos Las Libres y Victoria Díez, organizaciones que denuncian la reticencia de las autoridades estatales a reconocer el fenómeno, al otro extremo de su exigencia de crear un protocolo de investigación para este tipo de crímenes.

A reserva de la dirección que tomen las investigaciones de la Policía Ministerial para esclarecer el segundo homicidio, hasta ahora es permisible inferir que se trataría de una venganza en automático, por la muerte de Eunice, vecina de la comunidad de San Juan de Razos, en Salamanca, y estudiante en una preparatoria privada. Su cuerpo fue arrojado a un canal de riego, en Valle de Santiago.

El fenómeno de los crímenes continuados entre familias enfrentadas en las comunidades del estado no es nuevo. Aquí mismo en León, la violencia protagonizada por familias rivales en Santa Ana del Conde sacudió a la población a lo largo de muchos años, y ahora mismo, se le considera latente.

El caso es que este tipo de violencia no parece ocupar un lugar preponderante en la agenda de los gobernantes y ni siquiera de los mandos de las corporaciones de seguridad en los municipios del estado. Los primeros, ensimismados por el amago del crimen organizado y, los segundos, más preocupados por escurrir el bulto a los exámenes de control de confianza.

La vacilada de los diputados priistas de cambiar un día sí y el otro también su postura respecto al Escudo de los dos mil setecientos millones de pesos retrata de cuerpo entero la insensibilidad de los señores políticos ante la violencia que permea en la convivencia de los ciudadanos.

Eso, por lo que toca al aspecto meramente policial de los hechos.

Desde lo social, ayer, en Abasolo, Gabriela Razo Alejandre, la presidenta del Comité Estatal de Patronatos y Voluntariados -de la Secretaría de Salud del estado-, inició una serie de talleres de capacitación sobre “Violencia en la mujer”.

Por más que sea loable la iniciativa, no califica siquiera como elemento de una estrategia acabada para atender el fenómeno. Esa estrategia, hasta donde sabemos, no existe.

ILDEFONSO Y EL DRAGÓN

En la reunión con los gobernadores de los estados de la República, agrupados en la Conago, el presidente Enrique Peña Nieto designó a doce de sus colaboradores, para que por regiones sean los interlocutores directos de su mandato, con los titulares del Poder Ejecutivo en cada una de las entidades.

Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato comparten como enlace al secretario de Economía federal, Ildefonso Guajardo.

A juzgar por el número de encuentros previos y el tono de la relación del secretario con el gobernador Miguel Márquez y su equipo, así como con el empresariado guanajuatense, se trataría, sin duda, de buenas noticias.

Con el funcionario federal, se reunieron en distintas ocasiones tanto el gobernador Márquez como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Abugáber, para tratar, al menos, dos asuntos de la mayor importancia para el estado.

El primero, la asignación del presupuesto federal 2013 para Guanajuato, asunto que fue salvado en buenos términos para la entidad, y segundo, para discutir la amenaza que representa el proyecto chino del “Dragon Mart”, en Cancún, Quintana Roo, para las industrias guanajuatenses textil y del calzado.

Precisamente del “Dragon Mart”, se ocupó ayer el secretario de Desarrollo Económico, Héctor López Santillana, quien sin rodeos aceptó que afecta directamente la generación de empleos en la entidad.

En sintonía con las denuncias de los empresarios, López Santillana reconoce que sí existe preocupación por la inversión asiática en el proyecto, debido a sus prácticas de comercio y empleo que afectan los sectores productivos.

En sus reuniones con los empresarios, el secretario Ildefonso Guajardo fue muy claro al señalar que el “Dragon Mart” todavía no es una realidad y que, de continuarse, el único camino posible es vigilar su desempeño y obligarles, como a todos, al cumplimiento de la ley. Para cancelarlo, no tienen atribuciones.

En la parte política, el addendum a las responsabilidades de Ildefonso Guajardo se traduce en dar continuidad a los acuerdos que se tomen en el desarrollo de las reuniones de la Conago, por lo que a Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato corresponda.

LA JAULA

Vaya intensidad la que hay en las declaraciones del director de Medio Ambiente del municipio, Fidel García Granados, a propósito de las protestas de los vecinos de León Moderno, por la tala de árboles.

Este servidor público dijo ayer que “ni la ley ni el reglamento obligan a hablar con los vecinos (porque) la evaluación tiene que ser técnica”.

Alguien debería explicarle que los asalariados consultan previamente las decisiones con sus patrones. Y da la casualidad que son los ciudadanos los que pagan su sueldo.

Comentarios y quejas: [email protected] y @FPacomares.

Escuche el noticiero ¡De palabra! en el 95.9 FM de Radiorama, de lunes a viernes, de 7:30 a 9:00 horas.