Los diputados de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, hicieron buenos los pronósticos y ayer desecharon la Iniciativa de Ley que presentaron los legisladores verdes para prohibir las corridas de toros en el estado de Guanajuato -Iniciativa de reformas a la Ley para la Protección de los Animales Domésticos en el Estado de Guanajuato, se llamó la intentona-. El documento fue enviado a dormir al archivo.

En la comisión referida, participan Érika Lorena Arroyo Bello, Jorge Arena Elizondo -promotor de la iniciativa y presidente de la Comisión-, Luz Daniel Campos Lango y Francisco Arreola Sánchez.

El argumento formal, en voz del legislador panista Daniel Campos Lango, vocal de la comisión, es que la iniciativa afectaría a un sector económico de la población guanajuatense, que incluye a los ganaderos y a otras personas que viven de la actividad taurina. Por eso se le rechazó. En ese sentido fue el voto de los panistas en la comisión y lo mismo hicieron los priistas.

Previo al rechazo de la iniciativa, a propuesta del PVEM, se habían organizado mesas de discusión en las que participaron ganaderos, toreros, psicólogos y otros especialistas.

Jorge Arena Elizondo, hizo ayer un resumen de lo tratado en las mesas de discusión; llevó y dio lectura a su decálogo en contra de las corridas de toros; y pretendía que se organizara una mesa de trabajo más “para recabar la opinión de la sociedad". Desde su perspectiva, recitó, es preocupante que en las corridas de toros, se pueda observar una apología de la violencia. Lo escucharon todos muy atentos y le dijeron que no.

Daniel Campos le recordaría que la metodología desahogada en el proceso de análisis fue aprobada por todos y que por esta vez, era más que suficiente, así que no.

El panista agregó que ahora los diputados tienen claro que los toros sí sufren durante la lidia, pero que la postura formal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el proyecto de dictamen de la Iniciativa, sería en sentido negativo. Que claro que están a favor de que se respete a los animales…, pero no a costo de afectar a un sector de la economía del estado.

Ya con la filosofía a flor de piel, la diputada priista Érika Lorena Arroyo Bello compartiría que el toro sí sufre antes de su muerte, pero que también en los rastros ocurren tratos inhumanos a los animales, en las peleas de gallos y hasta en los zoológicos.

Peor aún, la eventual prohibición de las corridas de toros provocaría un desequilibrio ecológico, porque entonces este animal tendería hacia la extinción y probablemente quedarían sólo unos cuantos ejemplares para ser expuestos en los zoológicos -tal vez usted no lo crea, pero esa fue su argumentación-.

A la diputada Arroyo todavía le quedó aliento para exponer que con la susodicha prohibición se generarían “posiblemente” corridas de toros clandestinas, y que además las tardes de toros “forman parte de una tradición de casi 600 años en México”. A nombre de su grupo parlamentario, el del PRI, solicitó la elaboración de un proyecto de dictamen en sentido negativo.

Ya sin posibilidades de éxito, el diputado Jorge Arena Elizondo, “por respeto” a sus compañeros, se sumó a su propuesta y agradeció la sensibilidad que, dijo, encontró en ellos y en su apertura para “explorar otras posibilidades”, que pudieran ser materia de una, otra, propuesta legislativa.

Todos contentos, instruyeron a la Secretaría Técnica para que elabore un proyecto de dictamen en sentido negativo. Y fue todo lo que dio el capítulo.

ÉCTOR JAIME ENTRA AL QUITE

A propósito de lo sucedido en Veracruz con los recursos de la Cruzada contra el Hambre, y que enfrentó al líder nacional panista, Gustavo Madero y al presidente Enrique Peña Nieto, acá en Guanajuato, disciplinado, Éctor Jaime Ramírez Barba, el secretario de Desarrollo Social y Humano en el gobierno de Miguel Márquez, lanzó la alerta en el manejo de los fondos federales para combatir la pobreza.

Hasta ahora nadie en el gabinete, ni siquiera el gobernador Márquez, habían hecho un pronunciamiento de condena, al menos para hacer eco a lo denunciado por su dirigente partidista.

-”Lo que apreciamos en Veracruz es un franco delito (…) lo que pasó en Veracruz es francamente inmoral”, resumió Éctor Jaime, casi en el límite del episodio, porque también ayer los dirigentes nacionales del PAN y del PRD -de la mano en la denuncia-, acordaron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reanudar el diálogo dentro el Pacto por México.

De cualquier manera, no está de más el llamado del funcionario estatal, ahora que se confirma en los estados de la República el perfil de operadores electorales que tienen muchos de los recién nombrados delegados federales del régimen priista: “qué bueno que eso nos alerte, no solamente a este gobierno, sino a todos los gobiernos de la República y a todos los ciudadanos”, diría Ramírez Barba.

La Cruzada Contra el Hambre incluye más de 70 programas, y no todos los maneja la Secretaría de Desarrollo Social.

Por lo que respecta a Guanajuato, Éctor Jaime ha dicho que es buena la relación con Claudia Navarrete, la delegada federal y con la propia secretaria, la experredista Rosario Robles.

Así que ahí quedan la voz de alarma de Gustavo Madero y los calificativos que son cortesía del secretario estatal, Ramírez Barba. Sobre aviso no hay engaño.

LA JAULA

En una decisión con cierto tufo a ejercicio de simulación, el Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, negó a los promotores del Dragon Mart la licencia de construcción y arrojó la papa caliente al tribunal al que recurrieron los inversionistas.

El alcalde Julián Ricalde Magaña declaró que se les niega la licencia de construcción, porque el proyecto está “sobredensificado” y no corresponde, ni al que presentaron a la sociedad, ni al que tiene el gobierno estatal.

Así que como Penélope, el gobierno de Benito Juárez, desteje lo que él mismo había bordado con la integración de una comisión revisora que dio su aval al proyecto, que también disponía ya de los permisos ambientales locales y hasta de la venia del INAH.

El propio alcalde sale a reconocer públicamente que ha iniciado una “escalada judicial” para tratar de revertir la negativa de otorgarles los permisos municipales. Lo cierto es que los promotores del Dragon se fueron por esa línea desde el pasado dos de abril, ante la renuencia del municipio a pronunciarse en un sentido o en otro.

Ahora será la autoridad judicial quien decida la suerte de la inversión multimillonaria, de manera que el gobernador de Quintana Roo y el presidente municipal de Benito Juárez, como el personaje aquél, puedan lavarse las manos.

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