Por más intrascendente que sea el voto y la opinión de la diputada perredista Georgina Miranda, al interior del congreso local o en un debate público nacional, vaya que armó revuelo la calificativa de “no normal” que endilgó a los matrimonios entre personas del mismo sexo, que serían legitimados con la eventual aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia que llevó el PRI a la legislatura guanajuatense.

Quienes hayan estado detrás de la manifestación de los membretes útiles para toda ocasión que el jueves pasado, a propósito de nada, se inconformaron por una iniciativa de ley fuera del orden del día, provocaron los resultados exactamente contrarios a los previstos.

Lo que parecía una buena idea como cortina de humo al debate sobre los feminicidios en el estado, terminó por posicionar ese punto como una discusión más amplia sobre los derechos humanos en Guanajuato, en la agenda nacional.

Vamos por partes:

El jueves pasado, a las puertas del Congreso de Guanajuato que sesionaba de manera ordinaria, la “Unión Nacional de Padres de Familia”, similares y conexos, llegaron, dijeron, desde Purísima del Rincón o Salvatierra, para exigir a voz en cuello respeto a la familia, institución amenazada desde su lógica, por la Iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia, que presentó en febrero -y que duerme en el cajón de los asuntos importantes del Congreso-, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en voz de la diputada Érika Arroyo, hija de ya saben quién.

Marcharon, llegaron, gritaron, los recibieron y se marcharon. Todo en orden. Pues no. Desahogado el ritual, lo mejor vino después.

A la señora Georgina Miranda, diputada por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que se asume de izquierda, cualquiera que sea, le salió de lo más profundo de su corazón decir que no, que la sola idea de considerar legal un “matrimonio” entre dos personas del mismo sexo es -hombre, a quién se le ocurre-, a todas luces: “no normal”: “Quién va a ser el papá y quién va a ser la mamá, a ver, no es normal”.

El voluntarismo optimista de Georgina Miranda casi hizo innecesarias las precisiones en las que, en declaraciones y en boletín, se esmeraba la diputada priista Érika Arroyo, las mismas que hizo en el amanecer de la legislatura -más como para arrojar un petate del muerto a los panistas, que corrían como pollo descabezado al quedarse sin su pastor perfilado, Humberto Andrade-, y que reiteró en la presentación formal de la iniciativa, por ahí del 20 de febrero pasado.

La diputada Arroyo explicaba que no, que no se trata de impulsar los matrimonios gais, que la propuesta tiene qué ver con los derechos humanos y las garantías jurídicas de los mexicanos, cuando la perredista le arrebató los micrófonos, los reflectores y la nota. En su vida, Miranda imaginó siquiera ser nota nacional.

Ahora lo es, por una razón muy sencilla: es precisamente el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, en el gobierno de la ciudad de México desde hace ya un par de ayeres, el que ha impulsado, como avanzada de alcances internacionales, estas modificaciones legales. La contradicción es obvia y es escandalosa.

La infortunada diputada, ya sabe usted, provocó todo tipo de reacciones, algunas de verdadero grito en el cielo y otras, las más gentiles, con un tono y un gesto de burla mal disimulados.

Primero, el grito.

La paisana diputada federal perredista Martha Lucía Mícher Camarena, nada más ni nada menos que presidenta de la comisión de Equidad y Género de la cámara baja del Congreso de la Unión, calificó el sentir de su compañera de sector y de partido -no, perdón, esa es una expresión priista-, de su camarada, pues, como “declaraciones homofóbicas y discriminatorias”. La verdad, no es para tanto. Es mera ignorancia.

El caso es que Malú, como le decimos los cuates, hizo público su “disenso” -cuánta cultura, caray-, con la postura pública de su correligionaria, quien para no dejarse apantallar con los cargos, es la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de Guanajuato.

La diputada Georgina Miranda es esposa del tres veces presidente municipal de Valle de Santiago, Fernando Arredondo Franco, muy cercano a Hugo Estefanía Monroy, el presidente estatal del PRD, y en el Congreso “coordina” a sus compañeros diputados, María Guadalupe Torres Rea y José Luis Martínez Bocanegra.

Malú califica como desafortunadas y lamentables las afirmaciones de Georgina y pide encarecidamente que de ninguna manera sean asumidas como la postura oficial del PRD. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ningún momento ha sido acreditada -Georgina, claro-, como vocera oficial de ese instituto político.

Malú Mícher, con una carrera político electoral fincada más en la estridencia que en la reflexión, esta vez oportuna y atinada en la retórica, pasa por alto el meollo del asunto:

Georgina Miranda no hace sino retratar de cuerpo entero a la legión de sedicentes representantes populares o funcionarios públicos municipales, estatales y federales que arriban al cargo con una ignorancia supina, y que se obstinan en hacer pasar por políticas públicas sus taras personales. Ese es el punto, no el candor -por decirlo con propiedad-, de salir a decir lo que dijo la señora Miranda.

Mícher dice que lo expuesto por la diputada revela un profundo desconocimiento de la Declaración de Principios, del Programa de Acción y la Agenda Legislativa del PRD, es cierto.

Así que la exhorta respetuosamente a emitir una disculpa pública, lo que sería conveniente, pero no va a suceder.

Y le recuerda que en su declaración de principios -ahora se entera Georgina-, el PRD se solidariza e identifica con las luchas obreras, campesinas, populares, feministas, de respeto a la diversidad y la igualdad sexual, ambientalistas, estudiantiles, del movimiento indígena y de todas las acciones progresistas en México y el mundo. Aplausos.

Ya luego, en un largo, largo comunicado, Malú Mícher le da a la diputada -ya para esta hora un poquito arrinconada-, y a todos lo que tuvimos que leerlo, una cátedra de derechos humanos y certeza jurídica.

Botón de muestra, “para normar el criterio de la legisladora”: en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró un derecho constitucional que uniones de homosexuales puedan adoptar menores de edad en el Distrito Federal, y de remate le cita al ministro Sergio Valls, en expresiones que ya de plano sería excesivo reproducir.

En su intención de erigirse como elemento distractor, la carta que aventaron de la Ley de Sociedades de Convivencia, fracasó en su intento de sepultar el debate sobre la violencia contra las mujeres, incluido su grado extremo de feminicidios, que priva en el estado de Guanajuato.

En la misma sesión del jueves, la diputada Ma. Guadalupe Torres Rea, del PRD, echó su cuarto a espadas para exponer que en los tres primeros meses de 2013, ya han sido asesinadas 24 mujeres -estadística cortesía del procurador, Carlos Zamarripa-, todo un fenómeno social.

Entonces entró la diputada del PRI, Érika Lorena Arroyo, para decir que en Guanajuato se tienen identificadas seis zonas donde se realiza la trata de personas, también, la trata de blancas, por lo que es necesario legislar en la materia.

Guanajuato sería un punto rojo en el país en materia de trata de personas. La entidad se ubica entre las primeras 10 en que más trata de personas existe. En el 90 por ciento se incluyen menores de edad. Pues sí.

Y por cierto, mañana lunes el Instituto Nacional de las Mujeres dará respuesta a la solicitud de Alerta de Género que tramitó el grupo de “Las Libres”. Si la solicitud es admitida, una comisión especial vendría al estado y en 10 días se declararían las primeras acciones.

Desde la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Sin Violencia en el 2009, ningún estado ha tenido el decreto de Alerta de Género. Cuatro estados la han solicitado: Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca y el Estado de México. Ninguno.

Verónica Cruz, de las Libres, dice que si no se da la Alerta de Género para Guanajuato, “la organización de Las Libres presentará un recurso de amparo o una controversia constitucional para obligar a las legisladoras mujeres, a que reformen la ley para que sea mucho más accesible, pero será hasta el lunes que nos indiquen si procede”.

Discursos aparte, sí sorprende que a estas alturas del partido, los gobiernos estatal, de Miguel Márquez o de León, de Bárbara Botello, sigan negándose a la posibilidad por el viejo argumento priista de los “costos políticos”. En serio, parecen no tener remedio.

Total, si en el improbable caso de que se decrete la Alerta de Género para Guanajuato, éste sería el primer estado en obtener los recursos federales para ocuparse del problema, que no existe, según entendemos.

En vía de mientras, la violencia continúa en nuestra entidad: otros cinco muertos en una semana. ¿Pocos? Guanajuato no era así.

LA JAULA

Contra todo lo que digan sus detractores, que no son pocos, la alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, sigue cosechando recursos para la ciudad, ahora con diputados federales.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, ojo, de la federación, estaban contemplados alrededor de 500 millones de pesos para el programa de pavimentación en León, por lo que la cifra total para 2013 será de 740 millones de pesos.

Los recursos llegarán al estado y posteriormente serán transferidos al municipio, pero de que llegan, llegan.

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