Hace una semana nos avisaron los medios que los senadores, encerrados en una madriguera ajena, habían aprobado el dictamen que permite las candidaturas independientes de ciudadanos sin pasar por los partidos políticos. En realidad, hay que hacer unas precisiones respecto a muchas de las notas que circularon por los medios y que no se detenían mucho en el asunto.

En primer lugar, lo que hicieron los senadores fue corregir una metida de pata, porque en agosto del 2012, el Congreso había aprobado ya una reforma que establecía el derecho de los ciudadanos a solicitar el registro como candidatos independientes sin mediar partido político alguno. Pero se les olvidó que en un artículo posterior, el 116, se establecía que en las entidades federativas sólo los partidos políticos podían postular candidatos. Lo único novedoso ahora es que corrigieron esa inconsistencia y ahora, según la Constitución, usted tiene el derecho de postularse para cualquier cargo de elección popular, viva donde viva.

En segundo lugar hay que aclarar que, hasta el momento, lo que acabo de decir no es del todo cierto. Usted no puede postularse porque no han hecho las leyes reglamentarias. Es decir, podría hipotéticamente postularse, pero en la ventanilla del IFE lo van a mandar a freír espárragos. Tanto a nivel federal como a nivel estatal y en el DF, se tendrán que poner las reglas concretas para la participación electoral por esta vía… y eso va a estar muy complicado. Por una lado, es una reforma más que tendrá que conciliarse con las propuestas de reforma en materia electoral que se van a discutir según se estableció en el pacto por México. Y si en la reforma del 2012 se les pasó algo tan obvio como la contradicción entre el artículo 116 y 35, imagínese cómo se va a poner el revoltijo.

Pero el asunto de fondo es cómo hacer para regular estas candidaturas en un régimen que está pensado para fortalecer y dar todas las ventajas a los partidos políticos. El financiamiento que reciben estos institutos es enorme: ¿cómo se va a reglamentar el financiamiento a los candidatos independientes? ¿O no se les va a financiar? ¿O se le va a bajar el financiamiento a todos? (¡Ja!) ¿Cómo se va evitar que sean candidatos de los narcos, o de las televisoras? ¿Qué criterios se establecerán para su registro? ¿Cuántos adherentes se les pedirán para poderse postular para evitar una lluvia de candidatos que son postulados por su mamá y sus hermanos? ¿Cómo se les va a fiscalizar o se evitará que se conviertan en negocios personales o formas de financiar por vías encubiertas a los mismos partidos políticos?

Las candidaturas independientes no pretenden suplantar el trabajo de los partidos, pero como dice la minuta de los senadores: “Para que los partidos políticos cumplan con las funciones y propósitos que la Carta Magna les señala, no basta la competencia entre ellos, ni la vigilancia de las autoridades electorales. Es necesario que los propios ciudadanos cuenten con la posibilidad de exigir a los partidos democracia interna, transparencia y rendición de cuentas, y que esa exigencia cuente con el medio idóneo para, en su caso, competir con ellos sin necesidad de pasar por sus filas o acudir a su registro legal”. Es decir, se trata de añadir un elemento nuevo de competencia que puede presionar a una mejor calidad en los procesos de elección de los mismos partidos. Pero la historia en otros países ha demostrado que puede haber candidatos independientes tan nefastos como los peores presidentes que hemos tenido. Candidatos carismáticos –populistas o fascistas– podrían aprovechar esta vía si cuentan con apoyos suficientes o aprovechan el descontento generalizado con los partidos.

Nos podemos equivocar, igual que nos hemos equivocado con la mediación de los partidos, pero al final el experimento puede traer más beneficios que perjuicios. A nivel del Ejecutivo nacional es más difícil que un candidato logre construir la infraestructura que se requiere, en un país tan grande, para competir contra los partidos. Pero es probable que a nivel municipal o distrital podamos ver más candidatos que puedan aprovechar la cercanía con sus conciudadanos para lanzarse con probabilidades de éxito.

La legislación secundaria que se establezca deberá encontrar un justo medio. No puede ser tan laxa que maximice los peligros que conllevan las candidaturas independientes. Pero si se establecen normas muy rígidas, las candidaturas podrán ser letra muerta. Un ejemplo es la iniciativa popular: su reglamentación es tan exigente y absurda para los ciudadanos que quieran proponer una iniciativa, que resulta mucho más fácil presionar a un diputado para que la apadrine (o como hace el duopolio televisivo: comprar sus propios diputados)

Cuando la nota principal de la semana era la imagen de los senadores acorralados por los maestros, vale la pena resaltar este dictamen, que da un pasito más, chiquito, despacito, en la aprobación de las candidaturas independientes, que más allá de lo que se pueda evaluar sobre su eficacia, es un derecho humano, un derecho ciudadano.