Me cuentan que en los países del norte de Europa hay parques naturales en los que se establecen refugios para que los paseantes puedan llegar a dormir o descansar un rato. En esos paradores se pueden encontrar refrigeradores con algunos alimentos sencillos y bebidas. Los paseantes toman lo que quieren y depositan el importe en unas alcancías. El sistema es sencillo y funciona porque la mayor parte de los excursionistas hacen lo que se espera de ellos: pagar lo que consumen. Es barato porque lo único que necesitan, además de la infraestructura, es una persona que regularmente recoja el dinero y vuelva a surtir los albergues.

Puedo imaginar lo que significaría tratar de hacer eso en México. En primer lugar, una vez aprobado el proyecto, tendríamos qué gastar una buena cantidad de recursos en un proceso para licitar los refrigeradores, de forma que pudiéramos garantizar que la compra no fuera más cara que si los trajéramos de Alemania. Eso no asegura que compremos los aparatos más baratos, pues ya tienen un costo real elevado, debido a toda la movilización burocrática antes de poder concretar la compra. Una vez colocados los refrigeradores, hay qué invertir algunos recursos para poderlos anclar al piso y evitar que se los roben con todo el contenido, y reponer alguno que se perdió en el camino y ahora enfría las cocas en la oficina de un funcionario de medio nivel.

Una vez hecho lo anterior, se tiene qué hacer de nuevo una licitación para que los alimentos no se compren a una empresa fantasma que les doble el precio. El intento es bueno, pero las papitas salen más caras que en la tiendita de la esquina. Ahora hay qué contratar a una persona que esté en cada uno de los albergues para despachar el producto, porque si no, el primer viandante se sirve todo en su mochila y no deja ni un quinto. Para contratar a los dependientes hay qué establecer mecanismos negociados con el Sindicato Único de Expendidores de Chocolatines, Papitas, Refrescos y Conexos de la República Mexicana (SUECHPRCRM), para que se garanticen las plazas a los fieles a la dirigencia y los beneficios laborales de rigor. Entre esos beneficios, desde luego, está una gratificación al líder sindical. Ahora hay qué pagar un ejército de burócratas para recabar las firmas y el CURP de cada uno de los excursionistas, y armar carpetas con fotografías y evidencias para poder comprobar que efectivamente los choclolatines y las papitas hayan sido utilizadas para el fin que se destinaron. Después hay qué gastar en una o dos auditorías del programa, para asegurar que todo el aparato de vigilancia haya hecho bien su labor. Al final el programa resulta incosteable; que cada quién lleve sus tortas.

Esto es un ejemplo sencillo de lo que estudios internacionales han demostrado: la corrupción no es sólo un problema de moralidad pública; es uno de los grandes lastres al desarrollo. Es un cáncer que hace inviables a las naciones y corrompe todo el tejido social.

Una de las herramientas básicas para el combate a la pobreza y redistribución de los ingresos es la captación de impuestos. La corrupción abre las puertas a la evasión y disminuye la recaudación, además de desalentar el deseo de contribuir. La corrupción desvía además las ayudas sociales, las hace menos eficientes y las anula. Se ha demostrado que en los países en crecimiento la corrupción tiende a pervertir las inversiones para el desarrollo, al preferir los grandes proyectos de infraestructura y tecnológicos (que pueden aportar más ganancias para los involucrados en el negocio) que los proyectos simples y de apoyo directo a las personas que en muchos casos aportan soluciones más efectivas.

La corrupción mina las normas de competencia leal entre las empresas, porque el éxito en las licitaciones y las ventas dependerá en buena medida de los contactos y la disposición a sobornar. La corrupción se alimenta de leyes complicadas que abren puertas especiales y atajos a los que sólo pueden acceder quienes tienen recursos. Los procesos para crear empresas que generen más empleos se hacen burocráticos y se desalienta la inversión privada, nacional y extranjera. Hay estudios de organismos internacionales que demuestra que en los países que tienen mayores índices de corrupción, las empresas dedican mucho más tiempo de sus ejecutivos a tratar con burócratas, lo que encarece todos los procesos.

La corrupción menoscaba, como ha sido evidente en México, la legitimidad del Estado y la convivencia misma entre los ciudadanos. La construcción de una imagen negativa de todas las instituciones públicas es un lastre con el que debe cargar cualquier administración. Es una especie de pecado original que hace que todos los funcionarios partan de números negativos para conquistar la confianza de la ciudadanía.

¿Le podemos poner un precio a todas esas calamidades? 341 mil millones de pesos al año, calcula el Observatorio Económico de “México ¿cómo vamos?”  65 mil millones de dólares anuales, afirman otros especialistas, como María Amparo Casar. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), calcula que la corrupción evita que haya 480 mil empleos al año.  El Centro de Investigaciones para el Desarrollo A.C. (CIDAC) opina que la corrupción evita que seis mil millones de pesos en impuestos dejen de llegar al fisco. Transparencia Mexicana afirma que los “pagos extraoficiales” pueden ir del 14 al 33% anual de los ingresos de los hogares mexicanos.  Las estimaciones de muchos especialistas hacen rondar el efecto de la corrupción entre el 2 y el 10% del producto interno bruto.

Por eso es importante la iniciativa ciudadana de la Ley 3de3. Es prioridad nacional y no todos los políticos parecen entenderlo así. Tenemos qué seguirla empujando desde todas las trincheras, porque una cosa es que la iniciativa entre al Congreso –cosa que ya es inminente– y otra, que la discutan en serio y la aprueben en lo fundamental. Además de seguir recolectando firmas, para mostrar el músculo ciudadano, podemos presionar a nuestras y nuestros legisladores. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Escríbele a tus diputados y senadores y diles que firmen la 3de3, a ver de qué lado están. La corrupción no somos todos; hay qué pintar la rayita.