Los empresarios –en realidad tres o cuatro ‘grillos’ camarales- de Guanajuato- no están dispuestos a soltar la chuleta del FIDESSEG que generosamente les dispensó el exgobernador Diego Rodríguez.

La probaron y les gustó.

La semana anterior, los medios difundieron que el Juzgado Noveno de Distrito ‘resolvió’ la reactivación inmediata del Comité Técnico del FIDESSEG con el fin de abrir la despensa a los demandantes –ya sabe, “apoyar proyectos en favor del desarrollo social”.

En tribunales, las partes, el Poder Ejecutivo del estado y los (muy) emprendedores de algunas de las cámaras empresariales de la aldea pelean la extinción –o no- del ‘Fideicomiso para la Infraestructura en Materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública del Estado de Guanajuato’, FIDESSEG.

La nueva embestida del litigio en medios vino desde un comunicado de prensa del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) en el que empujaron que “el juzgado reiteró que la suspensión definitiva tiene como propósito esencial garantizar no sólo la existencia formal del fideicomiso, sino su funcionamiento efectivo”. –Traen ‘bailando’ alrededor de dos mil millones de pesos –esto, por si usted pregunta el motivo.

El juzgado ordenó que se convocara, a la de ya, a una sesión del Comité Técnico del Fidesseg y éste se reactive.

Entrevistada en León, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo les reiteró lo mismito que se niegan a entender…

Que si la autoridad judicial determina que el FIDESSEG debe continuar así será, peeero el Gobierno de Guanajuato tendrá la rectoría, no ellos, particulares a los que nadie eligió para manejar recursos públicos –esto último no lo dijo la gobernadora, pero pues así es, caray.

Se los ha dicho una y otra y otra vez: “el FIDESSEG es un modelo que no es eficiente ni transparente”. Y no lo es porque un grupito de iniciativos privados no tiene por qué decidir en qué se gasta el erario que, casualmente, en el caso que nos ocupa, va a dar a las ‘fundaciones’ suyas o de sus amigotes –los apellidos son públicos y notorios.

Vamos, hasta la jueza reconoció –a según explicó la gobernadora- que se fomenta ahí una concentración de poder de los consejos coordinadores empresariales, en cosas que nomás no les corresponden, pues.

Y otra vez, muy clarito: la gobernadora tiene atribuciones y facultades y las va a ejercer una vez que los tribunales resuelvan. Simple.

Para empezar, se acabó la paridad de votos entre iniciativos y funcionarios en el Comité Técnico del FIDESSEG, para que así sea  el gobierno el que defina el destino de los recursos pú-bli-cos.

De cabeza dura

Pero, a ver.

Allá en enero de 1989, el primer alcalde panista de León, Carlos Medina Plascencia, cautivó al respetable con su apuesta por ‘la participación ciudadana’. Aplausos. Los hombres del dinero, respetabilisimos, sin necesidad de hurgar en el cajón ‘of course’, participarían en consejos consultivos en las dependencias oficiales, ojo: con-sul-ti-vos, para que a todos nos vaya bien -ajá. 

La idea ‘prendió’ y se convirtió en bandera.  Peeero los consejos se multiplicaron; se idearon patronatos y fideicomisos y alguien dijo: ¡Ah, no!, consultivos, no: ¡Di-rec-ti-vos! Dinero público a manos llenas al margen de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos. Y manotas, para que os quiero.

Así llegamos al Fidesseg.

Hay una reacción rabiosa a la modificación decidida por la gobernadora Libia García, para que sea el gobierno quien decida a dónde van esos dineros: ¡Frenan la participación ciudadana!, claman individuos en las cámaras empresariales –algunas-, desde su posición de privilegio. No. No defienden la ‘participación ciudadana’ medinista, defienden sus intereses particulares. Los medios han documentado el saqueo con números, nombres y apellidos. Todo lo demás es una broma a prueba de cualquier noción de escrúpulos.

Lo que ha comprometido la gobernadora no tiene mayor ciencia: que más asociaciones sean beneficiadas por esos recursos. Que eso no se decida en la boda de fulanita. Un dueño de periódicos me dijo alguna vez: “Paco, vamos a los mismos restaurantes y a los mismos bautizos…” No, estos señores no quieren soltar la chuleta.

Otra vez. Una jueza federal reconoce que el fideicomiso, el FIDESSEG, por caso, debe operar bajo principios de interés público. Que su estructura debe asegurar imparcialidad, equilibrio, transparencia. Diez planas de: “es dinero público, y es para el interés colectivo, no para engordar intereses de grupo”.

Hasta donde vamos, la gobernadora García Muñoz Ledo, acató la orden judicial y fue más allá. No será ya el mismo grupito el que decida a dónde destinar el dinero ¿No que nos encanta la pluralidad? ¡Pues, eso! Que sean más voces las que decidan, no las de un solo sector, bastante desmejoradito, por cierto ¿Les incomoda? Claro que sí.  Los números salen de su control. Rendición de cuentas, le llaman.

El asunto casi se pone divertido –que no lo es- cuando los mismos que defienden su muy conveniente toma de decisiones ‘ciudadana’ se encorajinan por la suma de otras Organizaciones de la Sociedad Civil –que no son las del compadre-, y se resisten a compartir el rumbo de los recursos -¿porque hay de ciudadanos a ‘ciudadanos”?

Aquí es donde vamos a esperar la convicción de la gobernadora Libia García –quien diría que para atrás, ni para ‘agarrar vuelo’-: ya basta, ¿no?

(A)La Jaula

Hey, acá.

A ver, no se me distraigan. Esto es serio y grave en Guanajuato. Las exportaciones de vehículos de México hacia Estados Unidos, Canadá y otros países cayeron un 6% de enero a marzo. Algunas marcas pausaron ya sus envíos al mercado estadounidense. Sí, por los aranceles de Donald Trump. Esto lo dice la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). En el primer trimestre de 2025 México exportó 775 mil 866 unidades, 6% menos respecto al mismo periodo de 2024. El 83% fue a EU. Hay cautela en las empresas automotrices. Están en juego muchos, muchísimos empleos. 

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‘X’: TigresDePapel