La portada de la sección de “Policía” de EL HERALDO DE LEÓN en su edición de ayer presentó una imagen del reportero gráfico Miguel Castro, que es de una oportunidad periodística y un realismo social, dignos de recuperarse.

Al centro hay una chica de catorce años de edad, Italia Valeria. Está sentada en el suelo, recargada en la llanta de un vehículo rojo. Desfallece. Tiene los brazos caídos, el izquierdo sobre el muslo. Su pareja sentimental, Miguel, de 17 años, la apuñaló en el abdomen. La rodean cuatro de sus vecinos. Uno le sostiene la cabeza. Otra parece alentarla a no dejarse vencer. Tras el cuerpo de un policía que pierde el tiempo, las manos de una mujer acuclillada oprimen una franela sobre el estómago de la muchacha. Hay sangre en la franela, en los brazos de Valeria, sobre su pantalón der mezclilla y en el suelo. Una mujer mayor, con delantal, sostiene en su mano izquierda uno de los tenis de la chica.

Mientras ella se recupera de su herida en el hospital, se corre el proceso para que Miguel, quien intentó matarla, simplemente vaya al tutelar. Legalmente, es un menor de edad. Hasta esta edición, el de Italia Valeria es el caso público más reciente de violencia contra las mujeres, que se multiplican en Guanajuato y un crucigrama más para las autoridades ministeriales y judiciales –ayer, el titular del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, Fragoso, charlaba tan quitado de la pena con los Rotarios.

Italia Valeria tendrá una segunda oportunidad, como Ana Karen, la joven de San Luis de la Paz violada por dos hombres y que al interponer la denuncia correspondiente, comenzó a hundirse en el pantano de la procuración de justicia de Guanajuato.

Ya la procuraduría estatal de los derechos humanos ha iniciado una investigación oficiosa del caso. Aguardan a que la joven y su madre acudan a ratificar la queja.

Llama poderosísimamente la atención –en aras de no utilizar otra expresión, que en la PEDH difundan que a ellos la agraviada les dijo que “…en el Ministerio Público le dieron la atención adecuada”. Casualmente, la misma expresión que ya había adelantado el procurador de justicia del estado, Carlos Zamarripa.

Por cierto, y solo con el ánimo de dejarle el dato, en unos días le documentaremos, caso por caso, que coincidentemente ahora los agraviados en asuntos del Ministerio Público repiten a los reporteros: “en la ministerial nos dijeron que ya no habláramos con periodistas…”

En el caso de Ana Karen, la procuraduría de los derechos humanos inició su averiguación de oficio, apenas se hizo público el desprecio con el que la agente del Ministerio Público de San Luis de la Paz,  María Virginia Saldívar Luna, trató el caso de Ana Karen al decirle que, como no opuso una resistencia “seria y sostenida”, pues no se configuró el delito de violación, y desestimó la querella.

Ahora resulta, tiene a bien informar, aunque usted no lo crea, la procuraduría de los Derechos Humanos, que es la propia Ana Karen y su familia, quienes exigen a la autoridad que no se informe a los medios de comunicación el estado de su caso, que así quisieron incluso, dejarlo por escrito y firma de por medio.

Semejante “estrategia” -que aplicaron también en el caso de Laura Patricia Vázquez Aguilar, la mujer asesinada por su marido, cuya familia además se llevó a la fuerza a la bebé de ambos, de apenas cinco meses de nacida: “No, ya no queremos hablar con la prensa…”, resuelven ahora- sin embargo, topa en pared en los casos de Lucero Salcedo y Nelly Romero, que los traen de cabeza.

Ahora es doña Isabel Tinoco, la secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno del estado, a quien suben al escenario de conflicto con la oferta de investigar presuntas omisiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, al atender los casos de Lucero Salcedo y Nelly Romero.

Es más, dice doña Tinoco que hace un mes que investiga esas omisiones: lo que analizamos y lo que investigamos es una posible negligencia por parte del servidor público en la aplicación de sus procesos, dice.

Lucero Salcedo recibió una golpiza brutal a manos de un hombre con quien se negó a tener relaciones sexuales y Nelly, una estudiante universitaria de la UG, apareció muerta en la sierra, luego de cuatro días desaparecida, y la familia rechaza de manera tajante la resolución de la procuraduría de que se trata de un caso de suicidio.

Doña Tinoco advierte que las sanciones, en caso de comprobarse omisiones, irían desde la amonestación del o los funcionarios, hasta la inhabilitación para ejercer el cargo. Y ya. En Guanajuato la violencia tiene nombre de mujer.

La Jaula

En la Mesa de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Guanajuato, con la Iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas, ya comenzó a resolverse ese problema. En la mesa…

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