En la conmemoración número 100 del Día del Ejército Mexicano, ya nadie habló de la “guerra” contra el narco. No se leyeron discursos incendiarios. Se dejó atrás la apología a las armas. El sexenio que tuvo a Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República se percibió lejano.

En las palabras del jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, ni siquiera se hizo referencia alguna a la violencia en el país. Menos a un eventual regreso de la tropa a los cuarteles.

Es más, la ceremonia se corrió al otro extremo. Desayuno, la develación de una placa conmemorativa y una muestra fotográfica. En los portales electrónicos de los medios de comunicación, sin importar su línea editorial, la nota más reiterada: Vicente Fernández le cantó al Ejército. Para sorprenderse, al menos.

En su discurso, Peña Nieto les habló a los militares, de mejorar su nivel de vida, sus prestaciones sociales, las oportunidades de desarrollo profesional, el equipamiento, las instalaciones, comprometió la modernización de las escuelas militares. Le escuchaban los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.

De los soldados caídos en la lucha urbana, de los civiles muertos como “un daño colateral”, de los deudos de ambos, nada en la conmemoración federal.

Su réplica en Guanajuato fue diferente. El gobernador Miguel Márquez pronunció un discurso más actual, terrenal. Honró la memoria de los soldados sacrificados -”en una lucha en que no dan cuartel ni pactan tregua contra el enemigo que daña a nuestra sociedad”-.

El gobernador Márquez presidió la ceremonia por el centenario del Ejército mexicano en la XVI zona militar en Irapuato, acompañado del general de división diplomado de Estado Mayor Jaime Godínez Ruiz. También asistieron, entre otros, el alcalde de Irapuato, Sixto Zetina; la presidenta municipal de León, Bárbara Botello; el presidente del Congreso, Francisco Flores Solano; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Alfonso Fragoso Gutiérrez, y el general de brigada y diplomado de Estado Mayor, Carlos Fernando Luque.

Ahí, dijo que cada mes se reúnen las autoridades estatales, municipales y el Ejército mexicano, para asegurar que Guanajuato siga como una de las cinco entidades más seguras de México.

Sin embargo, mientras que en Nuevo León se confirma la ejecución de un mando policiaco a manos de un francotirador y, con ello, que el crimen organizado no repara en alternativas criminales, aquí se acumulan los pendientes.

En esa categoría, se inscriben el cese o la ratificación de los policías municipales reprobados en los exámenes de control de confianza; la implementación del proyecto Escudo, para la seguridad en los municipios del estado; la definición del titular y la estrategia de la comandancia regional, a la que se asignó a Guanajuato; la selección del mando único de la policía en el estado…

En Celaya, Gustavo Rodríguez Junquera, el procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, declaró que en los últimos cuatro años han disminuido las quejas en contra del Ejército. En el 2009 se recibieron 32; en el 2010 se presentaron 40; en el 2011 se registraron 11, y en el 2012, sólo 4. Algo es algo, pues.

EL OBJETO DE LA TRANSPARENCIA

En el acto de inicio de la Semana de la Transparencia en los 46 municipios del estado, el gobernador Miguel Márquez no se midió: dijo que Guanajuato es un estado líder a nivel nacional en la transparencia y en la rendición de cuentas, gracias a la participación ciudadana.

Y semejante logro se habría conseguido únicamente en cinco meses de ejercicio gubernamental, porque la transparencia y la rendición de cuentas no fueron precisamente los distintivos de la gestión anterior, que tuvo a Juan Manuel Oliva Ramírez como gobernador, salvo un pequeño tramo al final, para el que fue designado gobernador sustituto Héctor López Santillana.

Así que, una de dos: el actual Gobierno del Estado hizo trizas todos los récords en la materia, o al gobernador le acercan estadísticas a las que valdría la pena asomarse. Ayer no las mostraron y no son precisamente esas prendas de Guanajuato las que lucen en los estándares nacionales.

Ni las sucesivas Contraloría estatal y Secretaría de la Gestión Pública (hoy de la Transparencia), el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado (antes Contaduría Mayor de Hacienda), y menos el Instituto de Acceso a la Información Pública, llevan ese currículum en sus alforjas.

A menos que sea un de aquí para adelante, porque Miguel Márquez reiteró que la participación ciudadana en su administración es la base para lograr un Guanajuato honesto. Como diría el clásico, sólo que sea por eso.

Más de 200 consejos trabajan en la conformación del Programa de Gobierno y, en la tesis de Márquez, espera que “todos los servidores públicos apeguen su trabajo a la legalidad, pero también a criterios éticos y de valores”. Hay tiempo para atestiguarlo.

INDÍGENAS Y VENDEDORES

En la ciudad de Guanajuato, la capital del estado, dieron cátedra de cómo la falta de la prudencia más elemental en las expresiones de un funcionario -más allá de la profundidad de las raíces de ese pensamiento en su cabecita (ojo, municipio de León)- se puede convertir en todo un problema de imagen para la administración involucrada.

Es el caso del director de Fiscalización Municipal, Horacio Morales Arriaga. Un periodista le refirió las quejas de las vendedoras indígenas que se decían perseguidas en el centro de la ciudad. Eso, nada más. Pero aquel respondió que se veían mal, que se veían feas. Y emergió el escándalo.

En realidad, la instrucción y la responsabilidad de Morales es hacer cumplir el reglamento correspondiente. Tienen un permiso de ambulantaje, pero no en el centro de Guanajuato. Se les exige respetar las zonas. Eso es lo correcto. Eso era todo lo que tenía que decir y hacer. Pretender impedirles el libre tránsito es un agravio a sus garantías constitucionales. Se aprende en secundaria.

Tuvo que salir al quite, enérgico, su jefe el alcalde Luis Fernando Gutiérrez, para subrayar que no existe ninguna disposición para impedir el libre tránsito de persona o grupo algunos.

El alcalde tuvo el tino de hacerse acompañar en esa rueda de prensa de los regidores de todos los colores. Para el comercio informal seguirá aplicando la normatividad dispuesta para el municipio, sin distinción, con equidad, responsabilidad y respeto, diría el munícipe. Ni siquiera era tan complicado.

Pero bueno, ya sabe usted, aparecieron las organizaciones de la sociedad civil, siempre dispuestas al amparo de los desvalidos, y también intervino la procu de los Derechos Humanos. Está bien. Nunca están de más. El problema es que el problema es de fondo.

A estas alturas del partido, es ingenuo suponer que se trata de comerciantes indígenas que en lo particular adquieren alguna mercancía y después unos cuantos pesos para sobrevivir.

Detrás de ellos, hay toda una industria que los explota. Hay que ver, en León, por ejemplo, las dimensiones de auténticas mueblerías montadas en baldíos, que funcionan incluso como hostales, desde donde se envía a estos comerciantes a la vía pública.

Acabar con esas prácticas es el reto de las autoridades y de los defensores omnipresentes de los derechos humanos. Denunciar para salir en las fotos, bueno, siempre lo han hecho.

LA JAULA

El embajador de los Estados Unidos de América en México, Anthony Wayne, sostuvo una reunión de trabajo con el rector general de la Universidad de Guanajuato, Dr. José Manuel Cabrera Sixto.

El embajador destacó la larga y fructífera relación que ha tenido la UG con universidades estadounidenses como la de Texas en Dallas, la West Virginia University, la Universidad del Sur de Oregón, la Penn State University y la Universidad de Arizona, para desarrollar proyectos de movilidad académica, actividades de extensión y de investigación, de entre las 23 instituciones socias más activas.

Buen dato, para los que luego niegan los alcances de la educación pública. ¿A poco no?

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