Co-gobernar
Hablar de participación ciudadana está de moda. Es políticamente correcto hacer alguna mención del tema, aunque sea de pasada, en cualquier discurso. El problema es que no siempre se está queriendo decir lo mismo, ni quienes invitan a esa participación esperan lo mismo de los ciudadanos y ciudadanas. De entrada, el concepto se hace farragoso por la definición misma de ciudadanía: ¿qué entendemos por ciudadano? ¿No son ciudadanos también los funcionarios públicos? ¿Y los miembros de los partidos políticos? ¿Dónde pintamos la rayita?
Pero además se esperan cosas diferentes de ese desdibujado ciudadano, dependiendo de la idea de democracia de la que se parte. Parémonos en el extremo de una democracia sólo procedimental y representativa, es decir, en una idea de democracia que, respetuosa de la especialización en el trabajo, postula que la función esencial del ciudadano es elegir a los que lo deberán gobernar. Y después cada quien para su casa, o mejor dicho, para las ocupaciones para las que se supone cada quien es experto: el político a gobernar y el ciudadano a producir o lo que sea. Lo que quiere el ciudadano, en este modelo, es elegir bien quién lo gobierne. Desde esta postura, el buen ciudadano, el ciudadano y ciudadana participativos, son quienes responsablemente razonan su voto y que cumplen además con las tareas que les atañen en su ámbito particular: trabajan, son honrados, quieren a su familia, barren su banqueta y ayudan a cruzar la calle a las viejitas.
Parados en otro paradigma, en el de la democracia participativa, el ciudadano y la ciudadana no son sólo quienes eligen quién los gobierne, sino co-gobernantes. La idea es que las decisiones de carácter público; algunas tareas de la administración pública; la propuesta de políticas públicas; y en general todo tipo de acciones que tienen incidencia en lo público; se hagan con la participación de personas que no están dedicadas profesionalmente a la política ni son parte del aparato gubernamental. Esta forma de democracia no se opone sino que complementa la democracia simplemente electiva y representativa.
El problema es que una democracia de este tipo, requiere de dos ingredientes más difíciles de conseguir en el México actual que el uranio enriquecido: ciudadanos y ciudadanas dispuestos a entrarle al quite y gobiernos dispuestos a ceder espacios de poder. En el primer modelo de democracia, la representativa, las tareas para los ciudadanos son más sencillas, y para el Estado, si el ciudadano es bueno, será dócil y colaborativo; ni respondón, ni mandón. Una especie de matrimonio de conveniencia, en el que se llevan bien porque se ven muy poco. El otro modelo de democracia exige mucho más al ciudadano, pero sobre todo, implica un cambio de paradigma para quien gobierna. Como ocurren las cosas actualmente, el camino al poder es una lucha a muerte, los partidos se dan hasta con la cubeta para ocupar la silla imperial, el lugar privilegiado de mando. Tienen tres o seis años para arreglar el mundo y lo menos que quieren es empezar a hacer concesiones o repartir su poder – tan duramente conquistado – con advenedizos.
Otra distinción que se puede hacer tiene que ver con la fuente que origina la participación. Hay formas de intervención ciudadana que surgen por iniciativa de los mismos ciudadanos que toman lo que les corresponde por derecho, constituyendo grupos y organizaciones que cumplen funciones de auditoría (observatorios) o de presión para impulsar políticas públicas; grupos de defensa de derechos específicos; o grupos que atienden problemáticas que el estado debiera atender pero no lo hace o la hace de manera deficiente. En Guanajuato tenemos muchas de estas organizaciones, pero tenemos necesidad de muchas más.
Hay otras formas de participación que surgen desde el gobierno: espacios que se establecen para la participación, formales e institucionales. Tal es el caso de los Consejos Ciudadanos, sean estos directivos o consultivos. En ese caso, tanto en León como en Guanajuato tenemos muchas opciones de participación, si bien tenemos que hacer que éstas funcionen correctamente. En repetidas ocasiones Propuesta Cívica Guanajuato ha enfatizado la necesidad de mejorar las formas en que estos organismos se constituyen para garantizar que tengan representatividad, que sean transparentes y que no sean sólo simulación. Falta mucho por avanzar en este sentido, en buena medida por la ausencia de los requisitos que anotaba líneas arriba: gobiernos verdaderamente convencidos que estén dispuestos a ceder parte de su poder y ciudadanos y ciudadanas dispuestos a entrarle.
Nos ha tocado acompañar en los últimos meses un proceso interesante: la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato (PAOT) será, hasta donde sabemos, la única instancia de esta naturaleza que establezca un Consejo Directivo ciudadanizado, además de otras estructuras municipales y regionales que también incorporarán la participación social. La convocatoria para integrar el Consejo Estatal ya se ha hecho pública (http://www.paotgto.gob.mx/). A la decisión de ciudadanizar un organismo como la PAOT le ha seguido la intención de hacer lo más transparente posible el proceso de constitución del consejo y de los demás órganos ciudadanos que se estructurarán. Es un espacio más que se abre. Por nuestra justificada desesperanza aprendida, es probable que algunos ciudadanos y ciudadanas que cubren el perfil para participar en este Consejo de alto nivel, respondan desde el escepticismo o la indolencia. Optimista irredento, creo que vale la pena intentarlo y aprovechar otra opción para co-gobernar.