La historia interminable

Ahora hablamos de León, de Guanajuato, de San Luis de la Paz. La violencia física e institucional contra las mujeres en el estado, parece no reconocer límites.

La tesis se confirma al trascender la privación ilegal de la libertad y la violación de las que fue víctima, Karen, una muchacha de 17 años de edad, vecina de San Luis de la Paz, al norte del estado.

Esa, gravísima, sería apenas la primera parte de la pesadilla de la joven; la otra corrió a cargo de la fiscal a la que en mala hora tocó en turno el caso. Se negó proceder contra los atacantes y desechó la comisión de los delitos porque Karen “no opuso resistencia”.

Con la historia de Karen, la violencia contra las mujeres y los feminicidios en su extremo en el estado de Guanajuato, son ya un escándalo nacional, y esto no es especulación, las referencias y las historias se multiplican en todos los medios de comunicación: en las redes sociales, en los portales de Internet, las páginas de los diarios a título de información o artículos de opinión, la radio y la televisión. Desde el gobierno del estado, ya ni las manos meten.

En San Luis de la Paz, el lunes 21 de octubre, Ana Karen y una amiga asistieron primero a una fiesta y después a un bar de donde salieron acompañadas de dos hombres; a Karen la llevaron a dos casas diferentes y la violaron.

Solo hasta el día siguiente, al sentirse mal en su lugar de trabajo, una fábrica de calzado, una enfermera acompañó a Karen al IMSS. Ahí les informó lo sucedido y la trabajadora social la canalizó al Ministerio Público.

Es de difundir la experiencia de Karen ante la representación social. Rindió su declaración y se inició la averiguación previa correspondiente. Actuó entonces la fiscal responsable de la Unidad de Investigación de Delitos Graves, María Victoria Sánchez González. Para ella no existió delito alguno. Según la agente del Ministerio Público, la joven no opuso resistencia así que no se configura delito alguno.

El código penal dice que es incluso violación calificada cuando los agresores son dos o más, pero eso es letra muerta.

Los casos de violencia contra las mujeres se multiplican en estado, las voces que exigen acciones concretas que los frenen también, pero las autoridades siguen inmóviles, su no a la posibilidad de una Alerta de Género, es tajante; mientras, en el resto del país la imagen de la convivencia en nuestra entidad, cae en picada.

Acá en León, la Comisión de Equidad de Género del Ayuntamiento anunció la presentación de una iniciativa de Reforma a los códigos penal y de procedimientos penales del estado que, básicamente, pretende eliminar la audiencia conciliatoria en los casos de  violencia contra las mujeres. Estiman que no tiene sentido alguno.

-“La violencia de género, ya sea de tipo físico, sexual o psicológico, es un hecho que, para vergüenza de todos, sigue manifestándose de manera pertinaz en nuestra sociedad y es un tema que debemos atender con urgencia”, definió la presidenta municipal Bárbara Botello, en la presentación de la propuesta a los medios.

Citó que la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que las entidades federativas se obligan a evitar procesos de conciliación en esos casos por ser inviables en una relación de sometimiento –tan obvia que los ha llevado a esas instancias.

Peor aún, mientras que la propia Ley de Acceso (…) para el Estado de Guanajuato, niega la posibilidad  de los procedimientos conciliatorios con el agresor, la legislación penal en Guanajuato sí los considera. La alcaldesa de León es abogada, fue diputada y tiene una trayectoria en la lucha de género.

“Ni un paso atrás…”, dice Bárbara, en el camino hacia una nueva cultura de respeto a la integridad de las mujeres y sus familias. Con la alcaldesa estuvieron la regidora Beatriz Manrique, presidenta de la Comisión de Equidad y Género; la regidora Verónica García, el regidor Miguel Ángel Balderas Fernández y el síndico Luis Fernando Gómez.

Eso por lo que toca al gobierno de León. En el del estado, concretamente en la Procuraduría de Justicia, llevaron a especialistas de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos a ilustrar al personal en la manera correcta de abordar los casos de violencia de género.

La Subprocuradora de Atención Integral Especializada, Zucé Hernández asegura que la charla permitirá a los servidores públicos: “apegarse a los criterios de oportunidad, calidez, confidencialidad, honestidad y respeto a la dignidad de las usuarias involucradas en una situación de violencia…”.

El conferencista Luis Alberto Estrella, participante en más de 60 foros, con maestría en Derechos Humanos y diplomado en derechos humanos y políticas públicas, sostuvo que “la violencia contra las mujeres representa una violación a los derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática”. Lo hemos dicho en otras ocasiones: pues sí.

Todos son Pizarro

A media semana, a mitad de la tormenta de declaraciones a favor de un relevo en la Secretaría de Seguridad Pública municipal, la alcaldesa Bárbara Botello, fue muy clara al afirmar que el nombramiento del general Miguel Pizarro Arzate, al frente de esa instancia, había sido a recomendación, nada menos, que del secretario de seguridad pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca, del procurador de justicia del estado, Carlos Zamarripa y del mismísimo gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez. Que ella había consultado, pues.

En cualquier sociedad medianamente democrática, las expresiones de la presidenta municipal de León, habrían redundado en una pregunta cerrada con un monosílabo como única respuesta posible: ¿Sí o no, recomendó usted al general Pizarro? Pero, bueno, por eso advertimos que en una sociedad medianamente democrática. Aquí, no.

Primero, el gobernador del estado, Miguel Márquez, se dijo respetuoso de los leoneses y de las decisiones municipales y, así como no queriendo la cosa, le sugirió a la alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez a responsabilizarse del nombramiento de sus secretarios.

-“Yo soy responsable de mis secretarios, yo los designo”, dijo de plano el gobernador.

Luego, el secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca, quien no suele ser así que digamos muy cauto en sus expresiones, dijo que la seguridad en los municipios es un asunto de resultados, no de avales.

Echó mano del discurso institucional para desmarcarse, Alvar dice que el único compromiso de la secretaría estatal que encabeza, es garantizar la coordinación una vez que los policías de los municipios hayan aprobado las pruebas de control de confianza.

Y aprovechó para clavar una banderilla: en base a los resultados que rindan los funcionarios que encabezan las áreas de seguridad pública… es como se debe determinar su permanencia. ¿Qué tal?

Alvar, quien en los hechos intercambió la posición con el general Pizarro –aunque no de manera directa-, asegura que ellos no se confunden, que trabajan con todos los municipios pero que no entran en el tema político.

Carlos Zamarripa, el procurador de justicia, prefirió no entrar en la polémica.

Son, por supuesto, muy respetables los argumentos del gobernador, de Alvar y de Zamarripa, los escuchamos y los difundimos, nada más que no contestaron: ¿Sí o no, recomendaron al general Pizarro?

Más de lo mismo

Lo que faltaba, si es que faltaba: Rosario –“no te preocupes”- Robles Berlanga, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, denuncia ahora un desfalco por 50 millones de pesos que se habría cometido durante la administración de Felipe Calderón, en un programa para reconstruir viviendas que no se edificaron en el municipio de Ometepec, Guerrero. Algo así como robar a los más pobres.

El desfalco habría tenido lugar durante la gestión del panista Heriberto Félix Guerra, quien en alguna ocasión incluso se soñó presidenciable.

De acuerdo con Rosario, el Presidente Enrique Peña Nieto ordenó llevar a sus últimas consecuencias el proceso penal contra las constructoras que incumplieron la reconstrucción de las viviendas afectadas.

Apenas daban vuelta a la esquina los panistas luego de su derrota en la elección presidencial, comenzaron a brotar los escándalos de corrupción en sus dos sexenio y a juzgar por éste, que es el más reciente –sin considerar las peripecias de Lillian de la Concha, la ex de Fox-, la cadena es muy larga, qué se le va a hacer.

La rebelión de las enfermeras

El viernes, con un atento boletín de prensa, la secretaría de salud del estado, a cargo del médico Francisco Ortiz Aldana, intentó maquillar la insurrección de las enfermeras del Hospital General Regional de León por la designación de su nueva jefa.

Reza el comunicado de marras: “La mañana de este viernes, Ma. Dolores Segoviano Valtierra Maestra en Administración de Instituciones de Salud fue presentada oficialmente como la directriz de 571 enfermeras entre regularizadas, de Seguro Popular, con plaza estatal y federal en dicha unidad médica (El HGR de León).

Elogios: Ma. Dolores Segoviano, “ya había ocupado la titularidad como Jefa de Enfermera; un año antes también había asumido la misma responsabilidad en el Hospital de Zoquipan Jalisco, lo que garantiza basta (súper Sic, pero en serio, así está escrito) experiencia en el cargo.

Enseguida, el curioso boletín tiene un párrafo inquietante: Ma. Dolores Segoviano se desempeñaba “hasta las primeras horas de este viernes” a cargo de la jefatura de servicios de pediatría del Hospital General de León. A ver, a ver, ¿Su nombramiento se decidió de madrugada? Con razón.

Ahí tiene usted que las enfermeras se fueron al paro, momentáneo, pero, paro. Doña Dolores ya fue su jefa y no la quieren de regreso.

Por de pronto, el secretario resolvió el brote, pero queda ahí queda latente; de la combatividad del personal de HGR de León, abundan las historias y el del viernes seguro solo será un episodio de la más reciente. Habrá que estar pendientes.

Contralores

El viernes se realizó en León la Segunda Reunión de Contralores de la Región Centro-Occidente, con representantes de las contralorías de Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Colima,  Jalisco y Nayarit, que analizaron prácticas gubernamentales, mejora regulatoria y modernización administrativa.

Por lo que respecta a los contralores de Guanajuato, son la última generación de Contralores – Opositores. Con la más reciente reforma de Ley, sus sucesores saldrán de una terna propuesta por el alcalde correspondiente y no por la primera minoría en el Ayuntamiento, como sucedió hasta sus casos.

El gobernador Miguel Márquez les dijo ahí que Guanajuato es de las entidades federativas con mejores prácticas en materia de simplificación administrativa y contraloría social..

Que Guanajuato, ha exportado mejores prácticas a nivel nacional, que se pueden consultar en el portal de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación

Pero no solo en Guanajuato se hacen cosas, el gober reconoció al estado de Colima, por la integración de tecnología como cajeros automáticos para el pagos de placas y trámites de actas de nacimiento, sistema que se podría aprovechar sobre todo para la atención de migrantes en Estados Unidos. Ahí está la idea.

Comentarios y quejas: [email protected] y @FPacomares