La tersura y aparente conformidad que se vivió en las primeras dos semanas de esta inédita transición, ha ido haciéndose cada vez ríspida por la oposición de unos y el aplauso incondicional de otros ante la incontinencia verbal, no sólo del presidente electo, sino de sus “funcionarios electos”, que anuncian con demasiada facilidad propuestas y proyectos. Por la naturaleza de los anuncios, muchos apenas ideas en gestación, éstos han sido acogidos con no poco escepticismo, oposición y a veces hasta con burlas. Tal es el caso de las propuestas que hablan de la necesaria austeridad y de la moderación de los altos salarios y condiciones laborales de privilegio de los funcionarios de alto nivel. Las reacciones ante tal propuesta van desde la oposición razonada, hasta la chunga, como el juego con el tema de los “Tupperware” de los diputados. La broma no es inocente, porque busca, y logra a veces, ridiculizar unas medidas que deben tomarse con bastante seriedad.

¿Es realmente un tema importante la reducción de los privilegios de los altos funcionarios públicos?  Más allá de los pesos y centavos y su impacto en el presupuesto (que no es menor, si recordamos que eliminar el seguro de gastos médicos mayores puede ahorrar cifras que alcanzan los miles de millones de pesos) quiero abordar aquí dos aspectos que me parecen fundamentales para apoyar sin restricciones una revisión a la baja –detallada y discriminada– de las percepciones y privilegios en las prestaciones de algunos servidores públicos. Uno de estos aspectos tiene un carácter de justicia elemental, pero también simbólico. El promedio de ingreso de los hogares mexicanos es de $15,500.00 mensuales (INEGI dixit). ¡Las familias en el decil más bajo de ingresos perciben menos de $2,800.00 al mes! En el 10% de las familias con mayores ingresos, hay todavía muchas diferencias. Para entrar a ese selecto grupo hay que ganar cerca de $80,000.00 mensuales. Pero si una familia recibe cada treinta días $160,000.00, está entre el 3% de los que más ganan en el País. La manera más rápida de obtener ese  ascenso, es ganar en el juego de las sillas una curul. Esta desproporción tiene que ver con nuestra inmoral distribución de la riqueza, cierto, pero ¿es justo que un pueblo en el que el 70% de las familias no puede gastar más de $11,500.00, mantenga a una Cámara de 500 Diputados con salarios que los ubican entre los tres centiles más altos de ingreso? ¿No fortalece eso la idea que se tiene de la política como botín?

Debra Satz y Hugo Salas, en el libro "Por qué algunas cosas no deberían estar en venta: Los límites morales del mercado” me ayudan mucho a fundamentar un segundo argumento. Citan un estudio en el que se demostró que “el efecto inicial del uso obligatorio de cinturones de seguridad por parte de los conductores, pero no de los pasajeros, significó un aumento en el número de muertes de los pasajeros. Porque se sentían más seguros, los conductores comenzaron a tomar más riesgos, que influyeron en otros cuyo nivel de riesgo no había cambiado”. La norma que señala que el capitán de un barco debe subir al último a los botes salvavidas, fortalece la seguridad general de los pasajeros, lo que sería diferente si el capitán tuviera siempre asegurado un lugar en el mejor bote salvavidas. Dicen Satz y Salas: “Cuando quienes están a cargo de tomar decisiones públicas pueden contratar para sí soluciones privadas en los ámbitos de la educación, la protección policial e incluso la recolección de residuos, esto puede acarrear consecuencias problemáticas en la provisión pública de estos bienes. En la medida en que esto sea cierto, tal vez el mejor modo de asegurar que se tengan en cuenta los intereses públicos es que tanto el público como quienes están a cargo de tomar las decisiones compartan los mismos intereses."

Si los políticos, gracias a las prestaciones que se auto asignan, no tienen que sufrir el sistema de salud que sufre el 90% de la población porque tienen seguro de gastos médicos; si sus hijos no tienen que vivir la incertidumbre de encontrar sitio en las escuelas de su localidad y aguantarse si el nivel de la misma es deficiente; si para llegar al trabajo no tienen la incertidumbre del tiempo que tendrán que esperar para que un autobús pase por la esquina y, una vez arribado, saber si será posible abordarlo; si no tendrán que ir a vivir a una colonia peligrosa sin un equipo de “guaruras”,  es lícito pensar que, a la hora de aprobar presupuestos, de jerarquizar necesidades, de pensar las urgencias, los funcionarios que viven en la burbuja de cristal que se construyen, tendrán, muy probablemente, menos propensión a aprobar medidas radicales que mejoren estos aspectos de la vida de los ciudadanos de “a pie”. Dicho de otra forma: Si todos los funcionarios de alto nivel y (los patrones de las empresas más grandes) tuvieran que moverse en transporte público, hace tiempo que nuestro sistema de movilidad sería más eficiente.

La propuesta de austeridad no es un asunto de pesos y centavos: es una llamada para tratar de rescatar una parte de nuestra maltrecha y vapuleada democracia, que tiene que ver con la eficacia y la dignidad de nuestra clase política.