De un tiempo acá, al menos desde el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, el góber Diego Rodríguez, está convertido en todo un ministerial.

Así como quien no quiere la cosa, este jueves soltó que unos ocho candidatos electos en el estado tienen nexos con el crimen organizado.

Es la tercera que se avienta en fila.

A horas del crimen del primero de abril en Celaya, sin provocación de por medio, el gobernador dijo que una de las líneas de investigación de la Fiscalía Zamarripa era que el asesinato de Gisela Gaytán se habría fraguado, ordenado y ejecutado desde el interior del partido Morena Guanajuato.

Poca gracia hizo a los guindas que el día que el Congreso local lo exhortó a velar por la integridad de los candidatos, el gobernador haya ‘insinuado’ semejante atrocidad. “Optó por la salida más irresponsable: una entrevista cómoda en la que considera a la militancia de Morena como posible responsable del asesinato”, protestó desde tribuna la diputada Hades Aguilar, a nombre de ese grupo parlamentario.

Eso fue en el inicio de abril. Ya vamos en junio y el mandamás del Ministerio Público apenas presentó a los consabidos ‘presuntos’ y sanseacabó. Peor todavía, acabaron las campañas y pasó la jornada electoral. Conforme a lo programado, la primera gobernadora de Guanajuato será la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, es decir, ya van a correr a don Carlos Zamarripa Aguirre…

Antes, metido en ese brete por su jefe Diego –el de aquí, no aquél-, el fiscal autónomo Zamarripa deberá probar el dicho y presentar a los autores ‘intelectuales’ y materiales. Ya parece. Porque hasta ahora, del móvil, la trama y la identidad de quienes habrían ordenado el homicidio, morenistas o no, nada. Como siempre, pues.

No se le olvide: Carlos Zamarripa Aguirre fue designado Procurador General de Justicia del estado en 2009, en el sexenio de Juan Manuel Oliva. Su relevo Miguel Márquez lo ratificó. Se le erigió en Fiscal General de Guanajuato el 20 de febrero de 2019, ya con Diego Rodríguez, en un cargo a nueve años a partir de ese día. Al término de su encomienda tendría 19 años al frente de la procuración de justicia en la entidad, un caso inédito en el país.

Pero, el gobernador apenas agarraba vuelo.

En la última semana de abril asesinaron a dos paramédicos, también en Celaya, prendieron fuego a su ambulancia con ellos dentro y así, todo muy violento. El gobernador, al inaugurar ANPIC en León, salió a decir que los socorristas tenían ‘ligas’ con el crimen organizado. Que el uso de las ambulancias y las víctimas estarían relacionadas con grupos criminales. Que el fiscal Zamarripa tendría evidencias de ello.

¿Y qué cree? Nada.

Bien, cuando era de considerarse que el capítulo se había cerrado, como las campañas y la elección –corre el proceso en múltiples líneas, no en la que nos ocupa-, el gobernador Rodríguez vuelve a la carga.

Este jueves compartió a los reporteros –raro, en tratándose de seguridad- que, ‘de acuerdo con investigaciones’, al menos ocho candidatos electos en el estado de Guanajuato tienen nexos con el crimen organizado.

Zaz.

Se buscan

Los periodistas preguntaban al gobernador sobre el ataque a un negocio de Saúl Trejo, candidato de Morena electo presidente municipal de Tarimoro. El atentado dejó dos personas muertas, un hombre y una mujer, y tres heridos, uno de ellos un policía municipal que entró al lugar en intento de rescatar a las víctimas.

Entonces nos enteramos.

-“Lamentablemente hoy les tengo que decir que, de acuerdo a la Mesa de Seguridad, hay por lo menos ocho candidatos electos que tienen algún vínculo o relación familiar con el crimen organizado”, escaló el gobernador. “Se los dije antes de las campañas, cuidado con escoger candidatos vinculados a grupos delincuenciales”, había acotado como introducción.

Por supuesto, ‘las pruebas’ serían presentadas ante las instancias federales correspondientes, en tanto se trate de crimen organizado. Afable, el gobernador sacó la vuelta a citar los municipios o distritos, partidos, cargos o género de los involucrados. Se quejó, sí, de que la política local llegue a extremos en los que familiares de candidatos tengan incluso órdenes de aprehensión por delincuencia organizada.

Que seguro sus declaraciones se prestarían a acusaciones de ‘persecución política’, pero defendió que “son situaciones que se deben hablar y enfrentar”. Para el gobernador no hay vuelta de hoja: vía el financiamiento a candidatos y la construcción de bases sociales, se abrió la puerta al crimen organizado -“estos grupos delincuenciales empiezan a proponer candidatos, se infiltran en los partidos, y eso es algo delicado.”

Lo hemos sugerido aquí; no se trata de desmentir al gobernador, habría que ver la película completa para ello. El punto es que en un lapso breve, un par de meses, el jefe del Ejecutivo estatal se permite señalamientos graves que involucran a una candidata asesinada y a su partido político, a dos particulares ejecutados con saña, y ahora a representantes populares a quienes no identifica, presuntamente recién electos, en tres casos que el fiscal, a quien refiere como poseedor de la verdad, deja en el aire. La marca de la casa, dicho sea de paso.  

Diego Rodríguez pide a los diputados entrantes y salientes una reforma electoral con dientes, como serían las pruebas de control de confianza o la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que los partidos atajen las candidaturas presuntamente mafiosas. Si ello es oportuno o procedente ya será cosa de los legisladores, pero bueno sería que el fiscal Carlos Zamarripa, antes de que lo alcance el recorte de personal, aporte al gobernador pruebas que lo rescaten de los meros dichos.

-“Al rato vamos a votar por el partido de un cártel o el partido de otro cártel”, advierte Diego Rodríguez –ojalá y no, aunque en una de esas, ya lo hicimos…

(A)La Jaula

El caldo y las albóndigas

Este jueves, al cuarto para las cuatro, concluyó el cómputo de 170 mil 766 actas de la elección presidencial. El 67.33% del total de los paquetes en los 300 distritos electorales. Con el 100% de las casillas computadas, Claudia Sheinbaum, (Morena, PT y PVEM) obtuvo 35 millones 923 mil 996 votos. El 59.75% de los sufragios (AMLO ganó en 2018 con 30 millones 113 mil 483 votos). Xóchitl Gálvez (PAN, PRI y PRD) se quedó con 16 millones 502 mil 444 votos, un 27.45%. La diferencia en favor de Claudia, triunfadora, y Xóchitl, segundo lugar, fue de 19 millones 421 mil 535 sufragios. Claudia aventajó a Xóchitl con 32.3 puntos porcentuales (Máynez/ Máynez, MC, tuvo 6 millones 204 mil 516 votos, el 10.32%) Pero a Xóchitl le ordenan impugnar. ¿En los tiempos extras, todavía alguien cree que Marko, ‘Alito’ o Claudio X., son capaces de tener una buena idea?

Correspondencia: [email protected]

‘X’: TigresDePapel