Tigres de Papel • No persuade • Francisco Javier Mares

“…’El mejor Fiscal del país’ ni siquiera logra que sus argumentos, números y presuntos logros sean creíbles…”
Tigres de Papel • No persuade • Francisco Javier Mares

‘El mejor Fiscal del país’ ni siquiera logra que sus argumentos, números y presuntos logros sean creíbles en Guanajuato. Carlos Zamarripa Aguirre ya perdió.

Esta vez asistió a ‘una mesa de trabajo’ –ya sabe usted que él no comparece ante una autoridad superior, como es, al menos a la letra de la Constitución, el Congreso del estado-, para conceder a los diputados preguntar y opinar algo respecto a su tercer Informe –en su año trece- de labores.

Por supuesto, de entrada, negó que su informe tenga un espíritu triunfalista –aunque, según sus pareceres:

Se disminuyeron en 93% las recomendaciones de la Procuraduría panista de los Derechos Humanos del estado.

Sus subalternos se reunieron siete veces con representantes de los 14 colectivos de búsqueda de desaparecidos en Guanajuato.

Se han erogado casi seis millones de pesos del fondo de atención a víctimas.

Y desde 2018 desciende la incidencia delictiva: en homicidios, en diciembre el estado concluyó quinto –en 2021 mataron como a mil menos (‘¿Cómo no lo vamos a querer..?’, canta el graderío).

De ‘triunfalismo’, nada.

El diputado Ernesto Millán, de Morena, inquirió al Fiscal sobre el maquillaje al número de delitos y evidenció el aumento de la violencia en Guanajuato, con él de Procurador y luego Fiscal.

Yulma Rocha, del PRI, rasgó el triunfalismo señalado: el 97% de los delitos no se esclarecen.

De Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha lo orilló a aceptar que su Fiscalía tardaría 10 años en desahogar el rezago en las investigaciones.

Casi cinco horas estuvieron así. Pero los diputados no dan para más –no los priistas, meros corifeos de los azules, y no por supuesto los panistas, avispados en ir de una chuleta política en otra.

Ni modo, a Zamarripa tuvieron que preguntarle sobre el expediente de ‘El Diputado Violador’. El fiscal descartó cualquier presión política desde el partido azul en el que no milita, para suavizarle los cargos de ‘violación espuria’ a ‘abusos sexuales’ y ponerlo, feliz, ‘de patitas en la calle’, lejos de la cárcel.

La legisladora Leticia González, de Morena, preguntó al fiscal si se judicializó la acusación de María José, quien también, desde 2017, acusó de violación al susodicho diputado electo. Don Carlos Zamarripa ilustró que el caso ya fue presentado al Poder Judicial –caray, qué bueno es saberlo.

Que pase el licenciao

A diferencia de los diputados, tan cómodos en sus poltronas del Pleno y sobrados en sus haberes, la sociedad organizada sí tiene y busca respuestas a sus preguntas.

‘Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato’ publicó un largo hilo en twitter, ‘Preguntas al Fiscal’, en desahogo gratuito del trabajo que cobran los diputados.

De ahí es esto: 

Que diga qué resultados hay de la investigación por corrupción en el caso de Antonio Lozano González, entonces Jefe de la Unidad de Investigación de Homicidios de la Región “D” de la FGE, procesado por el delito de peculado -vendía automóviles que incautaba.

Las familias de personas desaparecidas denunciaron ante la ONU que se les entregaban los restos de sus familiares en bolsas negras –sin protocolo de restitución digna-. ¿Qué puede decir al respecto?

¿Cuál es el número de cuerpos sin identificar que tiene en su laboratorio y en su panteón forense? ¿Rebasa su capacidad de almacenamiento? -El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos calcula que existen 818 cuerpos sin identificar.

¿Por qué sigue sin informar sobre las fosas clandestinas que los colectivos encuentran? –Hay solicitudes de información que la Fiscalía no ha atendido desde agosto de 2021.

¿Por qué a las víctimas no se les ha permitido conocer su laboratorio forense? ¿Por qué no ha asistido personalmente a las últimas mesas de trabajo con las familias de personas desaparecidas?

¿Por qué descendió Guanajuato en el ranking nacional del índice de impunidad?

Coahuila y Nuevo León están por presentar su Plan de Persecución Penal; ¿qué pasa con Guanajuato, que no cuenta ni siquiera con un diagnóstico y una versión pública de la estrategia programática para combatir la impunidad?

¿Por qué la mitad de los casos en investigación los ‘resuelve’mediante el no ejercicio de la acción penal? 

Según datos de México Evalúa, sólo el 2% de las carpetas llegan a instancia judicial. ¿Así combate la impunidad?

Impunidad es la palabra, es el cáncer…

Guanajuato ‘vende’ a quienes lo quieran comprar, que es ‘el estado en primer lugar en reducción de homicidios dolosos’,y que el índice delictivo descendió en 42%.

Sí, bueno, ‘México Evalúa’ desenmascara en su ‘Índice de impunidad estatal’ que de 2019 a 2020, en Guanajuato la impunidad aumentó más del 10%, al pasar de 74.2 a 85.4 –feo el dato. 

En sus comunicaciones digitales, la Fiscalía de Guanajuato juega a difundir el hashtag: “#NuestraFunciónEsInvestigar”.¿¡Y luego!?

(A) La Jaula 

Periodistas caídos…

El discurso se agotó hace un buen rato. El presidente AMLOno sabe qué hacer para atacar el fenómeno. Otras dos periodistas mexicanas fueron asesinadas, el lunes, ahora en el estado de Veracruz. La directora del portal El Veraz, Yessenia Mollinedo Falconi y la reportera/camarógrafaSheila Johana García Olivera, acribilladas a tiros, en el municipio de Cosoleacaque. Las asesinaron en el pórtico de un OXXO. Ya son 11 los periodistas asesinados en México,nada más en lo que va de 2022. Apenas el 5 de mayo, Luis Enrique Ramírez, director del portal Fuentes Fidedignas y columnista del diario El Debate fue hallado muerto, envuelto en una bolsa de plástico en un camino de terracería en Culiacán, Sinaloa. No importa dónde. Los han matado en: el Puerto de Veracruz; en Tijuana, BC, dos; en Zitácuaro, Michoacán, dos; en Salina Cruz, Oaxaca; en Empalme, Sonora; en Fresnillo, Zacatecas; en Culiacán, Sinaloa, y ahora Yessenia Mollinedo y Johana García, en Cosolecaque, Veracruz. Del año 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 154 asesinatos a periodistas en México. 140 hombres y 14 mujeres. 47 en el mandato de Enrique Peña Nieto y 34 en el que corre, de Andrés Manuel López Obrador. Según la Secretaría de Gobernación, del 1 de diciembre del 2018, toma de posesión de AMLO, al 9 de mayo del 2022, han asesinado a 61. El 90% de los casos, impunes. Como sus antecesores recientes, AMLO no sabe qué hacer. Y urge.


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