En la situación actual, y desde el punto de vista editorial, una de las tareas más productivas es encontrar una veta, entre las “pejefobias” y las “pejefilias” militantes, que permita entender y discutir los temas que van surgiendo a golpe de conferencias mañaneras. Uno de esos temas torales es el del papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en su relación con el gobierno, y, específicamente, en la responsabilidad del Estado de apoyarlas.

Tres motivos podrían explicar la posición de López Obrador frente a las OSC: la primera, es la creciente influencia que algunas asociaciones han adquirido paulatinamente en el ámbito público. La preocupación es legítima: ¿hasta qué punto organizaciones de la sociedad civil que no han sido validadas en su representatividad por medio del voto, deben incidir sobre decisiones que toman los representantes formales del pueblo? El asunto es más trascendental si, en una sociedad muy desigual, los que tienen capacidad de organización son solamente las élites, de tal forma que las asociaciones de estas minorías privilegiadas, pueden utilizar su activismo para incidir en los poderes electos por encima de su representatividad real en la sociedad. De ahí la (curiosa) aseveración del Presidente, de que la mayor parte de las asociaciones civiles “no son de izquierda”. El segundo motivo podría ser la desconfianza en la forma en que se han repartido muchos de los recursos que se otorgan a las asociaciones. Esto se sustenta claramente en un reciente artículo de Saúl Hernández (www.méxico.com): durante el sexenio de Peña Nieto se repartieron más de 8 mil millones a 373 organizaciones. Pero diez de ellas recibieron más de mil setecientos millones de pesos. Salvo la fundación de la UNAM, las otras están ligadas a Salinas Pliego (cuya fundación recibió más de 800 millones de pesos) y a otros empresarios, principalmente ligados al PRI. Y el tercer motivo de su malquerencia a las OSC, es la idea de que el surgimiento de tantas, se debe a un retraimiento del Estado neoliberal, por lo que, en lugar de subsidiar a tantas organizaciones que hacen el trabajo que debería hacer el Estado, lo mejor es utilizar ese dinero para que el gobierno retome su función.

Los tres argumentos tienen un fundamento real, y de nada sirve tratar de desmontarlos desde la supuestas ansias de control de AMLO. Pero, aunque es cierto que en algunos problemas nacionales la presión que ejercen algunas organizaciones puede estar ligada a intereses de clase, y que la pregunta sobre el papel que deben tener estas asociaciones en las grandes decisiones es legítima, a fin de cuentas, las decisiones en nuestro país han sido tomadas, invariablemente, por los legisladores y por el Ejecutivo. Además, muchas de las reformas impulsadas por la sociedad civil organizada posibilitaron, en buena medida, que un presidente como López Obrador llegara al poder. Atacar a todas las organizaciones de la sociedad civil es tirar el agua de la bañera con todo y niño.

Sobre la segunda idea, la corrupción y la falta de claridad que se ha tenido en la repartición de estos apoyos, es difícil no rendirse ante las evidencias. Pero sí es posible oponerse a que, por la prisa del Presidente de acabar de tajo con el problema, se cancele el apoyo a todas las OSC. Otra vez:  tirar el agua de la bañera con todo y todo.

La idea de que las OSC existen porque el estado falla, es, en buena medida, verdadera. Pero ningún gobierno en el mundo puede atender todas las necesidades de la sociedad, y siempre lo hará desde perspectivas diferentes. Las OSC tienen una forma de abordar los problemas, de implementar creativamente soluciones, de sumar recursos voluntarios, que, por su propia lógica, el gobierno no puede tener. Por eso, en países como Holanda, Bélgica, o Irlanda, más del 10% de la población económicamente activa trabaja en organizaciones no lucrativas. En otro rango, países como Alemania, Argentina España, tienen entre el 5 y 6% de su población trabajando en este sector. México no alcanza el 0.5% (Universidad Johns Hopkins). ¿Es necesario que el gobierno destine directamente recursos a las organizaciones? Los países con un socialismo democrático, como Suecia, lo hacen más que ningún otro. En el caso de México, según el estudio de esta Universidad, el 85% de los ingresos de las OSC viene del cobro de cuotas (colegiaturas, por ejemplo). Sólo 9% son subsidios gubernamentales y el 6% viene de donativos. Es difícil imaginar un país sin organizaciones que se dediquen a atender a la infancia en situación de calle, a viejitos sin familia, a enfermos terminales. Sin organizaciones de derechos humanos, de defensa de las mujeres, de desarrollo comunitario. Si son de izquierda o no (a la mayoría les tiene sin cuidado esta clasificación), no altera el papel que tienen en la solución de necesidades de la población más vulnerable.

Es verdad que algunas de las mayores asociaciones vinculadas a los grandes grupos de poder han logrado “saludar con sombrero ajeno” canalizando recursos públicos y presentándolos como obras suyas. También es verdad que muchas de las asociaciones más fuertes tienen apoyo de grupos empresariales poderosos. Pero quitar los recursos a las asociaciones pequeñas, es propiciar, justamente, que sobrevivan únicamente las asociaciones que no le gustan al Presidente. Lo que se debe hacer es establecer una política fiscal y de apoyos que propicie el surgimiento y mantenimiento de cada vez más OSC lo que generaría un espectro más amplio y representativo de organizaciones.