¿Quién se queda con los presos? es un pleito viejo entre los gobiernos de los estados y el federal, que oscila según el talante de los titulares. Nada más.

Turno para Guanajuato.

El sistema penitenciario del estado aqueja una sobrepoblación del 42%, pero ya se trabaja en la construcción de un Cereso más, con una capacidad para 2 mil 500 reclusos -soltó el secretario de Seguridad estatal Alvar Cabeza de Vaca, a mitad de octubre de 2021.

A renglón seguido, el 26 de noviembre, en visita ‘mañanera’ del Presidente AMLO a Irapuato, el gobernador Diego Rodríguez solicitó su apoyo para aumentar el cupo de los penales, la construcción de uno más o llevarse de acá a los reos federales –Andrés Manuel habría comprometido respaldo a las obras de ampliación y a lo segundo, no tanto a la edificación de uno nuevo.

Las cárceles de Guanajuato –que no ‘Centros de Reinserción Social’- son 10, y están en los municipios de Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato, Pénjamo, Salamanca, San Felipe, San Miguel de Allende, Valle de Santiago y León –además hay un presidio federal en Ocampo.

La capacidad en los 10 reclusorios estatales es para hospedar a 6 mil 43 internos; de acuerdo con el reporte oficial más reciente, están ahí 7 mil 449 procesados o sentenciados, lo que se traduce en un sobrecupo del 23% –no del 42%.

En ‘los piensos’ de Diego Rodríguez sería viable ampliar los reclusorios de León, Valle de Santiago, San Miguel de Allende y Guanajuato capital –salvo mejor opinión de Cabeza de Vaca Appendini-. El gobernador insiste en la construcción de uno nuevo en la agobiada Celaya.

En febrero de este año, el góber reconoció que ya habían sido reubicados unos 350 presos a cárceles Federales en otros estados del país -al menos 4 traslados de reos que estaban en Valle de Santiago, Guanajuato y Celaya.

En realidad, sólo cinco de cada 100 presos en Guanajuato son procesados o han sido sentenciados por delitos federales: 323 de los 7 mil 14 que se reportaban en la segunda mitad de 2021 –esos números constan en el tercer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, son una constante: en 2018, esa población cerró en 316 reos; en 2019 bajó a 261; en 2020 fue de 293; de enero a junio de 2021 había 323 personas procesadas o sentenciadas por cargos federales.

Las criaturas

El sábado anterior, familiares de al menos 40 reos del Cereso de Irapuato se manifestaron en protesta por su traslado fuera de Guanajuato. Exigen que los regresen. Que a ellos ni siquiera les avisaron. Que se los habían llevado a Nayarit y Veracruz, les dijeron.

El lunes estuvieron en la subprocuraduría Irapuato de la Procuraduría panista de los Derechos Humanos en Guanajuato. Esta misma semana, esa instancia habrá de responder qué hace con este asunto.

Los familiares exigen que los internos sean devueltos al Cereso de Irapuato –cosa que difícilmente va a suceder, aunque tampoco sería extraordinario-. No tienen los 5 mil pesos que necesitan para ir y venir de Veracruz, a una visita de media hora -Un poquito de trabajo político y sensibilidad judicial los habría llevado al penal federal en Ocampo, con cupo suficiente –que ya había ofrecido AMLO para retenerlos. Pero no.

-“Se va a poner a disposición del Gobierno del estado el penal de Ocampo. Los espacios que todavía tiene el penal de Ocampo. Al parecer solo tiene ocupado el 50% ese penal federal. Y hay ahora sí que espacios para 2 mil 500 reclusos, entonces ya va a disponer el Gobierno del estado de esos espacios”, dijo entonces el Presidente.

-“Que se acerquen con el centro penitenciario en el que están sus familiares. Es decisión de los jueces regresarlos o no. Por lo pronto ya están en otras prisiones. Muchos eran delitos federales, otros de alta peligrosidad. Pero bueno, es lo que hay”, dijo esta vez, lacónico, el gobernador.

En México, en las cárceles estatales o federales se destinan alrededor de 350 pesos diarios para cubrir alimentación, medicinas y uniformes de cada uno de los reos, la energía eléctrica, combustible, mantenimiento, custodios y actividades –el monto creció más de 100% en una década.

Ahora que la cosa se pone mucho peor cuando uno se entera de lo que cuestan al gobierno federal las ocho cárceles concesionadas hasta el año 2032 -desde la administración de ‘Feli/pillo’ Calderón-. Al cierre, en esos contratos se pagarían 214 mil millones de pesos.

Están concesionados los ceferesos de Durango y Michoacán a Olegario Vázquez Raña; a Carlos Slim, en Chiapas y Morelos; a Tradeco – constructora, en Coahuila; en Sonora y Guanajuato a grupo ICA, y en Oaxaca, a grupo GIA. Hasta el inicio de 2020 libre el 40% de su capacidad, pero el gobierno federal firmó pagar siempre a cupo completo. Ahí cada interno costaría al erario 3 mil 500 pesos diarios -Ah, además, sostiene el costo de los custodios.

Y, a diferencia de la tendencia difundida en Guanajuato, en el gobierno federal, que suele tener otros datos, sostiene que la población penitenciaria en el país va a la baja desde 2015.

A)La Jaula
Soldados

Más de 1 mil 200 elementos del Ejército, otros, llegaron al estado de Guanajuato. Mucha, mucha policía. Las unidades del Ejército Mexicano se suman a la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, las Fuerzas de seguridad Pública del Estado y los gendarmes de las municipalidades. El objetivo, informan en boletín las comandancias de la XII Región Militar y 16/a. Zona Militar, es “coordinarse para lograr la efectividad de las tareas de seguridad, fortalecimiento de la proximidad social y la inhibición de las actividades delictivas”. Genial. Ya nomás nos falta que paren tanto asesinato.
 

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