Es una práctica común en nuestras legislaturas, cuando se trata de construir normas que auto-regulen a nuestros políticos, el crear leyes farragosas y laberínticas que les ofrezcan fácilmente salidas, o que de plano sean impracticables. Por eso tenemos una nueva reforma electoral después de cada elección. Se piensan las nuevas reglas con base en las “lamentables” transas vividas en la última elección, pero se diseñan pensando de antemano en los atajos que permitirán violarlas otra vez; para que en una nueva legislatura se construyan nuevos diques a esas violaciones, mientras se piensan los salvoconductos para volverlas a violar. Hacer mal las leyes no es producto de la incapacidad (o no solamente) de nuestros legisladores, sino de un cálculo político.

En esta legislatura los priístas y sus aliados estaban contra la pared y sabían que tarde o temprano deberían ceder y aprobar un paquete anticorrupción. Y sabían también (porque si no sabían habría qué preocuparnos más por su incompetencia y su indolencia) que la redacción del artículo 32 de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos era un galimatías imposible de llevar a cabo. La redacción como quedó, dice que estarán obligadas a presentar las tres declaraciones “las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o contraten bajo cualquier modalidad con entes públicos además de aquéllas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales que tengan tratos con el gobierno”. O sea, millones de mexicanos y mexicanas que reciban dinero de programas sociales, becas, asociaciones civiles y todos sus empleados, y cualquier tipo de empresa y sus asociados, empleados etc. Un artículo impracticable que logrará, por lo pronto, que la Ley no se aplique, que se tenga qué discutir de nuevo y se vaya pateando el bote para adelante.

El gobierno ya cuenta con un sistema de información suficiente sobre los ciudadanos: sus declaraciones fiscales. Y, ciertamente, se debe incluir a los particulares y personas morales en las sanciones que se impongan a los servidores públicos que violen la ley en contubernio con éstas. Pero el artículo 32 buscaba, además de una revancha contra quienes ubica como gestores de la propuesta 3de3, hacerla inviable.

El otro punto en conflicto tiene qué ver con la declaración patrimonial, que queda protegida bajo la niebla de ambigüedades, al establecer que no se harán públicos los datos que puedan afectar “la vida privada”. ¿Qué es vida privada? ¿Que sepamos que Romero Deschamps pasa sus vacaciones (parte de su vida privada, desde luego) en un lujoso yate? ¿Que la esposa de Peña Nieto reciba como regalo una casita un poco más grande que las del Infonavit? ¿Es vida privada inquirir sobre las compras de la Maestra Elba Esther? ¿Sobre las transacciones privadas de Duarte? Por un lado es ambiguo, y por otro, dan la facultad de proponer los formatos para la declaración a un comité técnico que a su vez lo enviará a un comité directivo... ¿Cuándo vamos a saber qué se les va a pedir a nuestros funcionarios? No creo que sea antes de las elecciones del 2018.

Es verdad que las leyes anticorrupción son más que eso, que hay avances. Pero vamos a imaginar que usted está a a cargo de un sistema de conducción de gasolina por tubería, un gasoducto. Y sabe, porque el asunto es conocido, que puede haber pérdidas. Se trata de establecer controles, para saber si efectivamente está perdiéndose parte de esa riqueza. Puede usted idear controles de todo tipo, por ejemplo, pedir que todos los empleados pasen pruebas de confianza. Puede crear un nuevo puesto de vigilante del gasoducto, y que a su vez éste sea vigilado de cerca por otras personas externas a la empresa. Puede poner estaciones de denuncia ciudadana... puede hacer muchas cosas. Pero aquí usted seguramente ya pensó que la forma más obvia es controlar cuánto combustible entra por un lado y cuánto sale por el otro. Si no hay diferencia, no hay pérdida. Si esto se mide por secciones se puede ir identificando cuáles son los puntos críticos. La forma más fácil para detectar si un funcionario público está obteniendo ganancias “inusuales” o “sorprendentes” (les presto estos eufemismos para cuando quieran justificar sus yates y departamentos en la playa) es ver con cuánto entran y con cuánto salen. Si eso les parece invasivo, si no lo quieren hacer porque tienen la peregrina idea de que los extorsionadores y malandros basan sus golpes en un análisis detallado de las declaraciones de los funcionarios y no en la ostentación de sus hijos mirreyes, si las declaraciones pudieran poner al descubierto sus casas chicas y las demás también, dedíquense a otra cosa que no tenga qué ver con el dispendio de nuestros impuestos.

Por eso las declaraciones patrimoniales públicas eran en la propuesta de la Ley 3de3 una parte central, y lo que que quisieron hacer los priístas y sus aliados, en el fondo, fue envenenarla, para que naciera muerta. ¿Tendremos memoria suficiente para acordarnos en el 2018?