Tigres de Papel • Fidesseg, a punto del K.O. • Francisco Javier Mares

Al pan, pan…

El Informe General de Resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento financiero practicada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, ASEG, al ‘Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato’ avalado por el Pleno del Congreso local, pegó durísimo en el centro de gravedad de los empresarios incrustados en el inefable Fidesseg.

Eso es lo que retrata el contenido y el tono de su comunicado a la opinión pública y a los medios de comunicación. Desde su vocería que es el Consejo Coordinador Empresarial de León, CCEL, reconocen de manera implícita que ya no tienen enfrente sólo a algún funcionario del Ejecutivo estatal, en declaraciones a la prensa.

El jueves, en la sesión del cerrojazo al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Legislatura 66 del Estado de Guanajuato, los diputados aprobaron los hallazgos de la ASEG en las gavetas del Fidesseg. Números rojos.

Observaciones ‘No solventadas’ por un monto de 214 millones 409 mil 74 pesos.

Los legisladores lo cuentan mejor. El diputado por Morena Carlos Abraham Ramos. En la primera observación, pagos a miembros de Asociaciones Civiles y a sus familiares, por 13 millones de pesos. “Se repartieron entre hijas, parejas, sobrinos y hermanos. ¿Qué sigue? ¿El perro cobrando viáticos? Lo que hicieron con el Fidesseg fue convertirlo en un negocio familiar.” 15 millones de pesos sin comprobar. “No se entregaron comprobantes fiscales ni evidencias documentales. Gastos improcedentes. Pero, para sorpresa de nadie, el dinero sí se entregó”. En 20 proyectos de 17 asociaciones no se comprobaron 12 millones 800 mil pesos. “No hay facturas, no hay informes, no hay estados de cuenta. Nada ¿Y qué hicieron para recuperar ese dinero? Hicieron nada.”

De los resultados de esa auditoría solicitada el 24 de octubre de 2024, el diputado del PVEM, Sergio Contreras: “Desde el principio advertimos que el modelo no era el correcto, porque la intermediación genera conflictos”. En las asociaciones intermediarias, gastos injustificables, como automóviles de lujo, sueldos elevados o adquisición de inmuebles. “Muchos de ellos van a tener que acudir a asesoramiento legal para poder defenderse. Esperamos que sean los menos”.

El Informe de Auditoría de la ASEG, con observaciones que los capitanes de empresa no solventaron desde 2020, documenta lo que advirtieron las denuncias en los medios; adelantaron diputados en la propia Legislatura, y acreditaron las decisiones de cambio en el Ejecutivo estatal: desde su creación en el sexenio del exgobernador Diego Rodríguez, a quien defender ahora es una mala inversión, hicieron del Fidesseg un batidillo.

Al menos en el Salón del Pleno nadie alzó la voz en pro de los hombres del dinero… del Fidesseg.

Yo te lo juro que yo no fui

La tarde del viernes, en su comunicado ‘A los Medios y a la Opinión Pública’, el Consejo Coordinador Empresarial de León, CCEL, “en su carácter de integrante del Comité Técnico del fideicomiso”, ataja que hasta ese momento no habían sido notificados formalmente del contenido del informe derivado de dicha auditoría. 

Así que recurrieron -“esta semana”, dicen- a la justicia federal para acusar una violación al debido proceso, dado que no se garantizó su derecho de audiencia para que pudieran conocer y solventar oportunamente las eventuales observaciones surgidas. Observaciones de 2020 a 2024 que no, no solventaron.

Ello pondría en duda, deslizan, la objetividad del proceso, e interpretarse “como una estrategia dirigida a desprestigiar un modelo que ha demostrado resultados positivos y que cuenta con una estructura colegiada de toma de decisiones.” La condición colegiada del fideicomiso ‘como clavo al rojno vivo’. 

En fin, su buen tino consiguió que –“el pasado miércoles 25 de junio del presente”, es decir, un día antes de que el Informe se dispusiera al aval en el Pleno del Congreso- el juzgado federal décimo segundo les otorgara la suspensión provisional -sobre el contenido de informe de auditoria del que “no han sido notificados formalmente”-, por advertir preliminarmente la violación de los derechos de audiencia previa en perjuicio de quienes pudieran estar señalados. Ayno.

En consecuencia, se refugian, “no estamos en condiciones de emitir una opinión fundada sobre los hallazgos, observaciones o conclusiones del informe presentado, hasta no tener acceso pleno a la información –de la que ya consiguieron una suspensiòn provisional, incluso antes de que el Pleno de los diputados la diera por buena-, respetando los principios de legalidad, equidad y derecho de defensa”.

Perfilan una defensa débil y ajada. Necean en que cada peso asignado a través del Fidesseg contó en todo momento con la aprobación del comité técnico, órgano colegiado en el que participaron representantes del Gobierno del Estado, con voto de calidad, y representantes de los aportantes, además de mecanismos de revisión y transparencia que aseguraran el uso adecuado de los recursos. Hmm. 

Tambaleantes. “Los criterios para la aprobación y asignación de los fondos no fueron discrecionales, preferenciales, ni unilaterales”. Por el contrario, en apego a las normas y reglas de operación establecidas por el gobierno del estado de Guanajuato, “lo que determinaba qué asociaciones recibían recursos y cuáles no.” Muy bien. 

 

 

 

Es más. “Si se llegara a identificar alguna conducta indebida o uso incorrecto de los recursos –la cuenta va en 214 millones de pesitos-, deberá de aplicarse la normatividad correspondiente (…) y evitando, en todo caso, los juicios sumarios y anticipados que vulneren el honor y la labor de quienes han trabajado de manera comprometida y con vocación social en beneficio de los más vulnerables.” No se diga más.

Bueno, un cierre casi desde la lona: “Cualquier intento de uso político, mediático o sesgado de los instrumentos de fiscalización, lejos de fortalecer la confianza ciudadana, debilita la colaboración entre sociedad y gobierno.” Ya qué.

En el Congreso, los Grupos Parlamentarios se apegan al cuadernillo. Una vez aprobado el Informe, corresponde a la ASEG presentar las denuncias, incluso penales, que se consideren pertinentes. Rumbo al episodio final, parece que a la gobernadora Libia García le asiste la razón.

(A)La Jaula

Sueños güajiros

Los diputados de Morena en el Congreso de Guanajuato cerraron el periodo ordinario a punto de dar un campanazo mundial. O no. Presentaron una Iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado. Proponen crear un padrón de periodistas y personas buscadoras. La zanahoria es considerarlos en los programas sociales. Hablemos de los periodistas ¿Un padrón? ¡Órale! España lo intentó muchísimo antes de la irrupción de las Redes Sociales. Toparon con piedra a la hora de la definición. Desistieron. Y es que si entonces fue divertido, ahora lo es más. En la era de los portales digitales y las redes sociales: ¿Quién es periodista? ¿En qué consiste eso de ser periodista? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? ¿Un padrón? A ver. Seguro habrá requisitos de incorporación ¿Quién los decide? ¿Quiénes acreditan y quiénes no? Ah, un gafete y una nómina. No, porque hay ‘freelancers’. Y la muy constitucional libertad de expresión nos hace periodistas a todos. ¿Inscripción abierta? Oiga, eso que llaman ‘influencers’… ¿Son periodistas? ¿Si trabajas en Comunicación social no eres periodista? La comadre Toña que cuenta y opina de todo, todos los días a toda hora en el feis, ¿es una periodista? ¿El diputado Luis Ricardo Ferro Baeza, presentador de la Iniciativa, tendrá una maldita idea del número y perfil de aspirantes al padrón? A lo mejor un examen de admisión. No me pierdo la cobertura de esas mesas. Haga usted de cuenta que como periodista.

Correspondencia: tigresdepapel001@gmail.com

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