A las prisas y en el hermetismo más absoluto, sesionó por primera vez el gabinete de seguridad federal para la región Centro–Occidente, en la que se incluyó al estado de Guanajuato.

La reunión finalmente se realizó en el hangar del gobierno del estado en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, con un horario y ubicación sujetos a la agenda del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El responsable de la seguridad en el país, según el modelo de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pasó la primera parte del día en Acapulco, en reuniones con el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre y con integrantes de los llamados grupos de autodefensa.

Acapulco ha sido sacudido además por la violación a seis ciudadanas españolas y por una emboscada a elementos de la policía estatal preventiva, en la que murieron nueve efectivos.

Sin confirmación de instancia de gobierno alguna, el ejército cercó el aeropuerto desde media mañana. Además del secretario de Gobernación y del anfitrión, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, se confirmó el arribo del secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos; de la Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón; y del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

También se confirmó la presencia del gobernador electo de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. En la reunión habría representación de los gobernadores de Aguascalientes (Carlos Lozano de la Torre) Zacatecas (Miguel Alonso Reyes) Nayarit (Roberto Sandoval), y Colima (Mario Anguiano Moreno).

La plenaria fue convocada para discutir los alcances de la coordinación entre las fuerzas federales y las de los estados incluidos en la región Centro–Occidente. Al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, según su dicho previo, le preocupan las consecuencias de la vecindad con los estados de Michoacán y Jalisco.

Antes del encuentro, el gobernador de Michoacán, el priista Fausto Vallejo, fue muy claro en su posición respecto a la coordinación de los esfuerzos de la federación y los estados vecinos. Pidió que el encuentro no se quedara en los discursos y se pasara de inmediato a las acciones.

Se permitió ironizar que “antes” les decían: ahí van 20 mil soldados, la Marina y la policía federal. Y sí, continuó: llegaban los soldados, la Marina y la policía federal... y los delincuentes se iban de vacaciones.

La alusión no podía ser más directa al “michoacanazo”, con el que inició el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa -originario de esa entidad-, incluso replicado en varias ocasiones y que a la postre no redujo en lo más mínimo los índices de criminalidad en el estado. Más que declaraciones, requerimos acciones, reiteró el gobernador Vallejo.

Los acuerdos de la reunión serían informados más tarde, primero en rueda de prensa y después en comunicado oficial del gobierno de Guanajuato.

TIJUANA EN LEÓN

Jesús Alberto Capella Ibarra, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, tuvo una jornada redonda en León. Primero como “vendedor” de su tesis del trabajo conjunto del gobierno y la clase empresarial, para reducir los índices de inseguridad y, más tarde, en su carácter de motivador de las fuerzas policiales.

Capella se reunió temprano en un desayuno con la alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez y los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León. Pasaron lista de presente, representantes de la Coparmex, la Ciceg, la Cicur, Canirac, Canacintra, Ammje y Cmic.

El objetivo llano del encuentro fue sumar a los agremiados de las distintas cámaras empresariales al programa de descuentos -que tiene el feo nombre de “León Agradecido”-, en las compras comerciales, que se ha comprometido a los uniformados y que pretenden arrancar a finales de este mismo mes.

La conferencia de Capella se tituló “Proceso de Pacificación y Dignificación de la Policía Municipal de Tijuana”, y ahí explicó que la participación coordinada de los sectores social, empresarial y gubernamental, se traduce en la reducción de los índices de criminalidad.

La receta de Capella es simple. Hay que apoyar la economía de las familias de los policías y promover entre la sociedad el reconocimiento al valor del trabajo de los elementos: policías de horario de oficina, no, pero tampoco ordenar en automático la detención del policía que dispara contra un delincuente.

Más tarde, en el María Grever, el jefe de la Policía tijuanense les habló directamente a los efectivos de la policía y tránsito municipales y de Protección Civil. Entonces se deshizo en elogios al liderazgo de la alcaldesa Bárbara Botello y a la mística que, dijo, encontró en la Policía de León, que al parecer es igualita a la que tienen en Tijuana.

Dijo también que los políticos deben aprender a dejar de ver a los policías como un lastre. León, piropeó, tiene la oportunidad de generar “envidias” cuando logre que sus policías no parezcan de México “sino de un país de primer mundo”.

Capella, por supuesto, evitó cualquier alusión a las múltiples denuncias contra la violencia de la policía de León,  o a los doscientos policías reprobados en los exámenes de control de confianza que, contra viento y marea, todavía patrullan la ciudad.

LA JAULA

El exsenador, Ricardo Torres Origel, los diputados federales panistas por Guanajuato; el líder estatal del PAN, Gerardo Trujillo; y hasta el propio gobernador, Miguel Márquez, no tuvieron que ir muy lejos por la respuesta a su demanda al gobierno federal, de cuidar los perfiles de sus delegados en el estado: el priismo designó al líder cenecista Lorenzo Chávez Zavala  como el nuevo jefe regional del Infonavit.

Lorenzo Chávez Zavala, expresidente municipal de Yuriria, forma en el grupo político de Francisco Arroyo Vieyra, actual presidente de la Cámara de Diputados federal, y de quien fue senador suplente de 2006 a 2012. Lorenzo es un líder agrario, no un especialista en créditos inmobiliarios. Ex diputado local y federal, ha sido secretario general en el estado de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos y también delegado nacional de la CNC para el estado de Querétaro.

En 2009, Lorenzo Chávez Zavala fue secuestrado por cinco encapuchados, quienes se lo llevaron de una bodega de su propiedad en la comunidad de Cerano -a 25 kilómetros de la cabecera municipal de Yuriria-, de donde es oriundo y que limita con el estado de Michoacán.

La designación de Lorenzo Chávez Zavala se suma a la del médico leonés, Primo Quiroz Durán, como delegado del ISSSTE. Primo Quiroz es un priista de ésos de “nacencia” y sustituye en el cargo al panista irapuatense Manuel Pérez Sandi Cuen. Como buen médico, lo primero que hizo Primo fue vacunarse: este puesto no es un pago político, atajó.

Bajo el brazo, ya traía el diagnóstico: hay problemas con la funcionalidad de los hospitales, confusión en el área de medicina familiar y de especialidades y desabasto de medicinas.

Primo Quiroz es médico cirujano por la UG, ha sido director del Hospital General Regional y hasta presidente del equipo León.

Antes, el gobierno federal había designado a la exdiputada local Claudia Navarrete, como delegada de la Sedesol en Guanajuato, nombramientos que motivaron la queja de los panistas por su sesgo partidista, según los blanquiazules.

Está claro que los priistas apenas agarran vuelo.

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