En León el fenómeno de las viviendas abandonadas es, como en todo el país, grande y complejo. Las personas dejan de pagar las viviendas porque dejaron el trabajo, porque los créditos de INFONAVIT se volvieron impagables o porque los desarrolladores de vivienda no cumplieron con las maravillas que ofrecían al vender. Esas viviendas abandonas son ocupadas frecuentemente por familias que no tienen acceso a la vivienda porque no son “derechohabientes”, concepto aberrante, porque reconoce que en el país hay personas que tienen derecho a la vivienda y la seguridad social y otros que no. En cualquier caso, muchos de los habitantes de esas viviendas no son delincuentes, sino familias a las que, si se les ofrece la posibilidad de adquirir la vivienda formalmente, seguramente lo harán. 

Otros habitantes de esas viviendas abandonadas sí son delincuentes. Son miembros del crimen organizado que cuando ven viviendas no ocupadas las tomas y establecen ahí puntos de venta de droga. Cuando las viviendas están más desvalijadas sirven de refugio a delincuentes menores. Este fenómeno genera condiciones de vida muy difíciles para los vecinos, que frecuentemente tienen que abandonar sus viviendas por hacerse insostenible la convivencia, lo que genera aún más viviendas abandonadas. 

Desde una lógica mercantil, la vivienda es una inversión: se compra, se vende, se hipoteca, se embarga. Esta visión pone en el centro el valor de cambio y no el valor de uso, priorizando la ganancia por encima de la función social de la vivienda. Así, quienes no pueden pagar un crédito —por desempleo, enfermedad o precariedad— son tratados como deudores, no como personas con un derecho vulnerado. No se puede criminalizar a quien ocupa una vivienda abandonada por necesidad, ni se puede aceptar que miles de casas financiadas con recursos públicos permanezcan vacías mientras millones carecen de un lugar digno donde vivir.

La vivienda es más que un bien de mercado. Es una necesidad básica para la vida digna, es un derecho humano fundamental. Y en la situación que vivimos, la recuperación de vivienda es, además, una estrategia fundamental para recuperar la paz en muchos polígonos urbanos. Desde esta perspectiva, es razonable que el INFONAVIT recupere viviendas que no han sido pagadas, sobre todo si han sido abandonadas. 

Reasignar estas viviendas a quienes las habitan de forma irregular, siempre y cuando se compruebe que lo hacen por necesidad y no con fines de lucro o con fines delictivos, no sólo es una respuesta ética, sino también práctica. Permite reducir la vivienda ociosa, prevenir su deterioro, atender la enorme demanda habitacional que no ha sido cubierta por el mercado, y recuperar la convivencia en las colonias.