El reportero Martín Guardián, nos ofreció ayer en las páginas de “El Heraldo de León”, una estampa desgarradora de la pobreza en la colonia San Juan de Abajo, un lunar vergonzante en el corazón industrial de la ciudad de León.

Martín Guardián, retrata con destreza esa realidad cruda que los burócratas y los políticos se empeñan en barrer bajo la alfombra: en los análisis y en los estudios, hay números; en la periferia, seres humanos que viven en la miseria.

Ahora sabemos de la vida de Ignacia Escobedo, de más de 50 y de su hermano de 64 años de edad, hacinados en un cuarto, sin drenaje, sin electricidad, sin agua potable, sin empleo, sin dinero para…

Son las personas que engrosan las listas del Coneval, pero que están al margen de los padrones de la Sedesol y su Cruzada contra el Hambre -de los que ni siquiera saben qué son-.

En León, San Juan de Abajo se encuentra exactamente al otro extremo territorial y de los afanes político/clientelares que los panistas y los priistas tienen depositados en la zona de Las Joyas.

Acá no viven miles con credencial de elector. Nadie les ha prometido súper escuelas, ni plazas cívicas, ni hospitales, ni pavimentación, ni transporte, ni vendrá el Instituto Politécnico Nacional.

San Juan de Abajo es una línea perdida en el discurso del gobernador Miguel Márquez, quien dice, paciente, que ya llegará la Cruzada contra el Hambre porque, ahora sí, él mismo nos confirma que ninguna de las municipalidades del estado de Guanajuato se incluyó en las ochenta del país que sí recibirán esos apoyos, este año.

Quedaría la alternativa del Programa Impulso, de cuna estatal, donde hay dinero para obras de infraestructura básica y para recibir a los ciudadanos guanajuatenses con hambre, en Comedores Comunitarios, pero doña Ignacia tampoco sabe qué cosa es eso.

Menos están enterados ella y su hermano, de la más reciente de las gracejadas de los diputados federales y los senadores panistas quienes, desde su Olimpo, se pronunciaron a favor de gravar con el IVA las medicinas y los alimentos.

¡Que todos paguen!, clama desde lo más recóndito de su comodidad y su ignorancia, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el panista José Isabel Trejo.

Los panistas, salen a descubierto para apoyar los mismos argumentos malolientes de los priistas, con los que el 7 por ciento del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, se fue  al 10 y luego al 15, con el IVA; con los que se fijó un precio para la compra del dólar y otro para su venta; con el que manosea todavía el término indexación en los gasolinazos, etc. etc. etc.

Si tan sólo tuvieran que trabajar…

Polis en marcha

Bajo el chaparrón de los números del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, que ilustra el incremento en los índices de robos y homicidios en el estado de Guanajuato, en general, y en el municipio de León, en particular, el gobierno de la ciudad retoma el proceso de liquidación de alrededor de 500 policías preventivos, que fueron reprobados en los exámenes de control de confianza.

En un par de jornadas, otros 42 uniformados fueron notificados de su condición de moradores del limbo entre el servicio en la corporación y la cesantía formal: ya están fuera, nada más falta que les paguen.

Otra vez es Martín Ortiz, el secretario del Ayuntamiento, y no el general Miguel Pizarro, el secretario de Seguridad Pública municipal, quien debe explicar los pormenores del proceso: el laberinto de la separación definitiva, comienza con un intento de acuerdo del monto de la liquidación, a la mesa del Consejo de Honor y Justicia.

Martín, prefiere no hablar de número de reprobados, cifras de liquidación, ni fechas fatales, pero es público que al 28 de octubre, conforme al Sistema Nacional de Seguridad, todos los efectivos rechazados en los exámenes deben haber sido separados y, al menos en el caso de León, esa meta es todavía lejana.

Sin rehuir que ahora es una responsabilidad de la administración municipal, el secretario del Ayuntamiento no pierde la oportunidad de señalar que el procedimiento debió atenderse desde la administración de Ricardo Sheffield, quien les heredó “300 policías reprobados y sin suspensión”.

La alcaldesa Bárbara Botello, coincide con su secretario de Ayuntamiento, al afirmar que cumplirán en tiempo y forma con las exigencias del Sistema Nacional de Seguridad.

Sin embargo, el discurso de ambos cojea cuando sostienen que la seguridad no es afectada por la continua baja de elementos. Eso es de aritmética elemental -las “estrategias” del general Pizarro, la verdad no dan para lo contrario-, y además, las estadísticas de la procuraduría de justicia estatal y las más recientes, del INEGI, no respaldan sus dichos.

El argumento que intenta compensar las bajas con los cadetes graduados, simplemente no alcanza para cuadrar las cifras y, como quiera que sea, en el gobierno de Bárbara Botello prefieren no pedir el apoyo de las fuerzas de seguridad del estado, a cargo de Álvar Cabeza de Vaca. Por algo será.

Con los 42 elementos suspendidos esta semana, suman ya 140 los policías municipales separados de sus cargos, este año. Ahora, hay que pagarles.

Y en ese propósito, el tesorero municipal, Roberto Pesquera, más proclive a los números que a los discursos, pues simplemente adelanta que necesita más lana para pagar las liquidaciones.

Dice Pesquera que tenían un presupuesto de 20 millones de pesos para el pago de las liquidaciones de los policías, pero que ya se agotaron, así que le urgen otros diez millones de pesos. La modificación presupuestal, aprobada por la Comisión de Hacienda, irá al pleno del ayuntamiento la próxima semana.

El municipio necesita, entonces, dinero, y necesita reflejos, porque de alargarse demasiado el trámite de la liquidación de esta tanda de policías cesados, nada raro sería que en breve los tengamos también en las calles, manifestándose como algunos de los que los antecedieron en su suerte.

En esta parte de la ejecución de las normas federales, los Municipios, no sólo el de León, parecen haber sido dejados solos por los otros niveles de gobierno, sin tener en cuenta que la depuración de los cuerpos policiacos es únicamente una pieza en el engranaje de la estrategia de seguridad, y va de la mano con el mando único, el caro proyecto Escudo, el . . .

La Jaula

El estado vecino de Michoacán, no tiene en funciones a su Gobernador electo, no tiene secretario de gobierno, renunciaron su procurador de justicia y  su  secretario de Finanzas, y para esta hora ya se habría ido también, el secretario de Desarrollo Económico.

El aparato administrativo de Michoacán se hunde, a mitad de la crisis de violencia desatada por el narcotráfico.

No son buenas noticias, por supuesto, pero no únicamente para los michoacanos, sino tampoco para los habitantes de los municipios guanajuatenses colindantes con esa entidad, con la que comparten muchas más actividades, de toda índole que, por ejemplo, con los municipios del corredor industrial de nuestro estado.

La crisis institucional inició con la solicitud de licencia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, por motivos de salud, y hoy, Michoacán es el foco de atención del gobierno federal, por sus condiciones de inseguridad.

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